UN GRAN MOVIMIENTO CIUDADANO EN DEFENSA DEL PATRIMONIO PESQUERO DE TODOS LOS CHILENOS
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El Proyecto de Ley de Pesca entrega los recursos pesqueros de todos los chilenos a siete familias de grandes industriales
Chile tiene 3,6 millones de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales, siendo el séptimo país con mayor volumen de desembarques pesqueros a nivel mundial. Sin embargo, esta riqueza marítima y patrimonio de la Nación no está al servicio de los intereses de todos los chilenos.
El continuo saqueo de recursos hidrobiológicos, como peces, moluscos, crustáceos y algas, ha llevado al colapso a casi el 70 por ciento de las pesquerías nacionales[1]. Esta dramática situación deja en evidencia que la capacidad de sustentación y recuperación de los ecosistemas marinos ha sido superada, como consecuencia de décadas de malas políticas y administraciones públicas, la falta de control ciudadano y un irresponsable accionar industrial.
A lo anterior se suma la percepción de que el Estado, el Parlamento y la autoridad pesquera, se encuentran secuestrados por los intereses corporativos de la gran industria de pesca y acuicultura, así como del sector financiero. Hoy, el actual Ministro de Economía y candidato presidencial, Pablo Longueira, intenta entregar de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad de los peces de la Nación a siete familias de industriales pesqueros.
De imponerse en el parlamento el proyecto de Ley Longueira, constituirá uno de los mayores actos expropiatorios de bienes públicos que pertenecen a todos los chilenos, vulnerando los derechos de la presente y las futuras generaciones de ciudadanos del país.
EXIGIMOS UNA NUEVA GOBERNABILIDAD PARA NUESTRO MAR Y SUS RECURSOS
La conservación y administración justa y sustentable de los recursos y ecosistemas marinos constituye uno de los principales desafíos que debe enfrentar la sociedad chilena de cara al siglo 21. Los peces son vitales para la mantención y funcionamiento de los ecosistemas marinos, la soberanía alimentaria, la generación de empleo, el desarrollo sostenible y equitativo de las regiones costeras y la identidad cultural, entre otros aspectos.
La actual institucionalidad y legislación pesquera ha permitido que las autoridades de turno actúen de manera excluyente, irresponsable, discrecional y sin transparencia en la administración de los recursos hidrobiológicos que pertenecen a toda la Nación. Esto ha puesto en jaque la sostenibilidad y acceso equitativo a estos recursos, comprometiendo gravemente nuestro patrimonio pesquero, aumentando la pobreza, inequidad y exclusión social en las áreas costeras, como resultado de procesos de concentración económica y "cartelización" del sector pesquero nacional.
Chile necesita una profunda transformación de la institucionalidad pesquera. Por ello urge construir una nueva gobernabilidad para nuestro mar y sus recursos, sobre la base de una amplia alianza que involucre entre otros a ciudadanos organizados, estudiantes, pescadores artesanales, pueblos originarios, pequeños y medianos empresarios, científicos, académicos y consumidores, con el fin de impedir el actual intento de expropiación del patrimonio pesquero del país, y abrir espacios para avanzar unidos en la adopción de políticas de conservación de la biodiversidad y ecosistemas acuáticos, equidad, acceso y uso eficiente de los recursos hidrobiológicos, mejorar la alimentación nacional, generar de fuentes de trabajo estables y de calidad, reforzar la justicia social, el fortalecimiento de las comunidades costeras y pueblos originarios, y los derechos y necesidades de las generaciones futuras.
En ese contexto, hacemos un urgente llamado al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a tomar el control de esta situación, y establecer independientemente de los grupos de presión, un sistema de administración pesquera que vele por la sustentabilidad de los recursos marinos, la equidad en el acceso, uso eficiente y la distribución justa de sus beneficios.
Proponemos y exigimos:
1. El reconocimiento de la propiedad del Estado sobre los recursos hidrobiológicos
El Estado debe reconocer su dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción. Rechazamos que el proyecto de Ley Longueira entregue cuotas individuales de pesca, de carácter gratuito, indefinido y plenamente transables a un puñado de grandes industriales, los que a su vez podrán transarlas en el mercado a inversionistas extranjeros, amenazando la soberanía marítima del país.
2. Iniciar un amplio proceso de información pública y consulta ciudadana.
Una política pesquera democrática de cara al siglo 21 debe tener como objetivo principal el uso justo, sustentable y eficiente de los recursos marinos de la Nación, de manera que estos bienes públicos generen el máximo bienestar posible para las actuales y futuras generaciones. Es necesario que en esta discusión participe de manera protagónica la ciudadanía organizada e informada. La tramitación de la ley en el parlamento debe realizarse de cara el país, rechazando la presión de los grandes industriales y las ofertas de financiamiento electoral a los diferentes candidatos políticos.
3. Fortalecer el papel del Estado y la participación ciudadana en las políticas de protección, acceso y uso sostenible y equitativo de los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas acuáticos.
Es fundamental fortalecer el papel del Estado en la generación de políticas de acceso y uso a los recursos hidrobiológicos, así como las actividades de regulación y monitoreo, investigación científica, fortalecimiento del sector artesanal y de las Pymes pesqueras, y defensa de los derechos de género, laborales y de los pueblos costeros originarios.
El Estado debe adoptar de manera urgente medidas de regulación y control pesquero, incluyendo la aplicación de moratorias extractivas, necesarias para la recuperación de la salud y productividad de nuestro mar y sus recursos. Esto, frente al hecho que el 49 por ciento de las pesquerías chilenas administradas bajo el sistema de Límites Máximos de Captura por Armador (cuotas individuales transferibles de pesca), se encuentran colapsadas, y un 18% restante, están siendo explotadas más allá de sus límites recomendados.
4. Integrar al sector pesquero a una estrategia nacional de seguridad y soberanía alimentaria
Se debe integrar al sector pesquero y de acuicultura a una estrategia de salud pública y seguridad alimentaria, mediante políticas de promoción de una alimentación sana a la población, la cual asegure, especialmente a niños, estudiantes, tercera edad y sectores vulnerables, el acceso masivo y a bajo precio a esta fuente de alimentos de alta calidad biológica, poseedora de altos niveles de proteínas, minerales y de ácidos grasos poliinsaturados.
5. Realizar un manejo basado en el principio precautorio y enfoque ecosistémico de las pesquerías nacionales
Avanzar hacia un enfoque de manejo multi-específico de las pesquerías nacionales, basado en la incorporación del enfoque eco-sistémico y la aplicación del principio precautorio, junto al de la eficiencia energética y uso intensivo de mano de obra de las comunidades costeras locales. Rechazo a la aplicación del concepto de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), ya que este enfoque es el responsable del actual colapso de las pesquerías chilenas.
6. Fortalecer una política de investigación científica que garantice una administración sustentable.
Es imprescindible el fortalecimiento de una política nacional de investigación científica, pública, autónoma y de carácter vinculante, esencial para la generación de políticas de administración sustentables de las pesquerías nacionales.
Se debe crear un instituto de investigación pesquera del Estado, autónomo de las presiones corporativas, altamente profesionalizado, y que cuente con financiamiento adecuado.
Paralelamente, es necesario establecer medidas de control y transparencia que obliguen a las autoridades e instancias resolutivas, a la adopción de medidas de conservación y manejo en base a la mejor información científica disponible, fuera de las tradicionales presiones de los grupos de interés.
7. Transparencia y control ciudadano sobre las políticas y decisiones públicas
Se requiere eliminar las facultades resolutivas de los consejos nacionales y zonales de pesca, en cuya composición están representados de manera importante y mayoritaria los intereses de los grandes industriales. A su vez se rechaza el establecimiento de 11 “comités científicos” cuyos integrantes serán nominados discrecionalmente por el gobierno de turno bajo influencia industrial. Demandamos establecer procesos de participación ciudadana vinculantes y mecanismos de control público sobre el accionar de las autoridades y funcionarios del sector de la pesca, acuicultura, medio ambiente y salud pública.
8. Ampliar el reconocimiento exclusivo de las cinco millas costeras para las actividades de la pesca artesanal
Se debe establecer el cierre definitivo y la ampliación de las 5 millas costeras como zona de exclusividad para las actividades de la pesca artesanal, de manera de asegurar la conservación de la biodiversidad marina y manejo responsable de los recursos hidrobiológicos, en toda la costa del país, incluidas aguas interiores.
Es necesario considerar, al momento de establecer medidas de manejo, las diferentes realidades socio-económicas y ambientales existentes a nivel de las pesquerías artesanales regionales. Se debe velar por los derechos económicos, sociales, humanos y culturales de los pescadores de pequeña escala y sus comunidades, con el fin de garantizar la estabilidad y gobernabilidad a largo plazo de las áreas costeras del país. Se requiere declarar como pesquerías artesanales a los recursos sardinas, anchoveta, merluzas, congrios, pejegallo, tollo, raya y jibia, entre otras.
9. Asegurar el derecho de los pueblos originarios al acceso y uso de los recursos pesqueros
Es un deber asegurar el derecho de los pueblos originarios al acceso y uso de los recursos pesqueros y del litoral costero, así como el reconocimiento de los usos ancestrales de recursos y territorio costero, teniendo en cuenta la Ley Lafkenche (Ley 20.249), la obligación del Estado de Chile de cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas.
10. Prohibición de la pesca de arrastre
Debe existir selectividad en las artes y métodos de pesca, prohibiendo la pesca de arrastre en aguas chilenas, por ser uno de los métodos más destructivos de extracción pesquera que amenazan gravemente la conservación de la biodiversidad marina en general y sus hábitat.
11. Terminar con la concentración de la pesca en manos de siete familias de grandes industriales.
Se deben establecer mecanismos de subasta progresiva de un porcentaje de la fracción de pesca industrial, para asegurar el acceso a los recursos pesqueros de las plantas procesadoras pequeñas y medianas, pudiendo acceder empresas que sólo realicen procesamientos en territorio nacional. La normativa debiera establecer requisitos de sustentabilidad social, ambiental y económica para acceder a la pesca industrial.
La incorporación de nuevos actores industriales debe asegurar mayor empleo y el aumento de inversión e innovación en productos de mayor valor agregado, además de mejores precios para los productos de la pesca artesanal.
12. Fomentar la asignación eficiente y equitativa de los derechos de acceso y uso de recursos perteneciente a todos los chilenos.
Permitir que el Estado y las zonas donde se desarrolla la actividad pesquera participen de las rentas generadas por dichos recursos pesqueros. Desde el punto de vista de la justicia distributiva, la transferencia de parte de las rentas que generan los recursos del mar, deben tener como destino el fortalecimiento de las comunidades costeras, pueblos originarios y pesca artesanal, el incremento de los fondos de desarrollo regional, la educación y salud pública ,vivienda y previsión social, entre otros.
La actividad pesquera industrial debe retribuir al conjunto de la sociedad chilena - por razones de equidad y eficiencia-, debido a que utiliza masivamente recursos naturales que son bienes que pertenecen a todos los chilenos. Esta retribución debe efectuarse mediante el pago de patentes, la subasta de un porcentaje de las futuras cuotas industriales de pesca, e impuestos equivalentes a los valores de las subastas para quienes reciban cuotas sin licitación[2].
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[1] Estado de las principales pesquerías nacionales. Aspectos biológicos-pesquero. 2010. Subsecretaría de Pesca. Ministerio de Economía. 171 págs. Santiago de Chile. El ejemplo más evidente de colapso es el que afecta al jurel (Trachurus murphiyii), principal pesquería chilena, cuyos desembarques han caído desde 4.500.000 toneladas anuales (1995) a 244.000 mil toneladas el 2012.
[2] Desde 1991, la legislación pesquera contempla la posibilidad que Subpesca licite un 5% de las cuotas de pesca anualmente. Dicha licitación prometía múltiples ventajas: transferir parte de las rentas al Estado, facilitar el ingreso de actores más productivos y utilizar las posturas ganadoras para ajustar los valores de las patentes pesqueras a los vaivenes del mercado. Nada de esto sucedió. No han habido licitaciones y el valor de las patentes ha permanecido en niveles que las mismas empresas reconocen como bajo.
DECLARACION POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL PATRIMONIO PESQUERO DE LOS PUEBLOS DE CHILE
En Queule, Comuna de Tolten, Región de la Araucanía, con fecha 27 de julio de 2012, los representantes de los hombres y mujeres del pueblo pesquero artesanal, pueblos originarios, los dirigentes de los estudiantes secundarios y universitarios, académicos, y de las diversas organizaciones ciudadanas reunidas en la localidad costera de Queule, en el limite de las Regiones de La Araucanía y de Los Ríos, ante el avance autoritario, inconsulto y antidemocrático de la Ley Longueira, que tiende a privatizar el patrimonio pesquero de los pueblos de Chile, expresamos lo siguiente:
1.- Los hombres y mujeres de la pesca artesanal, pueblos originarios, estudiantes secundarios y universitarios y organizaciones ciudadanas reforzamos nuestra lucha por la defensa de la vida, es por esto que llamamos a rechazar la idea de legislar el proyecto Longueira.
2.- Reforzamos que los recursos marinos son patrimonio de los pueblos de Chile, tanto para las actuales como futuras generaciones y declaramos que el Estado de Chile tiene propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos del mar. El Estado debe cumplir con el deber de velar por la preservación, conservación y recta administración de los recursos existentes en las aguas jurisdiccionales de Chile.
3. Rechazamos tajantemente la forma como el Ministro de Economía, Pablo Longueira, ha venido, de manera autoritaria, inconsulta y antidemocrática, imponiendo la entrega gratuita y a perpetuidad del patrimonio pesquero nacional a un reducido grupo de familias de industriales pesqueros que representan a cuatro conglomerados, que a la vez son los responsables de la sobreexplotación y colapso de las pesquerías de aguas chilenas.
4. Rechazamos de igual manera el “acuerdo Longueira”, firmado en septiembre de 2011 por dirigentes de Conapach, Confepach, los pesqueros industriales y el gobierno a través del ministro Longueira.
5. Exigimos a Camilo Escalona, presidente del Senado, a cumplir el compromiso hecho el día 7 de junio de este año, con ocasión de la fundación del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero Artesanal, en donde comprometió a 21 senadores que respaldarían a la pesca artesanal, para que cumpla su compromiso. Por tal motivo los instamos a que repongan la indicación al proyecto de ley que plantea que “el Estado de Chile tiene propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos del mar”, y que sometan el proyecto Longueira a examen de constitucionalidad en la Comisión de Constitución del Senado y eventualmente requieran al Tribunal Constitucional de Chile.
6. Exigimos de igual forma que el Senado y la Comisión de Constitución y Justicia cumplan con la letra y espíritu del Convenio 169 de la OIT, en concordancia con las normas de la ley 20.249, la declaración de derechos indígenas de la ONU, respecto de los derechos de los pueblos originarios, concernientes a este proyecto de ley, que han sido vulnerados por el proyecto Longueira.
7. Llamamos a defender y ampliar las áreas de protección y reserva para la defensa de los recursos de la pesca artesanal en todo el país.
8. Demandamos que las algas, además de algunas pesquerías que existen en las costas y estuarios sean de exclusiva explotación de la pesca artesanal.
9. Exigimos la eliminación de todo arte de pesca no selectivo, como el caso de las redes de pesca de arrastre.
10. Llamamos a todos los sectores sociales, políticos, culturales, religiosos, a los estudiantes, a los pueblos originarios, trabajadores, dueñas de casa y todo tipo de organizaciones comunitarias a comenzar una amplia discusión y movilización nacional para construir una política pesquera democrática y participativa orientada a que la renta de los recursos del mar vayan en beneficio de todos los chilenos, especialmente del sector pesquero artesanal. Creemos que ellos deben jugar un papel clave en los aspectos de soberanía alimentaria, el financiamiento de aspectos como la educación pública, los servicios de salud y de vivienda.
- Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero Artesanal. (CODEPPA)
- Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Región de Los Rios
- Sindicato de Pescadores y Buzos Artesanales de Queule, Región de La Araucanía
- Cooperativa de Pescadores Artesanales de Queule, Región de La Araucanía
- ONG Conservación Marina
- Sindicato Ruka Leufu, Puerto Saavedra, Región de La Araucanía
- Sindicato Nueva Costanera, Puerto Saavedra, Región de La Araucanía
- Identidad Territorial Lafkenche
- Mapuexpress
- Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos Mapuche
- Unión Nacional de Estudiantes (UNE)
- Radio del Mar
- Ecoceanos
- Comisión Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero
- ASES VALDIVIA, Asamblea de Estudiantes Secundarios
- Asociación de Comunidades Lafkenche de la Comuna de Mariquina, Región de Los Rios
- Asociación de Comunidades Lafkenche Manquian Cura, Región de Los Rios
- Comnunidad Mapuche Villa Nahuel, Región de Los Rios
- Comunidad Mapuche Rehue Lafken, Región de Los Rios
- Comnunidad Mapuche Leufu Mapu, Región de Los Rios
- Comité Defensa del Mar de Mehun, Región de Los Rios
- Federación de Pescadores Artesanales Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O'Higgins
- Sindicato de Pescadores Artesanales de La Barra, Región de La Araucanía.
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