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El gigantesco incendio que devoró un enorme sector de Valparaíso, sumiendo a miles de sus habitantes en el desamparo, fue alertado el 12 de diciembre de 2012 por el jefe de Emergencia del municipio porteño. El acta de esa sesión lo certifica, así como la urgencia por realizar trabajos preventivos que nunca se hicieron. Porque los dineros no llegaron. Pero las arcas regionales han sido empobrecidas por sucesivos escándalos de corrupción cuyos protagonistas son de todos los colores. Esta es la historia de los dos estallidos –el fuego y los ilícitos- que están en el origen de la tragedia.
Eran las 16 horas del 12 de diciembre de 2012 cuando el nuevo Concejo Municipal de Valparaíso se reunió por primera vez luego de las elecciones comunales de octubre. Debido a la ausencia del reelecto alcalde Jorge Castro (UDI), producto de una operación ambulatoria a la que sería sometido esa misma tarde, la sesión fue presidida por el concejal Carlos Bannen (UDI).
A este concejo llegó el jefe de Emergencias de la Municipalidad de Valparaíso, Ricardo Valdés. Sólo tres días antes, el domingo 9 de diciembre, se había desatado un grave incendio en el Cerro Toro, parte del casco histórico de la ciudad. En cosa de minutos, el fuego que se inició en una vivienda ubicada en el Pasaje Benavente, se propagó hacia el inmueble contiguo. Ambas viviendas quedaron completamente destruidas. Cuatro personas murieron, entre ellas dos menores de edad, y 25 resultaron damnificadas.
Cuando le tocó el turno de intervenir, el jefe de Emergencias de la municipalidad no se guardó nada:
-Nosotros tenemos un problema: la continua falta de recursos para enfrentar una emergencia, lo que para nosotros se traduce en un desastre (…) En este momento, todas las emergencias se traducen en desastre (…) Todo nos afecta: corre viento fuerte, se cae una muralla; nos caen unas gotas de agua, y se producen aluviones.

Ricardo Valdés, jefe de Emergencia del municipio de Valparaíso (Fuente: UCV)
Pero ese día, una de las mayores preocupaciones de Ricardo Valdés eran los incendios forestales. Y no solo por el incendio que se había desatado en el Cerro Toro tres días antes.  Faltaba muy poco para el inicio oficial de la temporada estival y, por esa razón, el jefe municipal se tomó casi todo el tiempo de su exposición para alertar a los miembros del Consejo Municipal de Valparaíso sobre el inminente riesgo de un siniestro de proporciones.
–Se está haciendo un desmalezado con mucho sacrificio y eso me consta porque hay 20 personas trabajando para toda la ciudad. Como mandato, este municipio tiene que hacer cortafuegos por una cantidad de 45 kilómetros de distancia. Debemos haber ejecutado un 5% o 6% de eso. El resto no ha se ha podido hacer por falta de recursos –afirmó.
La emergencia que describió Ricardo Valdés ese 12 de diciembre de 2012, exigía una reacción inmediata de las autoridades. No fue así. Lo dramático es que este escenario se mantuvo sin avances hasta la tarde del sábado 12 de abril de 2014, cuando el fuego se desató sin control arrasando con todo lo que encontró a su paso a los largo de 1.145 hectáreas.
Valdés le describió a los concejales la conveniencia de que el programa de desmalezamiento se realizara al menos una vez al año. Para que ello sucediera, advirtió, la municipalidad debía conseguir recursos extra con la intendencia regional o en instancias superiores, aludiendo al gobierno central.
–Como dato de la causa, por lo menos hace un par de años, el desmalezado de la ciudad le costaba al municipio $170 millones, dinero que en las arcas municipales no está –agregó Valdés.
Según sus cálculos, había un déficit de al menos 80 personas para los trabajos de desmalezamiento y una carencia evidente de herramientas, maquinarias y camiones. Ello explicaba el poco avance en ese frente, según lo recomendado por distintos organismos, entre ellos la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
La preocupación de Valdés era apremiante. En Valparaíso, entre las quebradas y las laderas de cerros, había vuelto a incubarse una bomba de tiempo. Y eran varios los estudios e informes que refrendaban la inquietud del jefe de Emergencias. En 2012 la Revista Territorium publicó un artículo del académico de la Universidad de Chile Miguel Castillo, en el que, entre otros problemas, alertaba de la alta carga combustible acumulada principalmente en lugares de muy difícil acceso de los cerros costeros de Valparaíso y Viña del Mar: “La alta carga de material disponible para la combustión supera largamente las 8-10 toneladas por hectárea, cifra que podría provocar intensidades calóricas superiores a 500 Kcal/m/s”, señala el estudio.
–Espero equivocarme, pero yo creo que este año vamos a tener serios problemas con respecto a los incendios forestales –fue la conclusión principal  que Ricardo Valdés le comunicó a los miembros del Concejo Municipal.
El diagnóstico del jefe de Emergencias de la municipalidad porteña se hizo realidad casi con precisión milimétrica. Sólo dos meses después, la bomba estalló. El 14 de febrero de 2013 casi 300 casas fueron arrasadas por las llamas en el sector de Rodelillos y el Cerro Placeres de Valparaíso, dejando a 1.200 personas damnificadas. Hasta hace poco, este siniestro era considerado el peor desastre ocurrido en Valparaíso desde el incendio de la noche de Año Nuevo de 1953.
Pero eso no fue todo. En abril del mismo año, un incendio originado en el sector El Vergel, en la quebrada que une los cerros La Cruz y Mariposas, consumió 40 hectáreas, destruyendo 35 casas y obligando a la evacuación de 150 personas.
Serían exactamente esos mismos sectores los que volverían a ser los principales focos del megaincendio que se desató este último fin de semana, y que está dejando un saldo de 2.500 viviendas destruidas, 11 mil damnificados y 15 víctimas fatales. La peor pesadilla de Valdés se hacía realidad.
Lo que revela el acta de la sesión del Concejo Municipal del 12 de diciembre de 2012, es que el municipio porteño estaba completamente al tanto del riesgo inminente de desastre en Valparaíso (ver acta municipal). La labor de remoción de la carga combustible –arbustos, maleza y desechos- más la construcción y mantención de cortafuegos, mostraba un mínimo progreso y no había presupuesto para completar la mayor parte de esa urgente tarea. La precaria situación de las arcas municipales quedaba una vez más al descubierto.

11 mil damnificados ha dejado el incendio en el Puerto.
La  carencia de dineros en la Municipalidad e Intendencia de Valparaíso es un problema de larga data. Y no sólo por falta de recursos. Por décadas los escándalos de corrupción han sido la tónica en las distintas administraciones de los gobiernos regionales y comunales. El más reciente se ventila aún en tribunales y en la Cámara de Diputados por un fraude que alcanza a los $1.000 millones de los fondos de la intendencia. Tres de los cuatro grandes escándalos de corrupción que han remecido a la Quinta Región en las últimas dos décadas, totalizan más de $2.389 millones en hechos dolosos.
La municipalidad no se ha quedado atrás en este terreno. Los desvíos de fondos públicos que se iniciaron con la nueva democracia en 1990, con el alcalde Hernán Pinto (DC), quien se mantuvo 14 años en el cargo, perduraron con sus dos sucesores. Así, la deuda de la Municipalidad de Valparaíso creció como una lengua de fuego: a fines de diciembre de 2002, el déficit era de $1.600 millones, la que aumentó en junio de 2003 a $4.100 millones. Actualmente la deuda alcanza a los $35 mil millones.

LOS MILLONES QUE NUNCA LLEGARON

En conversación con CIPER, el jefe de Emergencias de la Municipalidad de Valparaíso desde hace diez años, Ricardo Valdés, señaló que su crudo diagnóstico de 2012 dio pie a la elaboración de un oficio municipal enviado a la intendencia regional con el fin de obtener los recursos necesarios para hacer frente a las urgentes labores preventivas.
–En ese informe detallaba el número de personas, los materiales y las maquinarias que se requerían para ejecutar las recomendaciones de la CONAF respecto de la prevención de incendios. Eran como $238 millones los que necesitábamos para emprender esa tarea –dijo Valdés.
-¿Y qué se hizo con esa información?–El alcalde (Jorge Castro) elaboró un oficio que fue enviado al Intendente (Raúl Celis) solicitándole los recursos para hacer lo que había que hacer.
-¿Fueron atendidas sus demandas?–No, esos recursos nunca llegaron.
–Entiendo, entonces, que el desmalezamiento, construcción y mantención de cortafuegos; es decir, la escuálida contención frente a los incendios que presentaba Valparaíso en la tarde del 12 de abril, no era muy distinta a la de diciembre de 2012.–Lo que estoy diciendo es que en el Concejo Municipal expuse las sugerencias de la CONAF respecto de los cortafuegos y el desmalezamiento para contener los incendios forestales, y que respecto de eso íbamos con un avance menor porque no teníamos los recursos. Esa alerta se transformó en un oficio para solicitar los recursos en la intendencia.
–Le insisto: si no hubo una inyección de dinero para las labores preventivas que usted mismo describió en diciembre de 2012, la situación no cambió desde entonces. ¿Me equivoco?–Sí, claro, eso es verdad. Hice la mención, se transformó en una solicitud a la autoridad regional y nosotros no recibimos los recursos para abordar eso.

400 millones de pesos era el monto que pidió la municipalidad para limpiar los basurales.
El envío del oficio a la Intendencia de Valparaíso fue confirmado a CIPER por el alcalde Jorge Castro, quien aseguró que se despachó con antelación al incendio de febrero de 2013 en Rodelillos. Castro afirmó también que, a propósito de la alerta sanitaria decretada en noviembre del año pasado, luego del paro de los funcionarios encargados de la recolección de basura y aseo municipal, se volvió a insistir pidiendo los recursos.
–Nosotros tuvimos acá al ministro Jaime Mañalich (ex ministro de Salud), quien prometió que se sacaría toda la basura del fondo de las quebradas. Nos decretaron alerta sanitaria y al final no trajeron ni un peso, ni siquiera para esterilizar un perro. Mañalich pasó y prometió frente a la prensa y al final no sacó ni un kilo de basura. Nunca tuvimos respuesta de la intendencia frente a nuestras solicitudes –dijo Castro.
CIPER le solicitó al alcalde Castro copia de los dos oficios que dice haber enviado a la Intendencia de Valparaíso. Del primero, no hay rastro, aunque la concejal Paula Quintana (PS), afirmó a CIPER que “ese petitorio nunca se formuló”.  Sólo obtuvimos copia del segundo, fechado el 20 de noviembre del año pasado (ver Oficio Nº 468). En ese escrito se solicita que se gestione -ante el Ministerio del Interior- la entrega de $400 millones para paliar “la imposibilidad del retiro de los deshechos domiciliarios dispuestos en las quebradas de la ciudad, lo que conlleva un latente foco de infecciones… y probabilidades de incendio”. En uno de sus acápites se afirma: “la limpieza de quebradas es urgente de implementar”.

PRIORIDAD: MUSEO BABURIZZA

En septiembre de 2009, la CONAF y el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV) -dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional- firmaron un convenio para la ejecución de un plan de control de microbasurales en la parte alta de Valparaíso, a través de procesos de educación ambiental y participación ciudadana (ver documento).
Ese importante programa contó con un financiamiento inicial de  $1.779 millones.  Cuando se habían ejecutado obras por $780 millones, el gobierno decidió cortar el programa. Hasta entonces (septiembre 2009 – febrero 2011), con ese dinero fueron limpiados 102 microbasurales en toda la comuna, abarcando una superficie de 177.289 metros cuadrados, equivalentes a 25 veces la cancha de fútbol del Estadio de Playa Ancha.
El plan permitió por primera vez incorporar la educación ambiental en 33 colegios de Valparaíso (más del 50% de las escuelas municipales) y dio empleo a más de 200 personas. Pero su logro más importante fue que, con que esa intervención, se disminuyó el peligro que representan los vertederos clandestinos, el mismo foco de los incendios que se repiten todos los años en el Puerto.
Los mil millones de pesos que se le quitaron en 2011 al plan de limpieza de microbasurales, fueron destinados a acciones de “mayor visibilidad”, como aseguró a CIPER un ex encargado del programa. Entre las obras que se financiaron con esos dineros figura la remodelación del Museo Baburizza en el Cerro Alegre, y la reparación y compra de ascensores.

CORRUPCIÓN SIN CORTAFUEGO

Los casos de corrupción en la Quinta Región se arrastran desde comienzos de la década de los ‘90 y sus protagonistas atraviesan todo el arco político. Los miles de millones que se le han escamoteado a los fondos regionales y municipales y que salieron a la luz pública en los sucesivos escándalos de corrupción, fueron acrecentando las deudas de la ciudad al mismo tiempo que la pobreza de sus habitantes.

Hernán Pinto, Aldo Cornejo, Jorge Castro, Iván de La Maza, Raúl Celis.
Según el último estudio de empleo de la Fundación Sol, que mide la Tasa de Desempleo Integral (calculado de las cifras de desempleo abierto u oficial; desempleo oculto y desempleo equivalente por subempleo), la Región de Valparaíso sobrepasa el 13%, compartiendo el primer lugar de la tabla con las regiones de Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos.
El historial de las denuncias por malversación de fondos públicos y fraude al Fisco comenzó en abril de 1993, cuando el entonces diputado Raúl Urrutia (RN) alertó sobre el pago de $389 millones por el desmalezado de 320 hectáreas de la Refinería de Petróleos de Concón. Seis personas fueron sometidas a proceso por los ilícitos descubiertos. La investigación judicial determinó que hubo desviación de dineros para financiar campañas políticas. Las redes alcanzaron al entonces senador Juan Hamilton (DC) y al que fuera diputado y luego alcalde de Valparaíso, Aldo Cornejo (DC).
Una década más tarde, en 2005, el alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), denunció el uso de fondos públicos del Programa de Generación de Empleo (PGE) para pagar a 45 trabajadores de obras viales que nunca se realizaron. Los dineros se habían destinado a paliar la crisis económica que galopaba en Valparaíso, con un plan que buscó disminuir la cesantía, una de las más altas del país.
Fue así como estalló el llamado caso de los “empleos brujos”. El entonces fiscal jefe de Quillota, Pablo Bravo, descubrió que esos fondos habían sido desviados a otras provincias para financiar campañas políticas de dirigentes socialistas. Los protagonistas de este nuevo hito en la corrupción que ha azotado la región fueron el seremi del Trabajo José Manuel Mancilla (PS) y el ex presidente del PS regional, Edgardo Lepe. El juicio se cerró en 2009, condenándose a seis de los nueve imputados.
En 2010, un mes después del inicio del gobierno de Sebastián Piñera, el intendente de Valparaíso, Raúl Celís, presentó una denuncia por malversación de fondos por sobre los $1.000 millones. En estos ilícitos resultaron involucrados tres funcionarios de la división de Administración y Finanzas del gobierno regional anterior, liderado por Iván de la Maza (DC).
En la indagación se detectaron diversos sistemas para apropiarse de los recursos del gobierno regional, los que al igual que en los otros casos serían destinados para financiar campañas políticas. Los involucrados en la operación fueron, entre otros, Lorenzo Leiva, jefe de Finanzas del gobierno regional y Eugenio Aubele, empresario contratista de la zona y uno de los particulares que cobró cheques de la intendencia. Ambos fueron condenados por la justicia. El ex intendente Iván de la Maza (DC), quien no fue procesado, debió declarar ante la fiscalía y la comisión que constituyó la Cámara de Diputados para investigar los desvíos de fondos.
“Aquí no hay ninguna persona de carácter político involucrado. Esto es un delito puro y simple que enloda al gobierno que yo presidí. Es un fraude al Estado y si no tienes información no puedes suponer que la gente con que trabajas es sinvergüenza o ladrona. Yo no sabía nada”, aseguró de La Maza.  Y eso fue todo pues el hilo se cortó por lo más delgado.

CÓMO SE DISTRIBUIAN LOS FONDOS REGIONALES

En medio de las secuelas que ha dejado el megaincendio en Valparaíso, una nueva comisión investigadora deberá constituirse en la Cámara de Diputados durante esta semana. El objetivo: determinar los montos y los responsables del último gran escándalo de corrupción en la Intendencia de Valparaíso y que ahora tiene en el banquillo de los acusados al ex intendente, Raúl Celis (RN).
Puede que la investigación de este nuevo escándalo regional y que nuevamente centra su atención en otros $1.000 millones que habrían sido desviados a campañas políticas, sea la que grafique con mayor crudeza las prácticas de corrupción enquistadas en el gobierno regional y de la cual no se escapa ni un solo partido.
Los comités parlamentarios de la Cámara se reunirán en los próximos días para elegir al presidente de esta instancia investigadora. Esta es la segunda comisión que investigará la misma operación de fraude al Fisco ya que en 2013 hubo una primera comisión que indagó los ilícitos sin llegar a ningún resultado.

Intendencia de Valparaíso.
En este juicio ya se encuentran procesados y en prisión preventiva el ex jefe de la división de Administración y Finanzas de la intendencia, Sergio Núñez; y Enrique Kittstteiner Yovanini, jefe de gabinete del intendente Raúl Celis. Otro protagonista de este nuevo fraude al Fisco es el recién asumido diputado por Quillota y Petorca,Christian Urízar (PS), a quien se le indaga por su presunta participación en la malversación de caudales públicos mientras se desempeñó como consejero regional. Hasta ahora, Urízar se había negado a declarar ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, pero “ahora se comprometió a hacerlo”, recalcó a CIPER el diputado Marcelo Schilling (PS).
Desde que asumió como diputado el 11 de marzo de este año, Urízar ha debido declarar ante la fiscalía en dos ocasiones, ya que aparece como uno de los beneficiados del desvío de dineros públicos de la intendencia regional. Su ex jefe de campaña y presidente regional de la ANEF, Luis Vásquez (PS), también declaró pero como imputado.
La incautación de 10 computadores personales en la Intendencia de Valparaíso fue la diligencia clave que le permitió a la fiscalía empezar a desentrañar el modus operandi del nuevo fraude que sacudió a la Quinta Región. En el notebook del jefe de la división de Administración y Finanzas de la intendencia, Sergio Núñez, se encontró uno de los denominados “libros de cuotas”. Allí estaba el detalle de los proyectos que el gobierno regional tenía en carpeta con los respectivos montos asignados. Y junto a cada ítem los porcentajes que se repartirían entre los consejeros regionales.
En los hechos, el llamado “libro de cuotas” era la contabilidad paralela de la distribución que acordaron los miembros del CORE de Valparaíso, de los $1.000 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
“Una serie de diligencias, más las declaraciones del señor Kittsteiner, nos permitieron establecer la existencia de una especie de cuoteo en el gobierno regional para la asignación de los proyectos. Tenemos actas y archivos al respecto, y estamos investigando este sistema de distribución que sería de antigua data”, dijo el fiscal del caso, José Uribe.
El 13 de marzo de este año, la fiscalía pidió condenas de hasta 10 años de cárcel por malversación de caudales públicos y fraude al Fisco con dineros destinados al financiamiento de 57 proyectos de interés social. En ellos, aparecen facturas por cerca de $150 millones por trabajos que nunca fueron ejecutados o no tuvieron un fin público. Entre los imputados se encuentran cuatro personas que habrían facilitado las facturas falsas para que en la intendencia se justificaran los millones de pesos que se desviaban hacia los consejeros regionales.

DE PINTO A CASTRO

La alcaldía de Valparaíso también ha sido epicentro de irregularidades financieras partiendo con elex alcalde Hernán Pinto (DC), quien después de tres periodos debió retirarse temporalmente de la política luego de estallar en 2004 el Caso Spiniak, en el que fue un protagonista lateral.
El abogado Pinto fue designado en 1990 por Patricio Aylwin como alcalde de Valparaíso (aún no había elecciones municipales) y hasta el 2004 mantuvo el control total del municipio por elección popular.
Su historial político incluye un fuerte despliegue de trabajo en los cerros y también duras acusaciones de corrupción en el municipio. Una señal que grafica lo que ocurrió en su período es el aumento de la histórica deuda de la municipalidad porteña.  A fines de diciembre de 2002, el déficit del municipio era de $1.600 millones y cuando asumió  su sucesor Aldo Cornejo la deuda llegaba a $7.613 millones. Pese a que logró bajarla a $5.299, ello fue a punta de venta de recintos municipales, como el Estadio de Playa Ancha y el velódromo (a Chiledeportes) y la ex cárcel de Valparaíso (a Bienes Nacionales), entre otros. Actualmente la deuda de la Municipalidad de Valparaíso, bajo la administración de Jorge Castro, alcanza a los $35 mil millones, lo que incluye el déficit de la Corporación Municipal ($25.000 millones).

Palacio Baburizza fue remodelado con fondos destinados a limpieza de microbasurales.
En su tercer período como edil de Valparaíso (2000-2004), Pinto comenzó a gestionar un préstamo del BID de US$50 millones para “la remodelación de la Plaza Echaurren, el entorno de la Iglesia La Matriz (…) y convertir el edificio Luis Cousiño en un centro de convenciones, capaz de recibir visitas como los reyes de España”, según declaró a El Mercurio de Valparaíso el propio Pinto el 11 de marzo de 2004. Nada de eso se concretó mientras duró el programa.
Entre las irregularidades del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso que se han denunciado se cuenta la contratación de operadores pagados con dineros provenientes de ese programa otorgados por el BID  para levantar el área patrimonial de Valparaíso, que obtuvo la acreditación de la UNESCO en julio de 2003. La estrategia de intervención integral que se hizo entonces para realzar el valor del casco histórico, no logró materializarse completamente.
La corporación no se ha escapado a las prácticas de corrupción que se han convertido en una plaga en el Puerto. Según reveló una investigación de CIPER, la Contraloría detectó que cerca de $1.300 millones provenientes del fondo de Subvención Especial para Uso Educativo (SEP) fueron utilizados para fines distintos a la educación de los niños de sectores más vulnerables, como el arreglo de la sala municipal del Cine Condell.
En ese escenario era imposible que la basura y el material combustible acumulado en los cerros de Valparaíso, sumado a la carga combustible de corrupción que se enquistó en sus gobiernos regionales y municipales, no estallara. Y así fue.
Este artículo fue actualizado el jueves 17 de abril de 2014.