Chile - Zona de Sacrificio: un tercio del sistema universitario en peligro

Del 2013 a la fecha, cinco universidades perdieron o no obtuvieron la acreditación: Bolivariana, UNIACC, La República, Pedro de Valdivia y UCINFF. La Universidad del Mar, además, sufrió la revocación de la personalidad jurídica y reconocimiento oficial. Entrado el 2014, otro grupo de universidades se suma a lo que podemos llamar la “Zona de Sacrificio” de la educación superior, con instituciones en medio de crisis financieras, investigaciones de la Fiscalía Oriente y procesos de término del período de acreditación que no auguran una prolongación. La Universidad ARCIS es hoy el más claro ejemplo de ello.

EL DESCONCIERTO.  Por María José Gaona y Rodrigo Ruiz | 30/05/2014

Es un hecho evidente que el modo en que se organizó hasta ahora el sistema universitario y sus sistemas de control de calidad no puede continuar. Pero lo que está en crisis no es solo una forma de administrar y financiar universidades, es el modelo de producción de los nuevos sujetos que el capitalismo chileno posdictatorial escogió como una de sus principales estrategias de desarrollo, basado en la producción de capital humano y bienes inmateriales.

Tanto el sentido de la universidad como los estudios universitarios y la actividad académica y docente han sido transformados de manera profunda por la instalación del modelo neoliberal en Chile. Un primer eufemismo con que se instala esta reconversión tiene su centro en la figura del mercado. Efectivamente, la vieja universidad de modelo decimonónico estuvo principalmente centrada en la producción de una cultura de reproducción del poder. Sin embargo, eso no quita que con procesos como la reforma universitaria de fines de los 60 en Chile, aquella universidad haya ganado importantes niveles de capacidad crítica y de un compromiso político que la vinculó de forma creciente con la justicia social. Era una universidad, además, cogobernada triestamentalmente (estudiantes, académicos y funcionarios) hasta el Golpe de Estado de 1973.

Lo que instala la dictadura años después, principalmente a partir de la contrareforma de 1981 y la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza en 1990, es un modelo que produce una universidad gobernable, marcada por su desinterés social y su despolitización, financieramente jibarizada, cuya actividad académica sufre crecientes procesos de tecnocratización y que, de forma general, se convierte en una universidad-empresa crecientemente integrada a los circuitos empresariales de generación de rentabilidad en el capitalismo contemporáneo. Es un modelo no privativo de las universidades privadas.

Ya no es una universidad para la justicia social, no es una universidad para el bien común (cualquiera sea el contenido de esa superstición), ni siquiera es una universidad para el mercado en sentido general; es, sencillamente, cada vez más, una universidad para las empresas. Es por ello que la empleabilidad se ha convertido en el gran mecanismo productor de sentido que organiza lo vocacional y que define en amplia medida lo que se entiende porcalidad, y que por tanto se acredita.

Un crecimiento descontrolado

Según cifras del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), la matrícula universitaria de pregrado pasó de 108.049 estudiantes en 1984, a 645.335 en 2013. De ellos, en 1984 sólo 2.708 estudiantes estaban matriculados en universidades privadas, mientras que en 2013 lo estaban 349.693. De ese modo, entre 1984 y 2013 tenemos un incremento de la matrícula universitaria de pregrado de un 597%, donde la proporción de estudiantes de universidades privadas pasó de un 2,5% a un 54,2%.

Es en este último conjunto de instituciones donde se viene configurando una Zona de Sacrificio, compuesta por un importante conjunto de universidades que por diferentes razones se encuentran en serio riesgo de subsistencia, dejando a sus estudiantes, trabajadores y académicos en una complicada indefinición.

Dada la envergadura de esta franja crítica, debe hablarse ya de una crisis de grandes proporciones en el sistema universitario. Si hace uno o dos años se trataba de una o dos universidades, hoy son veinte, y dentro de ellas, resulta impresionante la cantidad de estudiantes que permanecen en una situación imprevisible.

En términos generales, las universidades que conforman esta Zona de Sacrificio son también aquellas que tienen menos recursos financieros y están menos vinculadas a espacios de poder económico y religioso en nuestra sociedad.

En el campo opuesto se ubican las universidades católicas y las “cota mil”, que en general se dedican a la formación de las elites y los sectores de más altos ingresos. En un reportaje de 2013, Ciper Chile mostraba que las instituciones con más recursos eran las que recibían más donaciones. El filtro más claro era de tipo ideológico. Entre 2001 y 2011 las universidades recibieron 191 mil millones de pesos gracias a la Ley de Donaciones. De ellos, el 46% se concentró en universidades católicas, particulares y enfocadas a la formación de jóvenes de estratos altos: la Universidad de Los Andes ($45 mil millones) y la Universidad Católica ($43 mil millones). El monto restante se repartió entre las universidades de Chile ($26,3 mil millones), Alberto Hurtado ($9 mil millones), Del Desarrollo ($7,3 mil millones), Técnica Federico Santa María ($6 mil millones), Adolfo Ibáñez ($5,8 mil millones), Austral ($4,4 mil millones), Andrés Bello ($4 mil millones) y Finis Terrae ($4 mil millones).

Universidad ARCIS, ¿botón de muestra?

La crisis de la universidad ARCIS permite apreciar de forma particularmente nítida varios de los aspectos que hoy conforman la crisis de las universidades privadas. Se trata de una universidad cuyo primer intento de acreditación fue rechazado, y que luego logró acreditarse un par de veces por espacio de dos años (2010-2012, 2012-2014). El período actual vence en noviembre de este año y resulta cuando menos sintomático que la información sobre el envío del informe para renovar la acreditación haya circulado en el mismo comunicado de rectoría donde se informa que en los primeros días de junio comenzarán a pagarse los sueldos que se adeudan por dos meses, así como los impuestos pendientes de pago en el proceso de declaración de renta.

Un reciente comunicado de las tres principales organizaciones movilizadas, el Sindicato Histórico de Trabajadores Universidad Arcis (Nº 1), el Colectivo de Profesorxs Autoconvocadxs y el Consejo de Delegados de Estudiantes, sostiene que “los problemas de gestión económica son una situación reiterada, que da cuenta que el problema real trasciende la frontera puramente administrativa, y se traslada hacia el plano también político institucional de la Universidad” y que la resolución del problema actualmente agudizado por tanto, requiere la instalación de “un gobierno triestamental y democrático, elegido por el conjunto de la comunidad universitaria”.

De ese modo, la crisis de ARCIS reúne tanto las consecuencias de antiguos problemas financieros y una constante deficiencia en las políticas de gobierno universitario, con el empuje de una comunidad en proceso de organización por instalar un proceso participativo real en el gobierno universitario. Se trata de una situación abierta sobre la que ronda como un fantasma la figura del administrador provisional.

¿Para qué un “administrador provisional” o un “administrador de cierre”?

Respondiendo a la presión de las movilizaciones de 2011 y 2012, Sebastián Piñera firmó el 8 de enero de 1013 el proyecto de ley que reemplazaría la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por la Agencia Nacional de Acreditación (ANA), lo que vendría a endurecer los mecanismos de control e impedir que se siguieran acreditando universidades de mala calidad. Todo ello quedó desechado sin embargo a la llegada del actual gobierno, que suspendió la tramitación de todos los proyectos de ley sobre educación, a la espera del envío de la reforma.

El primer momento de esa trayectoria está constituido por en el envío al Congreso del proyecto de ley que crea el administrador provisional u administrador de cierre de instituciones de educación superior, el pasado 5 de mayo, y que arranca del reconocimiento que es necesario “corregir las deficiencias del sistema derivadas del débil marco regulatorio relativo a la oportunidad y forma en que deben desarrollarse los procesos de investigación frente una deficiente gestión de las instituciones de educación superior. Del mismo modo apunta a fijar atribuciones expresas para disponer coercitivamente el cumplimiento de las medidas y diligencias que deban adoptarse durante el desarrollo de dichos procesos.”

Dicha argumentación, puesta frente al complejo panorama antes descrito, genera una duda lógica. Si bien la figura del administrador podría ser el modo por el que el ejecutivo puede revertir la atadura de manos del Estado frente a situaciones problemáticas, frente a un panorama de crisis de la amplitud y profundidad del actual, resulta cuando menos una estrategia polémica; principalmente porque estaríamos ante un procedimiento que se presenta como referido a situaciones particulares pero que en los hechos serviría para gestionar una crisis que afecta la estructura global del sistema universitario.

Ese es un problema para el actual gobierno: asumir que el modelo actual de educación superior está en crisis no sólo por la demanda justamente colocada sobre la mesa por los estudiantes de las universidades públicas en las movilizaciones 2011-2012, sino por este muy complicado panorama que afecta a los miles de estudiantes que con su ingreso construyeron la gran expansión de la matrícula universitaria y que sin embargo aún no constituyen una demanda social organizada ni una capacidad de movilización que ponga ese como un problema principal a atender en el actual proceso de reforma educacional.

Esta intervención resulta además bastante resistida por muchos actores del sistema. Es probable que para propietarios complicados con situaciones cada vez menos sostenibles el administrador sea un alivio deseado, pero ciertamente no lo es para estudiantes y académicos interesados en la continuidad de proyectos universitarios con mecanismos participativos.

Constanza Riffo, candidata a la presidencia de la Federación de estudiantes de la Universidad Central sostiene que para “universidades la Central, que a diferencia de la Andrés Bello, no está dentro de las “universidades retail”, el futuro es demasiado incierto.”

“La universidad se financia en base a las matrículas –añade–, los aranceles son los que le inyectan plata directamente, entonces si se queda sin acreditación, tenemos un problema serio porque hoy más del 60% de estudiantes que tienen Crédito con Aval del Estado. Si nos quedamos sin financiamiento estatal vamos a estar en un limbo, ¿cómo nos financiamos?” Frente a ese escenario entiende que pueden ocurrir dos cosas: “o se vende la universidad a un privado, a Laureate International, por ejemplo, o a Norte Sur (DC), que anteriormente ya quiso comprar la universidad. O nos sometemos al interventor estatal, y podemos ser el chivo expiatorio de la Nueva Mayoría y vamos a ser el plan piloto y eso nos causa mucho miedo como estudiantes”, sostuvo Riffo.

Del mismo modo, Rodrigo Casanova, académico de la Universidad ARCIS que engrosa el Colectivo de Académicxs Autoconvocadxs, sostiene que la figura del interventor ha sido “discutida y creemos que hay que introducirle algunas modificaciones, por ejemplo, no creemos que deba ser devuelta a sus antiguos propietarios, o sea, que el Estado no sólo intervenga para sanear la situación económica de las universidades y después puedan devolvérsela. La idea es que se haga cargo del problema de fondo”. Para muchos académicos y estudiantes hoy movilizados en ARCIS, “una vez saneada la institución, debería ser devuelta a la comunidad representativa de la universidad triestamental”, agregó Casanova.

Un tercer caso lo representa la Universidad Andrés Bello, actualmente investigada por lucro. Sebastián Muñoz, presidente de la carrera de Derecho de la sede Santiago, “hoy tenemos un panorama sumamente complicado, el Ministerio (de Educación) está tramitando una ley de administrador provisorio en la cámara de diputados, donde nosotros sabemos que se quiere intervenir todo lo que es de Laureate, una vez comprobadas las investigaciones, que arrojen evasiones tributarias o delito en la fiscalía.”

“Para evitar la intervención, nosotros estamos exigiendo al grupo Laureate que se siente con nosotros y con los distintos estamentos de la universidad, donde invitamos al ministerio que se haga parte también y exigirle a ellos que se vayan y den un paso al costado. Creemos que la universidad se puede manejar sola, no necesita un sostenedor. Una corporación se puede hacer cargo de la universidad, integrada también por docentes”, agregó Muñoz.

Queda entonces por ver el modo en que el gobierno resolverá una crisis de las proporciones descritas y la tendencia con que se irá remodelando el sistema universitario. En las comunidades de muchas universidades privadas, mientras tanto, corre desde ya un colorido aire participativo con tonos de cogobierno.