A 38 años de los crímenes los carabineros hablan y quedan
libres
Confesiones inéditas vinculan a la CMPC con la masacre de 19
trabajadores en Laja
Juan Pablo Figueroa
en Reportajes de investigación Publicado: 13.01.2012
ue una cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la
Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a
dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los que llevaron al Fundo San
Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías
habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la que también aportó
vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter
Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares, el pacto de
silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto del año
pasado.
“Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2
a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a
los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los
dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy
bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson
Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le
dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el
fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy
alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar.
Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández
Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A
otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos
y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma
arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia,
seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino
de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la
guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar
silencio. Después todo siguió como si nada”.
El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que
quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del
18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días
previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa
localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos
y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del
Puente Perales, en el Fundo San Juan.
la primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche
fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra
los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de
Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez
dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los
prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó
a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos
aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los
carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los
habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de
Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían
entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les
perdieron la pista.
Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo
que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel.
Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando
los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor
denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos
humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía
de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de
fondos. Nunca se investigó.
Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni
quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus
familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980,
Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía
Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines
de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la
justicia.
27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados
Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del
interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de
la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó
sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros
denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se
reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.
CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa
investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de
junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces
comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19
trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del
18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la
ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su
exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la
zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y
cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.
El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja
hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo,
el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había
roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos
compañeros”.
15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO
El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al
mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”.
Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior.
Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco negro y grueso el papel que
indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese día. Buscó su nombre,
pero no aparecía entre los que tenían programado viajar ese sábado 15 de
septiembre de 1973. Entonces comenzó la caminata de vuelta a su hogar en la
Población Quinta Ferroviaria.
-Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los
carabineros, a usted y a Juan Acuña –le dijo su vecino Eusebio Suárez,
preocupado, cuando lo vio llegar.
Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le respondió que su
máquina estaba en la Maestranza, así que no tenía nada que hacer ese día allá.
Además, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior había
llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que
militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de
San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su
RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que
presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente
sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le
dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en
eso, ni siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente en la calle que lo
buscaban, que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había
preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.
Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir
a través de la ventana con su vestón gris a rayas, su pantalón café, sus
zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio como seis o siete
carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus fusiles y lo
apuntaron justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella
no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos,
despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le
dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo. Luego vio
como se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San
Rosendo recién comenzaba.
Como la patrulla que comandaba el teniente Fernández venía
de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo
Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. No había una lista formal
ni órdenes de aprehensión: la orden que vino de la Comisaría de Los Ángeles fue
detener a todos los dirigentes de la Unidad Popular (UP). Si Castillo, que los
conocía, decía que alguno de los vecinos debía ser detenido, de inmediato lo
apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.
Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista
y dirigente del sindicato de Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo
fueron a buscar a su casa una hora después, cuando estaba por sentarse a tomar
once con su familia. La misma patrulla que había llegado a pie desde Laja se
metió a la fuerza y lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al empleado de la
Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Dagoberto Garfias, de 23
años. A él le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su
abuela; Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la
Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).
Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los
esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que
trabajaba en Argentina y que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al
igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros.
De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y
se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al
otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la
patrulla comandada por el teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la
Tenencia de Laja. Una vez arriba del bus, se los llevaron.
11/9/73: LAS PRIMERAS ÓRDENES
Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r)
Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en
declarar ante el Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en Iquique,
donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando el día
siguiente rompió el pacto de silencio que él mismo propuso después de la
ejecución, partió por el principio:
“Estaba en mi domicilio entregado por la CMPC cuando recibí
la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a mediados de
1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de jefe. Tenía
22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial, y apenas supe
del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los
carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y
el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.
“Esa misma mañana recibí la orden por parte de la Jefatura
de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno,
subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de
detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en
buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel.
Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza,
me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como la CMPC
tenía una planta química, los activistas podían tomársela y actuar en nuestra
contra. Esa fue la información que me llegó de inteligencia militar. Uno de
esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la
orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el
personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.
Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la
CMPC formaba parte de la lista de empresas que el gobierno pretendía expropiar.
Por eso, el mismo día del Golpe, una patrulla comandada por Fernández Michell
fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún tiene– en Laja. Eran las 16:00
horas cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su jornada se
encontraron con Fernández, Garcés, Rodríguez y otros miembros de la Tenencia.
Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía en sus manos una lista que el
superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto
Garrido, habían preparado: esos eran los “activistas”.
Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a
golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el
policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear. Después los subieron a
vehículos de la CMPC y se los llevaron al cuartel. Todos ellos fueron derivados
después, en la misma micro de la empresa del Grupo Matte, a Los Ángeles. Entre
ellos estaba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la Papelera y
militante del MIR que se sumó voluntariamente a la reconstitución de escena que
llevó a cabo el ministro Aldana el 18 de agosto del año pasado. Antes de que se
lo llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo
aún formados en la fila: “¡Véanlo por última vez!”, les gritó.
Después de poco más de un año y tres meses en centros de
detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, a Eduardo
Cuevas se le volvió a ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días
siguientes no tuvieron.
13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS
Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el
sargento Pedro Rodríguez Ceballos, fue ir a la Estación de Trenes. En el andén,
Manuel Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran
las 8:00 y en sólo unos minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a
Curacautín, donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a
punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos de sus
familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo subieron al
jeep que la CMPC les había otorgado para que se movilizaran, y se lo llevaron a
la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.
En cosa de minutos le avisaron a su papá, que trabajaba en
las oficinas de Transportes Cóndor. Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara
con Carabineros y gestionara su liberación. Él fue a la Tenencia y habló con el
guardia de turno, pero le dijeron que ya habían registrado su detención en los
libros correspondientes. Después le dirían a su padre que lo habían detenido
porque “militaba con los miristas”. Manuel ya había sido detenido antes,
durante la campaña para las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto
a otros amigos consignas del MIR en Laja. El joven quedó detenido.
El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años,
casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de
la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su
hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue
avisarle apenas llegó, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió
a su casa y le avisó a su madre aún convaleciente del último parto. Tampoco
pudieron hacer nada por sacarlo.
Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas puso
un pie afuera de la planta, Juan de Dios Villarroel fue secuestrado por la
patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de
trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus
propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros de trabajo Jack
Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A
todos los llevaron a la Tenencia, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras
y regidor del Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente después de
oír en una radio local que lo andaban buscando. A él lo dejaron libre al día
siguiente, pero el 15 de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de
sus suegros. Nunca regresó.
El 14 de septiembre, Rodríguez salió de nuevo a las calles
en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a los dos hombres que
se sumaron ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró saliendo de su
trabajo en la planta papelera. Uno era Wilson Muñoz. El otro, Fernando Grandón,
que a sus 34 años ya tenía ocho hijos.
16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA
Muy probablemente, la Tenencia de Laja nunca tuvo tantas
visitas como esos días. Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el
calabozo de aquella construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda
como “dos mediaguas grandes a las que se le habían hecho unos agregados”, había
17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve
que secuestraron en Laja, se había sumado esa tarde el director del Sindicato
Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, que se presentó en la Tenencia de forma
voluntaria.
Desde que comenzaron las detenciones, sus padres, hermanos e
hijos los fueron a visitar con la autorización del oficial a cargo del recinto.
La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a verlo por
primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado, pero sin lesiones. La hija mayor
de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y cuando lo encontró en medio del
grupo, se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor
parte se la llevaron los de San Rosendo. Todos ellos tenían moretones, rasguños
y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, dijo
a uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en la
pica.
El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos
miembros del grupo. A Juan Carlos Jara, de 17 años, lo agarró la patrulla de
Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos,
director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa y de ahí fue
directo al calabozo.
Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros
continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno
recién hecho y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la
cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, que
ingenuamente había acompañado a algunos de los que se presentaron voluntariamente
a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez que iban
intentaban convencer a los carabineros de que los soltaran. Los presos les
decían que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí. La noche de la
víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden.
“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me
dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono.
Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin
preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera
enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y estaba
esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera, si no me
arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le
dije que había 19 personas. Me dio la orden de “eliminarlos”. Me dijo que si no
lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato
llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.
18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE
Los hombres que seguían a Fernández en la cadena de mando
hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres,
palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre.
Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia. También
el alcohol que les dio la CMPC. El plan para matar a los 19 ya estaba en curso.
“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque
de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos
ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los
integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell, hacia
abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después
de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de
los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con
cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus
de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil
Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la
caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor
alemán de la zona”.
Hasta que el cabo Samuel Vidal declarara en junio de 2011,
el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después de él,
Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la matanza de
esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo había llamado, que había acompañado
a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana ni que pasado el
Puente Perales, después de una curva en el camino entre Laja y Los Ángeles, fue
él quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera 300 metros más
allá, en un claro junto a un bosque de pinos. Como sólo los carabineros que
estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí,
nadie relacionó el hecho cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo
Arriagada, sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja, mató a su mayordomo,
ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los cadáveres a
su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde esa noche
sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.
Según un reportaje que publicó Contacto cuando en 2001 se
estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue condenado a cadena
perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al
Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto criminal, la
justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin que nadie lo interpelara
por haber sido cómplice y haber guiado y observado como un grupo de policías
fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San
Juan. Una noche que el sargento 2º (r) Pedro Parra recuerda muy bien:
“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos
los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos
detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche estaba clara
y había luna, pero igual se usaron las luces de los vehículos. Con la pelea
entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba
pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada;
era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos
atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos
apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba
o decía algo. Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.
18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE
Los cadáveres quedaron bajo tierra. El grupo de carabineros
subió a los vehículos y volvió al cuartel de Laja. Todos recuerdan que fue un
momento extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando llegaron, se
bebieron lo que había quedado del pisco que habían tomado antes de partir. Y
allí mismo acordaron que nadie diría nada, que si alguno hablaba, correría la
misma suerte de los que acababan de asesinar.
A la mañana de ese día, Gloria Urra se levantó temprano,
preparó el desayuno, y como los días anteriores, fue a la Tenencia a ver a su
hermano Raúl. Esperaba encontrarse con todos los detenidos y sus familiares,
sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el calabozo estaba vacío.
Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la
esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían permitido verlo
cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana esperaba encontrarse
con su marido. Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e
hijos de los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: que
los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.
Los familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el
Regimiento de Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio
de IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el
Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no
aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada
búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas,
por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país,
buscando y preguntando sin respuestas. Pasaron por Temuco hasta llegar a
Santiago. Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.
Dos días después de la masacre, el sacerdote Félix Eicher
acompañó al obrero de la CMPC, Luis Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el
ministro Carlos Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los días
previos habían allanado dos veces su casa buscándolo, pero no lo habían
encontrado. “Así como se entregó Macaya, dile a tu marido que también lo haga”,
le habría dicho el sargento Rodríguez a su esposa. El sacerdote lo convenció de
que se entregara el 20 de septiembre de 1973. Ese mismo día quedó detenido.
Seis años después, cuando encontraron a los otros 19 en el cementerio de Yumbel
–donde habían sido llevados clandestinamente por Fernández y sus hombres–, los
restos de Luis Sáez aparecieron en el Fundo San Juan.
EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA
Aunque habían pasado 38 años, muchos de los carabineros que
trabajaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973 pretendieron en 2011
mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de
septiembre de ese año . El sargento 1º (r) Gabriel González, por ejemplo,
aseguró ante la PDI que no sabía nada de los 19 desaparecidos y que él sólo
participó en algunas detenciones. Nada dijo de su pelea con Nelson Casanova esa
madrugada justo antes de dispararles por la espalda. Y el mismo Casanova, quien
según los testimonios se resistió a disparar, declaró: “En esa época había muy
buena relación con los trabajadores de la CMPC, por lo que no tuve conocimiento
de que hayan sido detenidos empleados de dicha empresa”.
Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los
que le permitieron al ministro en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011
una orden de detención para los 14 funcionarios aún vivos que participaron en
las detenciones y en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo
San Juan. Después de eso, todos comenzaron a hablar. El 18 de ese mes, Aldana
realizó con todos los detenidos la reconstitución de escena de la cadena de
hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día clave, dramático.
Después de eso, no quedaron más dudas: luego de cuatro días, el ministro
procesó a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento.
Otros tres, los que esa noche se quedaron en la guardia, fueron sobreseídos. A
pesar de la crudeza de los crímenes, hoy todos están libres.
La siguiente es la lista de todos los carabineros
involucrados y lo que ocurrió con ellos:
1.- Alberto Juan Fernández Michell: Teniente (r) de
Carabineros. Fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el responsable de
ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él ordenó y participó en las
detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la
institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”. Fue procesado como autor de
homicidio. Cuando todos los demás obtuvieron la libertad provisional, él quedó
detenido por ser el oficial responsable. Su defensa apeló y salió libre luego
de pagar una fianza de $300.000.
2.- Evaristo Garcés Rubilar: Era suboficial de Carabineros y
el segundo al mando en la Tenencia de Laja, por lo que jugó un papel clave en
la organización de las detenciones y la matanza de los 19 en el Fundo San Juan.
Él se consiguió el lugar para la ejecución clandestina y contactó al agricultor
alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un
accidente vascular producto de la diabetes.
3.- Pedro Rodríguez Ceballos: Sargento de Carabineros.
Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un papel protagónico en la
gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo después de lo que ocurrió esa
noche, pasó a ser parte de la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2012 el el
Hospital Depreca por un cáncer gástrico mestátasico que le provocó una falla
multiorgánica. Tenía 64 años.
4.- Lisandro Alberto Martínez García: Sargento 1º (r) de
Carabineros. Si bien declaró en un principio no haber participados en la
masacre porque en ese entonces trabajaba en la oficina de partes del cuartel,
terminó aceptando su participación: “Todos portábamos fusiles y disparamos”, dijo.
Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una
fianza de $300.000.
5.- Luis Antonio León Godoy: Sargento 2º (r) de Carabineros.
Al principio dijo que habían sido los militares los que pasaron por la Tenencia
y se llevaron a los 19 detenidos. Luego cambió su versión: “Cuando mi
suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, señaló. Fue procesado
como autor de homicidio y salió en libertad provisional luego de pagar una
fianza de $300.000.
6.- José Jacinto Otárola Sanhueza: Sargento (r) de
Carabineros. En sus declaraciones aseguró que no había participado y que no
estuvo la noche de la matanza. Pero en la reconstitución de escena, reconoció
haber estado allí. Su función fue estar todo el tiempo en el jeep de la CMPC
alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio todo, pero no apretó el
gatillo. Fue procesado por encubrimiento de homicidio y luego de pagar una
fianza de $100.000, obtuvo su libertad provisional.
7.- Gerson Nilo Saavedra Reinike: Sargento 1º (r) de
Carabineros. Fue uno de los primeros en prestar declaración y reconocer lo que
sucedió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Esa noche se juntó con la
caravana cuando ya estaban por llegar al Fundo San Juan. Lo procesaron por
homicidio y obtuvo su libertad provisional después de pagar una fianza de
$300.000.
8.- Florencio Osvaldo Olivares Dade: Sargento 2º (r) de
Carabineros. También reconoció su participación desde el 11 de septiembre de
1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”, dijo. Es uno de los procesados
por homicidio y tras pagar los $300.000 de la fianza, salió en libertad
provisional.
9.- Pedro del Carmen Parra Utreras: Sargento 2º (r) de
Carabineros. Apenas lo interrogaron, contó con detalles lo que sucedió esa
noche. También fue procesado por homicidio y está con libertad provisional
desde que pagó los $300.000 de su fianza.
10.- Gabriel Washington González Salazar: Sargento 1º (r) de
Carabineros. Fue el hombre que se peleó antes de disparar, aunque cuando le
tocó declarar, dijo que habían sido los militares. Después reconoció su
participación. Los procesaron por homicidio y hoy está libre.
11.- Samuel Francisco Vidal Riquelme: Cabo 1º (r) de
Carabineros. Fue el primero que rompió el pacto de silencio. Su testimonio fue
clave para aclarar lo que pasó con los 19 trabajadores en Laja. Fue procesado
por homicidio y también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de $300.000.
12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30 años a Carabineros.
En su primera declaración sólo dijo que después del 11 de septiembre, la
Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC. Después agregó que estuvo
esa noche y que disparó cuando se lo ordenaron, pero que no lo hizo a los
cuerpos. Es uno de los procesados por homicidio y hoy goza de libertad
provisional.
13.- Nelson Casanova Salgado: Sargento 1º (r) de
Carabineros. Había dicho que nunca había participado en un operativo de
detención de trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su participación.
También procesado por homicidio, hoy está libre después de pagar la fianza.
14.- Luis Muñoz Cuevas: Cabo 1º (r) de Carabineros. Como esa
noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo sobreseyó
de la investigación.
15.- Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Suboficial (r)
de Carabineros. Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona del
hospital para que pasara la caravana. Después volvió a la Tenencia y se quedó
toda la noche allí. Es uno de los tres carabineros sobreseídos.
16.- Juan de Dios Oviedo Riquelme: Suboficial (r) de
Carabineros. También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por
lo que fue sobreseído.
17.- Sergio Castillo Basaul: Suboficial de Carabineros. Si
bien no participó en el fusilamiento, tuvo un rol activo al guiar las
detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba en esa localidad y conocía
a sus habitantes. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia
digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis.
