En libro: Los Derechos Humanos Cercenados. Olvidos y actualidades en la historia reciente de Chile. Mario Cortéz / Jorge Benítez, Editores.
(Este artículo esta
basado en el Informe elaborado por el mismo autor, en el año 1998, patrocinado
por la Organización Mapuche
En los últimos
años, diversos han sido los actores sociales en Chile que han irrumpido en la escena política, primero
reivindicando y presentando sus legítimas demandas a las autoridades
correspondientes y cuando, como es habitual,
éstas no han sido atendidas, han pasado de la reivindicación a la
protesta social, desbordando los estrechos márgenes institucionales y legales.
En el caso de los
pueblos originarios y particularmente con el pueblo mapuche, éste ha sido uno
de los escenarios principales en el que se ha desarrollado su relación con el Estado.
La criminalización
de la protesta mapuche por parte de la institucionalidad y los medios de
comunicación de masas ha tenido como consecuencia la instalación de una subjetividad
que percibe al movimiento mapuche organizado como un elemento disfuncional a las dinámicas políticas
tradicionales.
Ha quedado de
manifiesto que el sistema político y electoral basado en un presidencialismo exacerbado
y el sistema binominal, constituyen el andamiaje legal que tiene como objetivo
principal, preservar lo que la derecha civil denomina la “obra del gobierno
militar” y que la mayoría ciudadana considera las medidas arbitrarias impuestas
a sangre y fuego por la derecha militar, encabezada por Augusto Pinochet.
El sistema Político
no solo excluye a lo que se denomina como minorías, sino que esencialmente, fue
diseñado para excluir a aquellos que cuestionan el modelo económico neoliberal,
impuesto por la dictadura, permitiendo a los actores funcionales y afines al
sistema, ocupar determinados espacios políticos y realizar ciertas reformas que
en lo medular ya no atienden, ni a las necesidades ni a la voluntad de la mayoría
del país.
Los espacios que
fuerzas antisistema ganen en el seno de éste, escapan a los designios de sus
fundadores y representan importantes conquistas en aras a conformar una nueva hegemonía
de carácter democrático que represente de mejor manera las aspiraciones del
conjunto de la sociedad chilena y de los pueblos originarios.
Las crecientes y
sostenidas movilizaciones en torno al tema de la educación pública conducidas
por diversos actores del mundo de la educación en general y estudiantil en
particular, han permitido a millones de chilenos realizar un importante
aprendizaje político y social ya que han ido desnudando las causas
estructurales que se encuentran, tras la grave crisis de la educación en Chile.
Esta dice relación con la búsqueda del lucro en la mayoría de los ámbitos de la
educación. Modelo y lógica instalado bajo la dictadura y que a pesar de las tímidas
reformas realizadas en este plano por los gobiernos de la concertación aún
siguen prevaleciendo.
Este cuestionamiento
político a la herencia de la dictadura puede extrapolarse al sistema de salud,
de transporte, de las comunicaciones, del sector minero, pesquero y por cierto
al tema mapuche.
En definitiva lo
que los diversos actores sociales se cuestionan, es un modelo económico y un
andamiaje político heredado de la dictadura y que se presenta cada vez más en
contradicción irreconciliable con las aspiraciones democráticas de la mayoría,
y a favor de una minoría política y económica que se ha lucrado y beneficiado
de este sistema.
Cabe recordar que
durante los gobiernos de transición encabezados por la Concertación de Partidos
por la Democracia ,
fue el Movimiento Mapuche, quien comenzó tempranamente a movilizarse en torno a
sus derechos y demandas no atendidas. Solo en el año 1993 ya había alrededor de
130 dirigentes condenados por los Tribunales de Justicia a requerimiento del Gobierno
por infringir la Ley
de Seguridad Interior del Estado.
A la fecha no menos
de 500 Mapuches han ido a parar a la cárcel enfrentando cargos judiciales,
dentro de estos, alrededor de 50 Mapuches han sido inculpados como infractores
de la Ley Antiterrorista
A este grave cuadro
hay que agregar que las organizaciones y referentes territoriales mapuches
denuncian el asesinato de no menos de 6 comuneros y militantes mapuches. En estos casos aparecen los agentes del Estado como responsables de estos
crímenes.
En esta lógica de represión
a la protesta social y política se tiende a confundir a los verdaderos
responsables de esta situación, ya que si bien, la policía militarizada chilena (Carabineros
de Chile y sus Fuerzas Especiales) son los que reprimen y ejercen directamente
la violencia en contra de comuneros y militantes de la causa mapuche, no es
menos cierto que esta institución cumple las órdenes tanto del Ministerio del Interior
como de los Tribunales de Justicia.
Existe una
intencionalidad de parte de los grupos de poder económico y político, de
presentar esta situación como un problema de orden público, y que por lo tanto
se puede resolver mediante una acción más eficaz de las policías, o mayor
coordinación entre los entes administrativos del Estado, que operan en las
regiones en donde se producen mayoritariamente las movilizaciones. De ahí, que hoy se califica este tema político como
“el conflicto mapuche” y se endosa la responsabilidad del mismo a ciertos
sectores radicalizados, que buscarían llevar adelante supuestos planes de desestabilización
de la región. O sea, se crea mediaticamente al enemigo a combatir, se criminaliza
su demanda, y luego se reprime a este enemigo, contando con grados aceptables
de tolerancia y legitimidad comunicacional y política, para efectuar dicha represión.
Esa lógica ya fue
instalada por los Gobiernos de la Concertación y la actual administración
encabezada por Piñera, la reproduce con otros actores, sin alterar en su
esencia el tipo de relación política que existe, entre los Pueblos Originarios
y el Estado de Chile.
De mantenerse este
estado de cosas la situación de los mapuches en materia de Derechos Humanos
individuales y colectivos debiera tender
a empeorar, a lo menos en dos aspectos, que para la cosmovisión mapuche revisten
una importancia
1)
La mantención y ampliación de los
derechos y espacios territoriales.
2)
La revitalización de la cultura y el ejercicio de los derechos educativos y
lingüísticos.
Un número creciente
de comunidades y referentes territoriales plantean que en la práctica se estaría
produciendo una disminución de los espacios territoriales, tanto cuantitativa
como cualitativamente, esto por el creciente deterioro en la calidad del suelo,
producto del consumo excesivo e indiscriminado de las fuentes de agua
utilizadas por el sector forestal.
Igualmente se
vislumbra con preocupación la sostenida arremetida de los sectores
empresariales, mineros, turísticos y energéticos que buscan apropiarse de
tierras y territorios, actualmente en manos de mapuches. Cabe recordar que
parte del programa de gobierno en materia indígena de la actual administración
de gobierno, planteó dentro de sus objetivos, impulsar un proyecto de ley que
tuviera como efecto la posibilidad, que propietarios individuales indígenas
pudieran vender sus tierras y de esa manera, a ojos de este gobierno contar con
los medios para romper el círculo de la pobreza.
No es difícil
imaginar quienes serían los principales interesados en adquirir esas tierras y
ofrecer el mejor precio a los mapuches que habitan en zonas rurales y que de
acuerdo a cifras del Estado constituyen los sectores más empobrecidos del país.
Si se hace un análisis,
caso a caso y particular, de la ocurrencia de graves violaciones a los Derechos
Humanos por parte de agentes del estado en contra de personas de origen indígena, de las zonas y
causas que los motivan, llegaremos
siempre a una conclusión; las causas de
las situaciones de conflicto y violencia que las generan dicen relación con la
voluntad política de defender y profundizar el modelo económico neoliberal por
parte de los diferentes sectores que,
defendiendo intereses de una minoría han
administrado y continúan administrando este modelo. Esta defensa se hace en desmedro de
los intereses de los Pueblos Originarios y sus legítimas demandas.
Vistos desde una
perspectiva aislada, regionalmente o sectorialmente, puede generar la impresión
que se trata de hechos puntuales, eventualmente de un mal manejo político o
incluso de excesos por parte de algunos funcionarios policiales, como han sido
considerados los fallos de los Tribunales de Justicia Militar, que han conocido y juzgado los asesinatos a
mapuches movilizados y que señalan que son hechos individuales que se enmarcan
dentro de la figura de lesiones graves con resultado de muerte, por parte de
funcionarios de carabineros en el ejercicio de sus funciones policiales.
Pero si se adopta
una mirada más general y sobre todo si se develan los orígenes de estas
decisiones, se puede llegar a la conclusión, de que esta situación de graves atropellos
de los derechos fundamentales en contra de los mapuches, no solo no son
aisladas, ni son excesos por parte de las autoridades de turno; estas son
medidas planificadas tendientes a dar
resguardo jurídico y policial a los consorcios económicos que operan en territorio
mapuche, y que han sostenido su voluntad por continuar y acrecentar sus
actividades, basadas principalmente en la extracción de materias primas y sobreexplotación de los recursos naturales
con que aún cuentan los pueblos y comunidades originarias.
Para dar una
perspectiva histórica a esa mirada corresponde remontarse a lo sucedido durante
la dictadura militar y luego analizar los efectos actualmente en curso y que se mantendrán en
los próximos años. Esta mirada nos permite ver quienes son los responsables
individuales y colectivos, también determinar quienes son los autores, instigadores,
cómplices y encubridores de lo que para algunos actores del movimiento mapuche
se denomina las consecuencias de la tentativa de cometer el delito Genocidio en contra de la Nación Mapuche.
Tentativa de genocidio post golpe de estado de 1973
Como es de público
conocimiento, Augusto Pinochet Ugarte, encabeza el Golpe de Estado, realizado
el 11 de Septiembre de 1973, fecha a partir de la cual ejerce poderes absolutos
como Jefe de la Junta
de Gobierno, compuesto por los cuatro comandantes en jefes de las diferentes
ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Dicha Junta contaba con
facultades legislativas y constitucionales, ya que ordenó disolver en forma
inmediata el Parlamento y encarceló a Diputados y Ministros de un gobierno
constitucionalmente elegido, ejerció igualmente las más absolutas facultades
administrativas y militares, podemos afirmar que nunca antes tanto poder, en
este país, se había concentrado en una sola persona y había sido tan mal y
criminalmente utilizado.
Es necesario
relatar brevemente, a objeto de ilustrar el contexto en que estos hechos
ocurrieron y en el cual la mayoría del movimiento mapuche participó activamente,
tanto en las comunidades rurales como en las ciudades.
Con el Golpe de
Estado, culminaba de esta manera, violentamente un proceso de restitución de
tierras y de reparación histórica para con nuestro pueblo que no registraba
precedentes y constituía un gran avance en la relación entre la sociedad
chilena y el pueblo mapuche.
Efectivamente en
los aproximadamente 1.000 días, que duró el gobierno encabezado por el Doctor
Salvador Allende Gossens (1970-1973) se restituyó alrededor de 200.000 hectáreas
que se encontraban en manos de grandes latifundistas y que las comunidades
mapuche reivindicaban como propias. El traspaso de estas tierras fue realizado
al amparo de la Ley
de Reforma Agraria, cuerpo legal impulsado bajo el Gobierno del Presidente Eduardo
Frei Montalvo a fines de los años 60. Estas devoluciones de tierra cuentan, por
lo tanto con la debida documentación legal que lo respalda y que se encuentra
archivada en el Ministerio de Agricultura.
Este significativo
avance fue el fruto de un trabajo incansable de parte de los dirigentes mapuche
de ese entonces y de un avance equivalente en el movimiento popular.
De esta manera el
Movimiento Popular y Mapuche, sentaba las bases de un nuevo modelo de
desarrollo en lo social, económico y político y que se levantaba en abierta e
irreconciliable contradicción con los grandes intereses capitalistas y
financieros. Es en representación y
defensa de estos últimos intereses que Augusto Pinochet planifica y ejecuta el
Golpe de Estado.
Sin embargo a diferencia
de otras dictaduras, Pinochet y su equipo económico diseñan las bases de
refundación de un nuevo Estado Capitalista en Chile, muy distinto a lo que se conocía hasta ahora, y cuyo diseño
estratégico contaba con el aval de los Estados Unidos, y otras grandes potencias financieras. Chile
es redefinido económicamente en casi todas las áreas y se inicia un proceso de
contrarreformas y de involución histórica; una vez más, los territorios en
manos de mapuches representan para los sectores oligárquicos y financieros una
gran posibilidad de realizar negocios, que le procuren enormes ganancias.
Es así como los
recursos hídricos provenientes de los ríos cordilleranos, se transforman en un
lucrativo negocio que junto con privatizar las empresas generadoras de energía,
se diseñan proyectos estratégicos para transformar a este sector en uno de los
pilares del nuevo modelo económico.
Los espacios
territoriales que sustentan hoy la industria maderera y forestal, pasan a
constituirse en el principal botín de guerra de los sectores oligárquicos, que
proyectaron colocar a este sector en uno de los mayores productores de celulosa
en el mundo; actualmente sus empresas y producción globales los sitúan, en el
quinto lugar a nivel mundial, en circunstancia que al momento del Golpe de
Estado se situaba en el lugar número cuarenta.
Cabe señalar que
esta decisión en el ámbito forestal no proviene en forma exclusiva de las
empresas e intereses chilenos, si no también, de consorcios extranjeros,
principalmente asiáticos y neozelandeses
ya que no pudieron implementarlo en dicho país, que contando con una
similar posición geográfica y climática, se enfrentaron a dos grandes barreras,
a saber:
- Una fuerte legislación de protección de las minorías, que impedía la forestación cercana a zonas habitadas por indígenas neozelandeses y que restituía cientos de miles de hectáreas a sus comunidades, quedando bajo control y administración de las mismas.
- Existencia de un régimen democrático que garantizaba las libertades individuales y políticas y el respeto a los derechos humanos.
Es debido a la
carencia de espacios territoriales
adecuados en otros países que se escoge a Chile y al territorio mapuche,
como principal base de operaciones para la mayor inversión forestal en el
mundo, producida en los últimos treinta años, y que equivale a una superficie
total en la actualidad de dos millones de hectáreas plantadas.
En un tercer plano,
se sitúa la inversión en la industria turística y que hacen al territorio
mapuche apetecido por sus bellezas naturales, especialmente en las riberas de
los lagos y montañas.
En un cuarto lugar,
se determinan los recursos hídricos como un objetivo geopolítico y económico a
alcanzar y dejar bajo control y propiedad de los grandes consorcios
financieros.
En lo que respecta
al mar, se establecen medidas legislativas tendientes a; por una parte, ampliar los espacios de captura
de la gran industria pesquera, tanto nacional como extranjera, principalmente asiática
y luego se modifican las leyes y reglamentos
para posibilitar la pesca de arrastre.
Esta doble
estrategia en lo que respecta a las comunidades e identidades Lafkenche, o sea ribereñas
al borde costero, tanto de la octava, novena y décima regiones del país, con un
borde costero de alrededor de 700
km . de largo, fue devastador. Dada la condición de pescadores artesanales de los
mapuche-lafkenches, vieron disminuir drásticamente su sustento principal debido
a la sobreexplotación de los recursos marítimos por parte de la
gran industria pesquera.
No existiendo
planes reales de compensación o de reinserción
económica y social, muchos mapuches debieron una vez más, emprender un proceso
de migración forzada a las ciudades en condiciones de indigencia y pobreza.
Para aquellos que se quedaron en sus comunidades tradicionales su suerte no fue
mejor y todavía se debaten en la pobreza. Una de las consecuencias directas de
esta situación, es que la dieta alimenticia de la población Mapuche de los
sectores ribereños al mar se vio drásticamente afectada, disminuyendo el
consumo de calorías y proteínas a niveles graves. El aumento de la mortalidad,
principalmente en el segmento de población del adulto mayor se vio acrecentado.
Respecto de las
aguas dulce ya sea de ríos o napas subterráneas, la dictadura dispuso la privatización
acelerada de las mismas mediante la dictación de un nuevo código de aguas que
vino en la practica a entregar en un 95% este vital elemento para la población
a manos de privados: mediante la adquisición de los derechos de aguas. Cientos
de particulares y empresas mineras adquirieron dichos derechos, actualmente y
debido a la importante cantidad de agua que emplean los procesos de extracción
y producción en la industria minera, existen graves situaciones para la
población indígena y mapuche que vive o dependen de este recurso, ya que han
visto disminuir drásticamente este vital elemento y por lo tanto no pueden
emplearlo para fines de uso doméstico, o bien para sus tradicionales
actividades de agricultura y ganadería.
Igualmente la utilización de grandes cantidades de productos químicos hacen que los cursos de agua se vean constantemente contaminados, corriendo serios riesgos ya no solo la vida humana, sino todos los ecosistemas que se mantenían o dependían de las aguas dulce de ríos y napas subterráneas.
Es así que una vez
definidos los objetivos económicos, estratégicos, Augusto Pinochet y la
dictadura que él encabeza, compromete todos los recursos humanos y militares de
que dispone el Estado para garantizar dicho proceso de refundación capitalista , que tuvo su sustento material y
físico en el territorio mapuche y como correlato a ese proceso que solo podía
instaurarse mediante el uso de la fuerza, en un régimen que suprimió todas las
libertades y conquistas sociales y políticas, se cometen graves, sistemáticas y
permanentes violaciones a los derechos humanos tanto colectivos como
individuales del pueblo mapuche.
La estrategia
diseñada para suprimir cualquier tipo de resistencia mapuche a estos objetivos
impuestos a sangre y fuego tras el golpe militar de 1973 contó con tres líneas
de acción.
1.
El extermino físico de sus
dirigentes.
2.
Concitar mediante el terror, el sometimiento
del resto del movimiento.
3.
Quebrar el sistema y tejido social
comunitario, desintegrando las comunidades y destruyendo de esta manera la
cosmovisión mapuche.
Acorde a estos
objetivos particulares se inicia por lo tanto la puesta en marcha de un plan
destinado a cumplir fría y premeditadamente la tentativa de GENOCIDIO de la NACION MAPUCHE como una garantía a largo plazo
que posibilitara apropiarse de los
recursos naturales que aún se encontraban bajo su posesión y dominio.
Por lo tanto cuando hablamos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, no se trata de excesos o violencia innecesaria con resultado de muerte, ni mucho menos de simples asesinatos que obedecerían a impulsos individuales, sino de la maquinación a gran escala con todos los recursos, políticos, legislativos, económicos, militares y comunicacionales de que dispone un Estado, a fin de exterminar a un pueblo originario.
Cabe hacer presente
que la Nación Mapuchela Araucanía ” en el año 1881 siendo éste su último
precedente. Las crónicas contemporáneas a dicha época señalan que luego de ese intento de genocidio la población total
mapuche en el país quedo reducida a 100.000 personas.
Este intento de exterminio tuvo una coordinación y versión local, del otro lado de la frontera ya que Argentina y Chile realizaron simultáneamente dicho intento de genocidio; del otro lado de Los Andes esa campaña se denominó “la campaña del desierto”.
Resulta pertinente
tener a la vista ciertos aspectos de la legislación internacional respecto al
delito de Genocidio, a objeto de respaldar las afirmaciones antes enunciadas.
Convención para
Artículo II
En la presente convención,
se entiende por Genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación,
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a)
Matanza de miembros del grupo.
b)
Lesión grave a la integridad física
o mental de los miembros del grupo.
c)
Sometimiento intencional del grupo
a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total
o parcial.
d)
Medidas destinadas a impedir los
nacimientos en el seno del grupo.
e)
Traslado por fuerza de niños del
grupo a otro grupo.
Como lo señalábamos
anteriormente respecto del Golpe de Estado, Augusto Pinochet fungiendo como
dictador absoluto participa de la elaboración
de estos planes y los pone en marcha.
Respecto de este
objetivo podemos señalar que el Informe de la Comisión Verdad
Sin embargo, es
posible considerar que esta cifra es muy inferior a lo que realmente aconteció
en la realidad, en las zonas rurales más apartadas, en donde se asentaban
mayoritariamente las comunidades mapuche, ya que debido al aislamiento en que
se encuentran y la nula presencia de organismos públicos, partidos políticos u organismos de derechos humanos,
muchas veces los familiares ni siquiera se presentaron a declarar ante la
comisión creada 20 años después de acontecidos estos hechos.
La desconfianza
hacia la institucionalidad chilena y el desprecio con que la sociedad chilena
trata a los mapuche, también conspiró para la recopilación exacta del número de ejecutados y detenidos
desaparecidos; sin embargo los organismos de derechos humanos que comenzaron a
trabajar en este ámbito, inmediatamente después del Golpe de Estado y luego de
iniciada la transición a la democracia dentro de los cuales destacan el Centro
de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Temuco (CINPRODH); la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos de la
IX Región
A este
respecto parece pertinente señalar que
en el Informe del Departamento de Antropología de la Universidad Católica
Ø “la dureza extrema con que se
trato a los mapuche y a sus familias y la grave dificultad que ha significado
para estos en las zonas más rurales, tener que convivir en la misma localidad,
a veces hasta el presente con los agentes que causaron la muerte de sus seres
queridos. El miedo, la pobreza y la desesperación llevaron a que solamente un
pequeño porcentaje de estas familias practicara en su oportunidad, diligencias
ante los Tribunales de Justicia o
hiciera denuncias ante organizaciones de Derechos Humanos”.
Junto con eliminar
a aquellos Mapuche con mayor capacidad de liderazgo social y político en el
caso de los Detenidos Desaparecidos también se persiguió mediante tácticas de
guerra psicológica, objetivos
secundarios a saber:
- No dejar evidencias públicas del terror, no dejando testimonios que la historia y las generaciones posteriores pudieran utilizar.
- Evitar que los muertos se conviertan en símbolos.
- Evitar los funerales que podrían constituirse en actos de toma de conciencia social, de repulsa o de resistencia activa.
Objetivo Nº 2: Concitar mediante el terror, el
sometimiento del resto del movimiento mapuche.
En efecto fueron
miles los mapuche torturados, deportados, exiliados, exonerados de sus puestos
de trabajo y la mayoría de los que vivían en predios que había sido devueltos
durante el procesos de Reforma Agraria a asentamientos y comunidades mapuches,
simplemente lanzados a los caminos públicos mediante la fuerza de las armas,
como mecanismo de escarmiento en la población mapuche a objeto de inhibir
cualquier atisbo de organización y resistencia.
Fueron miles de mapuches los que debieron, una vez expulsados de las tierras que les habían sido devueltas bajo la administración del Presidente Salvador Allende, quienes debieron trasladarse forzadamente a distintos puntos de las regiones aledañas a esos predios y otros simplemente se vieron obligados a iniciar un proceso de migración interna forzada a las ciudades, pasando a engrosar los bolsones de pobreza en los barrios periféricos de dichas ciudades.
La dictadura
militar estaba plenamente consciente, de
que esos serían los efectos de su política de expulsión de los asentamientos,
por la vía de la fuerza de las armas, de
cientos de familias, que habían participado legalmente y cumpliendo todos los
requisitos, del proceso de Reforma Agraria, durante los años 1970 a 1973. Este clima de
permanente atropello, abuso y arbitrariedad, se prolongó durante los 17 años
que duro la dictadura encabezada por Pinochet, pero fue en los primeros años
posteriores al año 1973 que esta estrategia planificada de amedrentamiento y
terror masivo, se desarrollaron con mayor extensión y violencia.
Los familiares de
las víctimas directas de la represión eran también objeto de las mismas,
constituyéndose en un ejemplo vivo, para los demás mapuche que no era posible
contrarrestar el poder de las armas.
Al respecto
entregamos tres testimonios personales recogidos por estudiantes de
antropología de la Universidad Católica
Ø Testimonio 2º “de esa época,
tengo más imágenes grabadas que nunca se me olvidarán. Vi matar mucha gente
más. Desde la ventana de mi casa se veía perfectamente cuando le tiraban a la
gente a las piernas y se reían de ellos. Tenían mucha gente botada en la calle,
con las manos en la cabeza, se ponían a beber y a fumar frente a mi casa y se
reían. Odio a esa gente, esas imágenes me persiguen”.
Ø Testimonio 3º “los carabineros me
llevaron al regimiento, en Lautaro. Me golpeaban. Me botaron al suelo y me
colocaron una llanta de auto encima del pecho y pasaban por encima de mí.
Saltaban encima de la llanta…. Me quebraron el hombro, los brazos, el
pecho…Cuando vieron que no sabía nada, me echaron. Nunca me recuperé de esa
noche. Cuando me vienen a la mente los carabineros saltando sobre la llanta me
quedo mudo, no puedo hablar”.
De estos relatos se
desprende claramente la intención de provocar un miedo y terror colectivo, por
al menos algunos años, evitando de esta manera, la recomposición del movimiento
mapuche, y por implementar sin contrapeso sus objetivos económicos de
apropiarse de territorio mapuche.
Objetivo Nº 3: Destruir el tejido social y la identidad
mapuche, tanto en el plano cultural como territorial y demográfico.
Para estos efectos,
era necesario darle un carácter de legitimidad legal a este proceso, que en el
caso mapuche, se inicia con un acelerado proceso de contrarreforma agraria. Sin
embargo los predios no eran suficientes, dada la magnitud de los planes
estratégicos diseñados para transformar a las empresas que iban a operar en
Chile, en las principales productoras y exportadoras a nivel mundial y por eso la Junta Militarla Junta Militar
Estos cuerpos
legales fraccionaron una cantidad importante de tierras mapuche y ante el deterioro económico, la miseria extrema, y
el avance de hecho de las grandes compañías madereras energéticas y turísticas
que no escatimaban medios lícitos e ilícitos, para adquirir territorio mapuche,
cientos de comunidades vendieron sus tierras al mejor postor e iniciaron un
acelerado proceso de inmigración forzada hacia las ciudades, dejando una escasa
población mapuche en las comunidades, sobre todo de población joven, lo que
facilitó la arremetida de estas compañías; en la practica casi no hubo
resistencia organizada en los primeros años de la dictadura y el proceso de
apropiación de territorio mapuche se desarrollo sin contrapesos.
Habiendo conseguido
en una primera fase, contar con territorios aptos y disponibles para la
industria forestal, la dictadura se aboca a proveer, a particulares y
consorcios privados, los recursos financieros para impulsar las inversiones
necesarias al rubro forestal, Estos recursos provendrían del Estado mediante
una política de subsidio a las plantaciones forestales. Para estos efectos la Junta Militar
La derecha económica
y civil, veía de esta manera cumplida, una de las metas que se habían propuesto
al instigar, apoyar y defender el golpe de Estado en contra de un gobierno
legalmente constituido.
La violación masiva
y grave de los derechos fundamentales del pueblo mapuche era vista por estos
sectores como parte de los costos de inversión y producción de esta floreciente
actividad económica. Es así como se traspasa alrededor de dos millones de
hectáreas a estos consorcios madereros, hidroeléctricos y turísticos. De esta
manera comienzan a operar en territorio mapuche entre otros, los consorcios
financieros:
a)
Grupo Matte Larraín, asociado a
intereses norteamericanos y que controla la Forestal Mininco.
b)
Grupo SHELL, asociado a la
compañía manufacturera de papeles y cartones, Bosques Chiloé, Copihue, Forestal
Colcura, Forestal Santa Fé.
c)
Grupo Mitsubishi, Planta Astillas
ASTEC, controla la Forestal Tierra
d)
Grupo AMINDUS, de origen Suizo,
controla Forestal Millalemu, aserraderos Andino, Terranova.
e)
Forestal Arauco S.A., vinculada a
Angelini.
f)
ENDESA, actualmente operan en ella
capitales españoles e italianos.
Actualmente las
empresas hidroeléctricas amenazan con inundar extensos sectores habitados por
Comunidades Mapuche - Pehuenche, especialmente en la octava, décima y novena
regiones del país.
Ante este cuadro
desolador alrededor del 40% de la población mapuche debió emigrar a las grandes
ciudades y engrosó los bolsones de pobreza y marginalidad de las mismas.
Con el conjunto de medidas adoptadas por
En el plano de la
reproducción societal, la tasa de crecimiento natural para la población mapuche
rural (13 por mil) es inferior a la tasa de crecimiento de toda la
IX Región
A todo lo anterior
hay que agregar un aspecto no menos importante y que dice relación con la
perdida de un invaluable patrimonio cultural, que se perdió producto de la
desintegración de una parte importante del tejido social y del desplazamiento
forzado de miles de mapuches a las grandes ciudades; la involución y perdida
de los relatos de la historia local de cada comunidad, la práctica
de ceremonias religiosas, la transmisión y práctica del idioma Mapuzugun, las
ricas expresiones musicales y artísticas, los lazos sociales y en general el
deterioro y perdida casi irreversible de una cosmovisión mapuche estructurada y
sostenida en base a una relación entre el ser humano y la naturaleza, existente
principalmente en las comunidades rurales mapuche, han hecho que estos graves
efectos pasen a constituirse en un verdadero genocidio cultural de la nación
Mapuche, principal pueblo originario de
Chile.
En dicho período un
solo hombre detentó el poder absoluto en Chile, Augusto Pinochet. El nuevo
modelo económico por él instaurado y que era la razón última de la existencia de
la dictadura militar, requería de los recursos naturales existentes en nuestro
país y que se encontraban en manos del pueblo mapuche; de esta manera en forma
consciente, planificada, mediante planes y programas y la adopción de medidas
económicas, legislativas, administrativas, comunicacionales, militares y
políticas, la junta militar encabezada por Augusto Pinochet, puso en marcha la
tentativa de genocidio en contra del pueblo Mapuche. Se trata de una Política
de Estado que tiene por objetivo implementar y garantizar las grandes inversiones capitalistas en
territorio Mapuche.
La medidas
adoptadas por esta dictadura mantienen sus efectos aún hoy, ya que no se han
restituido las tierras que fueron usurpadas bajo un régimen de excepción y
antidemocrático, y lo que es peor aún, todas las compañías energéticas,
turísticas, mineras y forestales, como consta en sus declaraciones e informes
públicos, en los próximos años han
decidido aumentar sus inversiones en territorio colindante con Comunidades
Mapuche.
Cabe preguntarse;
si hoy estos graves crímenes de lesa humanidad son susceptibles de ser
investigados y perseguir las responsabilidades individuales y colectivas de sus
autores cómplices y encubridores.
Al parecer la Doctrina Jurídica
al igual que la Legislación Internacional
a)
Es un delito internacional de la
mayor gravedad, ya que viola textos internacionales que protegen a la persona
humana.
b)
Es un delito común y por lo tanto
a su autor se le puede extraditar.
c)
Es un delito internacional
d)
Es un delito individual
Igualmente en 1968 la ONU., suscribe la Convención que
establece la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad definidos
en el Estatuto de Nurenberg, aspectos relacionados con la Resolución N
En este cuerpo
legal, se establecen 9 principios y en el cual el Nº 8 señala:
“Los Estados no tomarán ninguna medida
legislativa, o de otra índole, que pudieran ser perjudiciales para las
obligaciones internacionales que han asumido en relación con la identificación,
detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o
crímenes de lesa humanidad”.
Los más de 400
presos políticos Mapuches que han pasado por las cárceles chilenas en los últimos
años y los miles que han visto afectados gravemente sus derechos humanos, han
tenido como común denominador el participar de la protesta social mapuche,
reivindicando derechos territoriales, políticos y culturales.
Como ha quedado
demostrado las causas estructurales de la violencia en contra del pueblo
mapuche siguen vigentes y mientras no se adopten las medidas territoriales,
legislativas, económicas educativas y
culturales que le den una salida política a esta crítica situación,
independientemente del gobierno de turno, se seguirán violando en forma grave y
permanente sus derechos humanos tanto individuales como colectivos.
Anexo:
Víctimas Mapuche de
la Dictadura
encabezada por A. Pinochet Ugarte: Nómina
de Ejecutados Políticos
(fusilados) de la Nación Mapuche
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Fecha
de Ejecución
AYANAO MONTOYA MOISES 21.10.73
AYLLAÑIR HUENCHUAL CARLOS 10.11.73
ANCACURA MANQUIAN CARDENIO 16.10.73
ANTILAF EPULEF MIGUEL A. 06.03.87
ANTIMAN NAHUELQUIN RUBEN A. 08.02.86
ACQUEVEQUE ANTILEO IVAN M. 02.07.86
ARGEL MARILICAN JOSÉ R. 17.10.73
BUSTAMANTE LLANCAMIL MARÍA ESTER 02.10.73
CALFUQUIR HENRIQUEZ ATRICIO A. 20.09.81
CANTUPIL MILLANAO VÍCTOR M. 13.12.85
CARILAF HUENCHUPAN GREGORIA 17.11.73
CAYUAN CANIUQUEO MAURICIO S. 02.10.73
CAYUNAO VILLALOBOS JOSÉ E. 12.11.87
COLLAO SARPI CARLOS E. 10.11.85
COLLIO NAÍN HERIBERTO 08.10.73
CHEUQUELAO MILLANAO MANUEL 21.11.84
FLORES ANTIVILO SEGUNDO 19.10.73
GONZALEZ CALFULEF TEOFILO Z. 16.10.73
HUALQUI BARRÍA ROBERTO E. .10.73
HUENUCOL ANTIL MAURICIO
.09.73
INOSTROZA ÑANCO JOSÉ V. 25.10.73
LEVIO LLAUPE ANDRÉS 02.10.73
LEPIN ANTILAF SEGUNDO 08.10.73
LLEUCUN LLEUCUN JUAN 10.10.73
MANSILLA COÑOECAR CARLOS M. 18.10.73
MARIQUEO MARTINEZ PEDRO A. 01.05.84
MELIPILLAN AROS JORGE 17.10.73
MILLAHUINCA ARAYA FRANCISCO S. 13.09.73
MUÑOZ HUENCHUÑIR GUILLERMO I. 31.08.86
NAHUEL GONZALEZ JOAN P. 04.08.86
NAHUEL HUAIQUIL JUAN S. 08.10.73
NAHUELCOY CHIMEYCURA BERNARDO .10.73
ÑANCUMAN MALDONADO JOSÉ A. 17.10.73
ÑIRIPIL PAILLAO JULIO A. 08.10.73
PAILLACHEO CATALAN TEOVALDO 09.10.73
POLDEN PEHUEN MERCEDES L. 05.05.79
PORMA CHEUQUECOY FRANCISCO P. 25.10.73
TRALCAL HUENCHUMAN JUAN S. 10.09.75
TRAMOLAO PASTENE RAMON 23.02.74
TRECANAO MORA LUIS A. 19.09.73
YAÑEZ CALFUPAN SOFÍA N- 22.11.88
Lista de Detenidos Desaparecidos de la Nación Mapuchela Dictadura encabezada por A. Pinochet.
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Fecha
de Ejecución
CALFUQUIR VILLALON L. CAUPOLICAN 18.09.73
CATALAN LINCOLEO SAMUEL ALFONS 27.06.74
CURIHUAL PAILLAN PEDRO 15.09.73
HUAIQUIÑIR BENAVIDEZ JOEL 27.07.74
PAILLALEF PAILLALEF JUAN JOSÉ 31.07.77
NEICUL PAICIL JOSÉ LIGORIO 16.09.73
PANGUINAMUN AILEF JOSÉ ROSARIO 09.10.73
VIDAL PANQUILEF JOSÉ MATEO 19.09.73
CATRIEL CATRILEO REYNALDO 09.11.73
ÑANCUFIL REUQUE JUAN HÉCTOR 21.09.73
CURIÑIR LINCOLEO NELSON V. 13.10.73
AILLAÑIR HUENCHUAL CARLOS 06.11.73
ANCAO PAINE ALEJANDRO 26.09.73
ANINAO MORALES ANTONIO 24.09.73
CATALAN LINCOLEO SAMUEL 27.08.74
CATALAN PAILLAL MANUEL ELIAS 13.09.73
AROS HUICHACAN SERGIO 18.09.73
HUENTEQUEO ALMONACID REINALDO 06.08.73
HUENUMAN HUENUMAN RICARDO 18.09.73
CHAVEZ ALONCO FERNANDO 08.09.75
MAHUIDA ESQUIVEL LUIS OMAR 20.11.74
ANCACURA MANQUIAN CARDIO 16.11.73
BARRIGA NAHUELHUAL ALEJO 17.10.73
BELTRAN CURICHE JOSÉ C. 02.12.74
BELTRAN MELIQUEO JOSÈ IGNACIO 15.10.73
CALFIL HUICHAMAN LORENZO M. 10.10.73
TORRES ANTINAO OMAR 25.12.73
COLPIHUEQUE LICAN ELEUTERIO R. 15.10.73
COLPIHUEQUE NAVARRETE ALBERTO 15.10.73
CAYUMAN CAYUMAN CARLOS 10.10.73
CURIÑANCO REYES MAURICIO S. 10.10.73
GONZALEZ CALFULEN TEOFILO Z. 16.10.73
HUAQUIL
CALVIQUEO GERVASIO H. 26.10.75
HUAQUI BARRÍA ROBERTO 20.09.73
HUENUL HUAIQUIL DOMINGO 15.06.74
HUERAVILO SAAVEDRA OSCAR L. 19.05.77
HUILCHALLAN LLANQUILEN SAMUEL 11.06.74
LIZAMA CARIQUEO MANUEL 08.11.73
LONCOPAN CANIUQUEO MARIANO 15.10.73
LLABULEN PILQUINAO JOSÉ D. 11.10.73
LLANCA ITURRA MONICA CH. 06.09.74
LLANCA RODAS JUAN M. 17.09.74
LLANCALEO CALFUQUEN LEANDRO .12.74
LLANQUILEF VELASQUEZ NELSON N. 08.10.73
LLAULEN ANTILAO JOSÉ J. 11.06.74
MELIQUEN AGUILERA JOSÉ 04.10.73
MILLALEN HUENCHUÑIR PEDRO 29.09.73
MILLANAO CANIUHUAN JAIME P. 23.09.73
PAILLALEF PAILLALEF JUAN J. 31.07.77
PAILLAMILLA TREULEN SERGIO L. 10.10.73
PAINE LIPIN JULIO M. 16.10.73
QUINCHAVIL SUAREZ LUIS 19.02.81
RAMOS HUINA GERARDO A. 14.10.73
RAMOS HUINA JOSÉ M. 14.10.73
REINANTE RAIPAN ERNESTO 10.10.73
REINANTE RAIPAN MODESTO J. 10.10.73
RIVERA CATRICHEO LUIS A. 10.10.73
RUBIO LLANCAO JULIO A. 12.09.73
RUBIO LLANCAO JUAN DE D. 12.09.73
TRANCANAO PINCHEIRA ALEJANDRO A. 10.10.73
TRANCANAO PINCHEIRA ELISEO M. 10.10.73
TRANCANAO PINCHEIRA JOSÉ M. 10.10.73
VIDAL PANGUILEF JOSÉ M. 17.19.73
YAUFULEM MAÑIL ANTONIO C. 11.06.74
YAUFULEM MAÑIL MIGUEL E. 11.06.74
YAUFULEM MAÑIL OSCAR R. 11.06.74
TRALCAL HUENCHUMAN JUAN S. 10.09.75
ÑIRIPIL PAILLAO JULIO A. 08.10.73
NAHUELCOI CHIHUAICURA BERNARDO .10.73
ÑANCO JOSÉ
MATIAS 31.10.73
LLANCALEO MILLAN SEGUNDO E. 05.04.75
LLANQUIEN VÍCTOR 08.10.73
LEVÍO LLAUPE ANDRÉS 02.10.73
LEPIN ANTILAF SEGUNDO 08.10.73
INOSTROZA ÑANCO JOSÉ V. 21.10.73
HUENUCOI ANTIL MAURICIO
.09.73
CURAMIL CASTILLO FRANCISCO S.
.09.73
COLLIO NAÍN HERIBERTO 08.10.73
CHEUQUEPAN LEVIMILLA JUAN E. 11.06.74
[1] Informe Detenidos – Desaparecidos y Ejecutados Políticos: La Perspectiva Indígena ,
Efectos psicosociales e interpretación sociocultural de la política de detenidos
desaparecidos en familias de etnia mapuche, Págs., 12 -19.
[2] Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público Tomo III, Llanos Mancilla Hugo, Pág. 32.
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