Ernesto Herrera
Correspondencia
de Prensa, 2-1-2015
Todos los 20 de mayo de
cada año, decenas de miles de personas acuden a la “Marcha del Silencio”
convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Es la única
acción política que en el país consigue reunir a una verdadera multitud. Muchos
concurren para cumplir un ritual de la memoria. Acompañan como homenaje. Pero
dan por laudado el tema. Otros muchos todavía creen que es posible. Reclaman
Verdad y Justicia. Exigen el fin de la impunidad. Condenan el terrorismo de
Estado bajo la dictadura. En su inmensa mayoría son votantes del Frente Amplio (FA)
y adherentes de su programa. Depositaron una esperanza. Pero no dejan de
sentirse burlados. Y así continuarán. La ratificación de Eleuterio Fernández
Huidobro como Ministro de Defensa, es el mensaje. Confirmando qué el gobierno
busca deshacerse del “pasado reciente”.
Sin duda. Fernández
Huidobro, es la cara más execrable de la degradación política y moral. Sus
recientes ataques contra el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y otras
organizaciones de derechos humanos, tanto como su banalización de la tortura,
volvieron a mostrar su hilacha. En esta ocasión, no le alcanzó con descalificar
a los activistas que lo señalan como un artífice de la impunidad. Justificó las
“amnistías” para crímenes de lesa humanidad, porque desde los procesos de Núremberg
“todas las guerras se terminaron de esa manera”.[1] Añadió su lectura contrarrevolucionaria de
las luchas democráticas en el mundo: las revoluciones árabes que derrocaron
dictaduras, la resistencia que se alza contra la tiranía en Siria, y las
movilizaciones en Ucrania, son, a todas luces, operaciones “desestabilizadoras”
promovidas y financiadas por “agencias imperialistas” y “grupos nazis más
viejos que Hitler”.[2]
Nadie debería confundirse. Aunque
su sola continuidad genera repudio, Fernández Huidobro no está solo en la
cruzada pactista entre los “combatientes” de antaño (militares y guerrilleros);
ni en la aspiración de “dar vuelta la página” para “integrar en la sociedad” a
los “soldados de la patria”. Otros “tupamaros históricos” lo acompañan,
encabezados por el presidente José Mujica. Para ellos, cualquier precio a pagar
es barato. Aunque implique enterrar el derecho a Verdad y Justicia.
En el feriado nacional del
18 de mayo de 2011, realizado en la ciudad de Las Piedras (un día después de
condecorar con la “Orden del Ejército” a los ex presidentes Julio María
Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle y Tabaré Vázquez), Mujica lo
dijo sin titubear: “Sabemos que hay dolores ocultos, viejas que lloran por los
huesos de sus hijos, mucho dolor e injusticia, pero no podemos trasladarles a
las nuevas generaciones de militares nuestras frustraciones”. Ninguna sorpresa. Su voluntad era bien
conocida. Hasta un incondicional del campo progresista lo admite: “A Mujica le
hubiera gustado, desde la Presidencia, poner punto final a las investigaciones
sobre el pasado. Le hubiera gustado liberar ‘presos políticos’. Le hubiera
gustado contribuir a dar vuelta la página”.[3]
Todavía está a tiempo de
conseguirlo. Le restan dos meses como jefe de Estado. Por eso no renuncia al
esfuerzo. Tan sólo unos días atrás, a través de Homero Guerrero, su secretario presidencial,
y con la cortada de un informe de la Cruz Roja, volvió a pedir que la Justicia
otorgara el beneficio de “arresto domiciliario” para los militares de la
dictadura presos en la “cárcel especial” de Domingo Arena. Esta vez, el pedido
fue rechazado por un juez. Pero la intención persiste: “Más allá de que Mujica
goza de una inmunidad que no se le permite a Huidobro, durante este período de
gobierno se les ha oído, con frecuencia, alegatos a favor de dar vuelta la
página de una ‘guerra’ de la que ningún ‘combatiente’ debería dar cuenta ante
el Poder Judicial”.[4]
Comprometidos con el
maridaje entre las logias militares y los viejos jefes tupamaros, los gobiernos
del Frente Amplio han decidido mantener lo esencial del andamiaje político-jurídico que garantiza la impunidad,
basado en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (conocida
como Ley de Impunidad)[5] Es el
peaje para avanzar en un proceso de “reconciliación” con las Fuerzas Armadas. Aunque
para ello deba reconocerse, explícitamente, que la honorable Constitución de la
República es un papel amarillento. El propio Tabaré Vázquez “ha reconocido ante
sus propios compañeros no contar con conocimientos cabales en materia de
defensa” y que necesita “un interlocutor con las camarillas de las Fuerzas
Armadas”.[6] Así
que el “mandato sagrado” de la Carta Magna es puro cuento. El Comandante de las
Fuerzas Armadas, o sea, el Presidente de la Republica, comanda no se sabe qué
cosa. Por eso delega.
Al finalizar la reunión con
el “compañero ministro” (lunes 29 de diciembre, en la sede del Ministerio de
Defensa), la presidenta del FA, Mónica Xavier (Partido Socialista), manifestó
que salió “muy conforme” con el resultado del encuentro, al que concurrió
acompañada por los tres vicepresidentes: Juan Castillo (Partido Comunista),
Ivonne Passada (Movimiento de Participación Popular) y Rafael Michelini (Nuevo
Espacio), y por el secretario político de la coalición, Gerardo Rey. Las
explicaciones del ministro (sobre sus
ataques e insultos al Serpaj), fueron de recibo y en “ningún momento” se habló
de “remoción”. Tabaré Vázquez lo mantendrá en el cargo. El Consejo de Ministros
le dio su aval. Es el delegado idóneo. Conoce el tema “desde adentro” y los
milicos, según el mismo, lo “adoran”.[7] En
todo caso, acordaron con el presidente electo “bajar el perfil” de la polémica.
Fernández Huidobro no hará nuevas declaraciones sobre el tema.
La reunión sirvió para
disipar la “tormenta” creada en el partido de gobierno. Mejor dicho: ponerle
punto final a las “contradicciones” y, de hecho, fortalecer la posición de
Fernández Huidobro.[8]
Por más que las “redes frenteamplistas” y
algunas figuras de “la nueva política” muestren su “indignación” y continúen
criticando la gestión del Ministro de Defensa. Más pronto que tarde se irán
callando. Porque se sabe: este club de simuladores que a veces disiente “por la
izquierda” o apela a los “acuerdos programáticos”, termina,
en cuestiones fundamentales (economía, seguridad pública, políticas sociales,
derechos humanos, etc.) agachando la cabeza. La “unidad frenteamplista”, la
carrera política y los beneficios materiales valen mucho más que cualquier
principio.
Empezando
a perdonar
Nada se aparta de lo
trillado. Durante la administración Tabaré Vázquez, la Ley de Impunidad se
mantuvo intocada: el gobierno pudo haberla derogado (tenía la mayoría
parlamentaria necesaria) pero prefirió que -por vía de su artículo 4º-, algunos
pocos represores y golpistas fueran procesados, y que se iniciaran las
excavaciones en los cuarteles para encontrar restos de detenidos-desaparecidos.
Las cosas no cambiaron en la administración Mujica. La “Ley Interpretativa”
(impulsada por algunos sectores del partido de gobierno) no consiguió siquiera
los votos de todos los parlamentarios del Frente Amplio. Por tanto, la Ley de Impunidad
sigue vigente. Ni siquiera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) fue acatada[9]
El malestar en las organizaciones
de derechos humanos ya era palpable desde tiempo atrás. A tal punto, que desde
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se denunciaba no sólo un “vacío
aberrante” en la investigación de los crímenes de la dictadura, sino incluso un
“retroceso” en la política de derechos humanos del gobierno de Mujica en
relación al gobierno derechista de Jorge Batlle: “La discusión actual nos
retrocede a antes de Batlle, porque se desestima algo que ya estaba saldado
política y científicamente: no hubo una guerra y sí terrorismo de Estado”.[10]
Para Mujica siempre se
trató de que las Fuerzas Armadas pudieran saldar sus “deudas del pasado”.[11]
Un eufemismo que puede traducirse en golpe de Estado, doce años de dictadura, innumerables
crímenes. Esas “deudas”, decía su amigo y secretario presidencial Alberto Breccia
(1946-2014), había que empezar a perdonarlas. Porque “este es un país que tiene
todavía que trabajar mucho en materia de perdón”. Parece lógico. A tono con la
aspiración que Mujica ha reiterado más de una vez. Su “modelo” es el que
impulsó Nelson Mandela (1918-2013) en Sudáfrica para dejar atrás las “deudas”
del régimen de apartheid: verdad, arrepentimiento, reconciliación. Nadie preso.
Podría ser también el “modelo” aplicado en Angola, luego de la cruenta guerra
civil: reconciliación como olvido, reconciliación como perdón.
La designación de Eleuterio
Fernández Huidobro (julio de 2011) como Ministro de Defensa, fue un paso
decisivo hacia ese “perdón”. Para ir dando vuelta la página. “No tengo más remedio que apelar a algún
cuadro de la guardia vieja, porque necesito confianza política y capacidad”,
argumentó Mujica días antes de anunciar su designación.[12]
Fernández Huidobro,
retribuyó la confianza: “soy un soldado de Mujica y obedezco”.[13] En
su primer discurso como Ministro de Defensa, abogó por “la dignificación y
profesionalismo de las FFAA”. Afirmó que la pobreza y la miseria son los
primeros enemigos del país: “es la única guerra que reconocemos”. Sostuvo que
la defensa nacional es un tema de civiles y militares y manifestó que durante
su período al frente de la cartera no ejecutará una “cacería de brujas”. Y sentenció: “Vamos a propugnar que esta
relación sea cada días más íntima. Que el pueblo sienta propias a las Fuerzas
Armadas y las Fuerzas Armadas se sientan parte del pueblo”.[14]
El presidente del Centro
Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, al conocer la designación del antiguo
adversario, subrayó: “No es un outsider, es un individuo que sufrió y pasó las
cosas por su acción guerrillera”.[15] Por tanto, cuenta con la legitimidad de un
interlocutor confiable. Igual que en 1972, cuando en el Batallón Florida se reunía
con los mandos del Ejército para negociar -desde la debacle política y militar
del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN)-, un “alto el fuego”. Sus
antecedentes lo avalan. El actual ministro sabe de qué se trata a la hora de
pactar con los “combatientes” del otro lado de la trinchera. Como se hace en
toda “guerra”.
Con
el garrote en la mano
En enero de 1971, se
conoció el Documento Nº 5 del MLN, un texto de indudable carácter estratégico.
En su punto 8 decía: “Las Fuerzas Armadas de algunos países han demostrado que
frente al atraso de las masas y a la inexistencia de un fuerte proletariado
pueden asumir el rol de vanguardia y partido (por ser el sector más poderoso,
moderno, templado, coherente y disciplinado), desempeñando un buen papel en la
defensa de la soberanía, la independencia y el desarrollo. Por ello, las FFAA
no pueden ser descalificadas masivamente y no puede renunciarse a la política en
su seno”.[16]
Hasta la elaboración del
Documento Nº 5, afirma Jorge Zabalza, “en el MLN (T) nadie tenía dudas al
servicio de cuales intereses estaban las fuerzas armadas en la sociedad de
clases”. Porque, “el MLN (T) siempre tuvo una política muy afinada hacia el
ejército, pero sin confusiones sobre su rol en el sistema ni con falsas expectativas políticas. Los
tupamaros fuimos educados en el ejemplo de los guerrilleros cubanos que
conquistaron el poder luego de derrotar al ejército de Batista, una revolución hecha ‘contra’ las fuerzas
armadas. En ese sentido, el documento No 5 introdujo la posibilidad de hacer la
revolución ‘con’ las fuerzas armadas, idea que determinó un cambio muy
significativo entre las que se manejaban al interior de la organización”.[17]
Con Mujica en la
presidencia y Fernández Huidobro en el ministerio de Defensa, continúa Zabalza,
“la tesis del documento No 5 parece haber encontrado grandes espacios para
echarse a volar y desarrollarse en todo su esplendor. De sus dichos se infiere
que siguen pensado lo mismo, que los militares están en condiciones de
desempeñar un papel de vanguardia en la defensa de la soberanía, la
independencia y el desarrollo. Los que continúan fieles a Marenales, Huidobro y
Mujica, están convencidos que los cambios en serio sólo pueden concretarse con
el respaldo de ese partido disciplinado y vertical, otro gigante estúpido, pero
acostumbrado a obedecer y mandar sin chistar y sin escrúpulos”.[18]
El 9 de febrero de 1973
(cuando el golpe de Estado ya estaba en gestación), las Fuerzas Armadas
hicieron públicos los “Comunicados 4 y 7”. Fueron recibidos entusiastamente por
el Partido Comunista que, por boca de su principal teórico Rodney Arismendi
(1913-1989), proponía “el frente único entre el overol, la sotana y el uniforme”.
Igual postura asumieron Liber Seregni (1916-2004) y otras fuerzas del Frente
Amplio así como la dirección de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT)
hegemonizada por el estalinismo. Según todos ellos, el pronunciamiento
expresaba la existencia de una corriente de pensamiento “peruanista” (progresista)
en el seno de las Fuerzas Armadas. Había que apoyarla. Tiempo después, los
propios militares reconocerían que los comunicados habían servido para
“neutralizar” a la izquierda en su camino hacia la dictadura. Y algo más: que
algunos de los temas económicos que se evocaban eran resultado de las
negociaciones con los tupamaros en el Batallón Florida.[19]
Aquel primer ensayo fracasó.
El intento de “tupamarizar” al Ejército -para integrarlo a un proceso de
“desarrollo nacional”-, no tuvo lugar. Las negociaciones se cortaron al poco
tiempo de iniciadas y el MLN sufrió la más salvaje de las represiones. Pero los
tiempos cambiaron. Los presos políticos de entonces, destrozados por la
tortura, ahora gobiernan y gozan de la respetabilidad que asigna la función de
Estado. Mientras que las Fuerzas Armadas ya no son el “brazo armado de la
oligarquía” sino que son “leales” al poder civil progresista. Lo que impone un
mandato en “defensa de la soberanía” del país”. Los intereses estratégicos
vitales (políticos, económicos, medioambientales) exigen “la colaboración
estrecha entre civiles y militares”, insiste Fernández Huidobro. Se trata de
establecer un nuevo pacto. Sin planteos subversivos ni desvaríos golpistas.
Respetando el “Estado de derecho” y la democracia de mercado. Es decir, el
orden que establece el capital.
Al ser una pieza clave de
ese orden, las Fuerzas Armadas como corporación del aparato de Estado, no
deberían ser el blanco de una interpelación permanente. Mujica y Fernández
Huidobro, los símbolos más icónicos de la espantosa metamorfosis de identidad de
los tupamaros oficiales, entienden, como cualquier burgués o general, el
engranaje de dominación. El presidente no se anda con rodeos: “El Poder
Ejecutivo está constituido cuando tiene el Ministerio de Interior y el
Ministerio de Defensa. Cuando tiene el garrote en la mano, ahí está
constituido”.[20]
El
compromiso progresista
Por ello es tan decisivo
“restablecer la confianza de la sociedad en sus Fuerzas Amadas”. Comenzando por
“dar vuelta la página” y terminar con los “desencuentros entre orientales”.
Ofreciéndoles a los “soldados de la patria” la “cancelación de sus deudas”. Para
ese objetivo, el papel de los exjefes guerrilleros ha sido fundamental, incluso
la derecha no vacila en reconocerlo: “Paradójicamente, tuvo que llegar un
gobierno encabezado por un extupamaro, como José Mujica, y un Ministerio de
Defensa al mando de integrantes de las mismas filas Eleuterio Fernández
Huidobro y antes Luis Rosadilla- para que los militares lograran sentirse
cómodos y encontrar interlocutores de la coalición de izquierda confiables,
producto de una relación particular.[21]
Justo es decirlo. La
espantosa metamorfosis de identidad no alcanzó a centenares de militantes del
MLN, entre los cuales algunos del tronco fundacional. Por el contrario, prefirieron
romper filas y mantenerse en la senda revolucionaria. No firmaron el acta de
rendición. Sin embargo, también ellos, son la prueba viviente de una
inocultable “derrota estratégica” que afecta no solo a miles de luchadores sociales,
sino al proceso de reconstrucción de una izquierda anticapitalista en el país.
Evidente. Los tupamaros
oficiales, que visten de gobernantes, no cargan con toda la culpa. Se
especializan, es cierto, en todo tipo de intrigas fraccionales, zancadillas oportunistas,
prácticas conspirativas, métodos policíacos. Y, sobre todo, se sienten cómodos
en el mundo subterráneo de las cloacas políticas, donde el pactismo y la
traición operan y se retroalimentan. Pero esto, que no es nuevo, se sirve de un
“acuerdo programático” que le da oxígeno: el compromiso del progresismo con la
impunidad. Asumido (y remachado) en el Congreso del Frente Amplio de 2003. Por
tanto, es este dispositivo antidemocrático el que resguarda tanto la impunidad
del terrorismo de Estado, como el encubrimiento de las bajezas que se traman en
las cloacas. El progresismo, como fuerza política del orden burgués, tiene toda
la responsabilidad. Sin olvidar que, como en las dos administraciones
anteriores, continúa con la mayoría parlamentaria. Es decir: podría, si se lo
propone, derogar sin más la Ley de Impunidad. Ya lo sabemos, no es un tema de
agenda. Aunque bien valdría preguntarles a los simuladores si, finalmente,
rompiendo con la “disciplina partidaria”, tomarán alguna iniciativa al
respecto. Legisladores tienen. Solamente les faltan unos gramos, apenas eso, de
valentía política.
El martes 30 de diciembre,
una pequeña manifestación (poco más de 200 personas) se concentró ante el
Ministerio de Defensa. Fue convocada por la Asociación de Docentes de Educación
Secundaria (Ades) y la Federación Nacional de Profesores de Educación
Secundaria (Fenapes) y apoyada por unas pocas organizaciones sociales. Exigió
la renuncia de Fernández Huidobro y el fin de la impunidad. Protestó. Lo que
tiene un indudable valor político. Sobre todo cuando una mayoría del electorado
acaba de pronunciarse “a favor del presente” que ofrece el Frente Amplio. La
imagen no podría contrastar mejor la perspectiva. El progresismo que gobierna, sentado
en la amplia conformidad social y el consentimiento político. La izquierda que
resiste, aferrada a luchar contracorriente.
[1] Entrevista en Búsqueda,
24-12-2014.
[2] Ibídem.
[3] Adolfo Garcé, “Salió
perdiendo”, El Observador, 26-3-2011.
[4] Ricardo Scagliola,
“Ministro en el ojo de la tormenta”, Brecha, 26-12-2014.
[5] Ratificada por la mayoría
del electorado en los Plebiscitos de 1989 y 2009.
[6] Ibídem.
[7] Entrevista en Búsqueda ya
citada.
[8] Ricardo Scagliola,
“Demasiado verde”, Brecha, 2-1-2015.
[9] La Corte IDH al
pronunciarse en el caso de la desaparición de María Claudia García -nuera del
escritor argentino Juan Gelman (1930-2014) y madre de Macarena Gelman, diputada
electa del Frente Amplio-, sentenció que “la ley de Caducidad carece de efectos
de incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la
investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de
derechos humanos”.
[10] Entrevista a Ignacio
Errandonea, Gimena Gadea y Eduardo Pirotto, Brecha, 20-5-2011.
[11] Entrevista en Brecha,
25-2-2011.
[12] Citado por El País,
16-7-2011.
[13] Citado por La República,
16-7-2011.
[14] Citado por Uypress
(Agencia Uruguaya de Noticias), 27-7-2011.
[15] Declaraciones a El País,
19-7-2011.
[16] Documento N° 5 del MLN,
enero de 1971.
[17] Jorge Zabalza, “Relaciones
Íntimas”, Voces, 28-7-2011.
[18] Ibídem.
[19] Alfonso Lessa, “El pecado
original. La izquierda y el golpe militar de febrero de 1973”, Sudamericana,
Montevideo, 2012.
[20] Entrevista en La Diaria,
19-3-2013.
[21] Fernando Amado, “Bajo
Sospecha. Militares en el Uruguay democrático”. Sudamericana, Montevideo, 2013.
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