LA AUSENCIA DE UN PODER CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO EN LA HISTORIA DE CHILE*

Sergio Grez Toso **

Difícilmente podría la Ciencia Política considerar democrático un país en el que nunca se hubiese realizado un debate nacional acerca de las normas esenciales que deben regir su vida en comunidad. Un Estado cuyas cartas constitucionales más importantes siempre hubiesen sido el fruto de las discusiones, conciliábulos, consensos o imposiciones por la fuerza de pequeños grupos. Una sociedad cuyas Constituciones más duraderas fueran el resultado de la presión ejercida por la fuerza militar. Mal podría definirse dicha sociedad
política como democrática y a sus habitantes como ciudadanos de derecho pleno. A lo sumo se diría que se trata de un país semidemocrático con una ciudadanía restringida.
Chile es un país de ese tipo: ninguno de sus textos constitucionales ha sido producido democráticamente. Aunque la historiografía chilena ha sido generalmente esquiva a abordar esta cuestión (porque las evidencias históricas contradicen los supuestos de la mitología “patriótica democrática” en los que se ha basado el consenso político nacional), una breve revisión de la gestación de las cartas constitucionales en el Chile republicano basta para ratificar la hipótesis de la ausencia de procesos constituyentes de carácter democrático, como podrá apreciarse a continuación.

Los primeros ensayos constitucionales

Para entender el carácter que tuvieron los primeros ensayos constitucionales, realizados durante los años de la lucha por la Independencia, es necesario tener presente que la emancipación política de Chile fue un acto eminentemente aristocrático. Por su riqueza, poder, intereses, instrucción y el conjunto de sus características que la habían convertido en la clase dirigente de la vieja sociedad colonial, solo la aristocracia criolla estaba en condiciones de liderar la lucha independentista y echar las bases para la construcción de un Estado nacional. Y lo hizo de acuerdo con sus intereses y concepción del mundo, implementando los mecanismos que aseguraran su plena hegemonía en la vida social y política de la nueva era histórica que se iniciaba en el primer cuarto del siglo XIX en Chile1. Uno de estos dispositivos –vigente hasta comienzos de la década de 1870- fue la ciudadanía censitaria, que excluyó de la vida política legal a la inmensa mayoría de la población, acordando solo a los hombres más pudientes los derechos políticos de elegir, ser elegidos y, por ende, de debatir sobre el destino de la nación.

Por eso, en las deliberaciones sobre los primeros reglamentos constitucionales solo participó una ínfima minoría de personajes “ilustrados”. El primer Congreso Nacional ordenó en agosto de 1811 poner en vigencia un Reglamento constitucional que consagró al mismo órgano legislativo como “único depositario de la voluntad del reino” e instituyó una Junta denominada “Autoridad ejecutiva provisoria de Chile” destinada a funcionar hasta
que se dictara una Constitución política definitiva. Pero la comisión encargada de redactar el texto constitucional no alcanzó a cumplir su misión ya que las rivalidades entre dos poderosas familias aristocráticas del bando patriota –los Larraín y los Carrera- derivaron en noviembre del mismo año en un segundo golpe de Estado del general José Miguel Carrera quien ordenó la clausura del Congreso Nacional a comienzos del mes siguiente 2.
El Reglamento Constitucional de 1812, que estableció una “Junta SuperiorGubernativa” de tres miembros a la espera de la elección de representantes que elaboraría una Constitución definitiva, fue preparado por una comisión nombrada por el gobierno y luego fue sometido a la ratificación exclusiva de los vecinos (de alcurnia) de Santiago por medio de firmas recaudadas mediante el sistema de “suscripciones”, reservadoexclusivamente para quienes recibían una invitación a manifestar su opinión 3. Igualmente restringida a una ínfima cantidad de personas fue la preparación, discusión y aprobación del Reglamento Constitucional de 1814, que solo alcanzó a estar vigente menos de siete meses 4.

La “Reconquista española” (1814-1817) puso fin a estos primeros ensayos constitucionales de la elite patriota. Pero su triunfo en Chacabuco y Maipú y la instauración de la dictadura del general Bernardo O’Higgins en el inicio de la llamada “Patria Nueva”, colocaron nuevamente a la orden del día la cuestión de las normas esenciales que debían regir la vida política del emergente Estado republicano. Aunque O’Higgins logró concentrar en su persona y círculo más cercano la plenitud de los poderes dictatoriales, muy pronto las tendencias “frondistas” de la aristocracia se hicieron sentir. El historiador conservador Jaime Eyzaguirre cuenta que en 1818: “[…] la noticia del fusilamiento de los hermanos Juan José y Luis Carrera en Mendoza, en el que se atribuyó concomitancia a O’Higgins, precipitó en Santiago la reunión de un Cabildo abierto que exigió de O’Higgins la convocatoria de un Congreso y la dictación de un reglamento constitucional provisorio. O’Higgins rehusó de inmediato todo lo que se le pedía, pero un mes después nombró una comisión encargada de redactar una carta política, que al fin fue sometida a la aprobación popular por el sistema de ‘suscripciones’” 5.

El mismo historiador sostiene que la Constitución provisoria de 1818 resultante de este procedimiento, “no vino sino a dar apariencia legal a la dictadura” ya que entregó el Poder Ejecutivo en manos de un Director Supremo, “cuya designación se daba por verificada y al que no se le fijó término para su mandato”. Además instituyó un Senado de cinco miembros y un Supremo Tribunal Judiciario, todos nombrados por el Director 6.
No obstante el origen no democrático de sus cargos, muy pronto los senadores designados expresaron la arraigada tendencia de la aristocracia a gobernarse por sí misma y resistieron a la omnipotencia de O’Higgins. La prueba de fuerza concluyó en 1822 con la clausura del Senado y la convocatoria a elecciones para una nueva asamblea. La Constitución de 1822 fue finalmente aprobada por una Convención Preparatoria en cuyo nombramiento intervino activamente O’Higgins por medio de las autoridades locales designadas por él mismo. De tal modo que el texto constitucional fue un instrumento adecuado a sus ambiciones: el Poder Ejecutivo quedó confiado a un Director Supremo elegido por seis años y reelegible por cuatro más. El historiador Eyzaguirre –de escaso fervor democrático- no pudo ser más lapidario respecto al origen espurio de esta nueva Constitución, al sentenciar pertinentemente que: “La circunstancia de haberse generado en una asamblea gubernativa y al ser redactada por el impopular favorito Rodríguez Aldea, quitaron todo prestigio a la nueva Carta y aceleraron el derrumbe del régimen” 7.

La caída de O’Higgins abrió un nuevo escenario político, más abierto y dinámico, en el que era posible un debate más amplio e inclusivo sobre las cuestiones constitucionales y el futuro del país. Bajo el mando del general Ramón Freire en el cargo de Director Supremo, el Congreso de 1823 tuvo también un carácter constituyente. El reglamento electoral elaborado ese año significó una ampliación importante del cuerpo electoral por cuanto acordó el derecho a voto a todos los hombres mayores de 23 años que supieran leer y escribir y que cumplieran alguno de los siguientes requisitos: tener una propiedad de más de $2.000; o un negocio de más de $3.000; o un título profesional: o una pensión de Estado de más de $300 anuales: o un empleo público (aunque no tuviera sueldo); o haber sido miembro de un Cabildo; o ser un eclesiástico secular; o tener un grado militar superior a
alférez; o ser maestro mayor de un oficio, y/o tener un capital superior a $3.000 sumando todos sus bienes. De este modo, contrariando al Senado que propiciaba derechos políticos (votar y ser elegidos) solo para los propietarios de bienes raíces (la clase de los grandes terratenientes), el gobierno de Freire amplió ese derecho incluyendo –en el decir del historiador Gabriel Salazar- a quienes componían la clase media de la época: “letrados pobres, sacerdotes, oficiales de bajo rango, empleados públicos, mineros y otros empresarios”. Pero el “bajo pueblo” (inquilinos, peones y otras categorías que constituían la mayoría de la población) siguió excluido del país legal 8. Según Salazar, esas fueron las “primeras elecciones libres realizadas en Chile desde 1811” 9, pero agrega más adelante, que el texto constitucional propuesto por encargo del gobierno por el jurisconsulto Juan Egaña, además de confuso y engorroso, representó una clara opción por un sistema político centralista, europeizante, elitista y aristocrático (ya que la soberanía popular electoral debía ser calificada por un sindicato “ilustrado” compuesto por el Senado y la Cámara). Contando con el apoyo de los diputados santiaguinos, que abreviaron el plazo de discusiones, se aprobó con pocos debates el proyecto de Egaña. Pero esta Constitución –que reflejaba casi exclusivamente los intereses de Santiago y la región central- nació muerta por la fuerte oposición de las provincias de Coquimbo y Concepción, del propio Freire y de diputados como Camilo Henríquez y Manuel de Salas, de reconocida filiación liberal 10.

La llamada “Constitución de 1826” fue, en realidad, un conjunto de “leyes federales” propuestas por José Miguel Infante y sancionadas por el Congreso entre julio y octubre de ese año, pero el proyecto constitucional nunca fue aprobado ya que el Congreso se disolvió pocos meses más tarde a causa de la inestabilidad política 11. Lo que no impidió la realización de un breve ensayo de federalismo que no prosperó debido, principalmente, a la férrea oposición de la aristocracia santiaguina.

La Constitución de 1828 fue la más avanzada de aquella época de ensayos constitucionales. Su sello fue liberal-democrático por los amplios derechos individuales que garantizaba, el igualmente amplio poder electoral de los ciudadanos y porque para ser ciudadano no se requería contar con cierto patrimonio sino solo un mínimo de edad: 21 años los hombres casados y 25 años los hombres solteros. Solo quedaron excluidos de los derechos políticos los sirvientes domésticos, los deudores al Fisco y los viciosos reconocidos. En teoría, hasta los analfabetos que no estuvieran en estas categorías gozarían del derecho a sufragio, algo poco común para los cánones de la época, incluso en Europa 12.

Desde su óptica conservadora, Jaime Eyzaguirre comentaría este avance democratizador diciendo que: “El derecho a sufragio era tan amplio que podía ejercerlo cualquiera que se inscribiese en las milicias, lo que iba a generar un poder electoral en su mayoría analfabeto, entregado al control de los audaces. El Ejecutivo radicaba en un Presidente y un Vicepresidente nombrados por votación indirecta y cuya gestión dependía casi por entero de la voluntad de un Congreso bicameral. Por añadidura la gran autonomía de las provincias, que conservaban sus asambleas con derecho a generar los senadores, a formar ternas para el nombramiento de los Intendentes y supervigilar a las municipalidades, reducían aún más las atribuciones presidenciales” 13.
La génesis de esta Constitución–al igual que la de 1823- fue semi-democrática ya que el Congreso Nacional que la aprobó había sido elegido en base a un electorado masculino que incluía a las capas medias, más precisamente, hasta el estrato superior de los sectores populares representado por el artesanado-, pero no al “bajo pueblo”.
Ese fue el punto más alto de democratización alcanzado en Chile en el período que siguió la Independencia. Pero muy luego vino la virulenta reacción aristocrática centralista contra los proyectos liberales, dirimiéndose el conflicto entre ambos bandos en la guerra civil de 1829-1830.

El poder constituyente de las bayonetas: la Constitución “portaleana” de 1833

El triunfo conservador (estanquero-pelucón) en la batalla de Lircay en abril de 1830 puso término a la guerra civil e inauguró una larga etapa conocida como el “régimen portaleano” o el “Estado en forma”14, cuya fase inicial fue la más clara expresión del dominio sin contrapeso de la aristocracia, especialmente de Santiago y la región central.
La célebre Constitución portaleana de 1833, inspirada y redactada principalmente por el ultraconservador Mariano Egaña, fue el fruto directo de la victoria militar estanquero-pelucona en la guerra civil de 1830. Aunque el artículo 133 de la Constitución de 1828 establecía que esta no podía reformarse hasta 1836, los vencedores de Lircay pasaron por encima de esta disposición y, recurriendo a diferentes argucias, impusieron su reforma. Poco después de instalado el régimen dirigido por el comerciante Diego Portales y el general José Joaquín Prieto, el Cabildo de Santiago (controlado por el bando vencedor) pidió al gobierno que autorizara al próximo Congreso a emprender la reforma constitucional a través de una “Gran Convención” convocada exclusivamente con ese objeto. Aunque este organismo estaría en principio compuesto por dieciséis diputados elegidos por el Congreso Nacional (ya depurado de los liberales más prominentes) y veinte ciudadanos “de reconocida probidad e ilustración” nombrados por el mismo cuerpo legislativo (mediante el envío de “esquelas de invitación”), en la práctica fue una hechura completa del Congreso ya que a los dieciséis diputados del bando vencedor se sumaron catorce más en ejercicio para llenar los cupos reservados a los hombres de “reconocida probidad e ilustración” 15.

A estas libertades tomadas con las formas legales se sumaba algo aún más grave y decisivo: la instauración de una verdadera dictadura aristocrática resuelta a barrer con cualquier obstáculo que se le antepusiera. Muchos opositores fueron encarcelados u obligados a partir al destierro; el Ejército sufrió una severa purga de oficiales sospechosos de simpatizar con los liberales; se generalizó y fortaleció una red de espionaje de la policía secreta y se estableció una férrea censura de prensa que impidió cualquier debate de fondo del texto constitucional que se preparaba, a no ser el intercambio de ideas que podía darse entre los partidarios del nuevo régimen. Gabriel Salazar sintetiza de esta manera algunos de los aspectos del clima represivo al que estaba sometido el país cuando se desarrolló el proceso constituyente portaleano: “[…] centenares de funcionarios públicos no adictos al nuevo régimen fueron exonerados, se eliminaron con el mismo objetivo establecimientos como la Casa de Moneda de La Serena, becas para estudiantes como las del
Liceo de Chile […], se clausuró la Sociedad Médica de Chile (establecida
por Blanco Encalada y encabezada por un médico español), mientras se
cerraban o aplicaban grandes multas a los periódicos de oposición y se
creaban nuevos cuerpos de ‘guardias cívicas’ 16.

La afamada Constitución de 1833 no fue sino un texto destinado a dar legitimidad
jurídica a un régimen con características dictatoriales resultante de la victoria militar del
bando conservador en 1830. El nuevo texto constitucional fue un traje a la medida de la
facción dominante de la aristocracia, que concentró de manera excluyente el poder durante
varias décadas. El centralismo, autoritarismo y elitismo fueron sus rasgos principales. La
inmensa mayoría de la población resultó excluida de la vida política activa a través del
sufragio censitario. El derecho a elegir y ser elegidos para cargos representativos quedó
reservado solo a los hombres casados mayores de 21 años o solteros mayores de 25 años,
que sabiendo leer y escribir fueran dueños de una propiedad inmueble o un capital invertido
“en una especie de giro o industria” cuyo valor sería fijado para cada provincia cada diez
años por una ley especial, o que en su defecto, ejercieran “una industria o arte”, o que
gozaran de algún empleo, renta o usufructo, cuyos emolumentos o productos guardaran
proporción con la propiedad inmueble o capital, de que se hablaba en la disposición
anterior. Los sirvientes domésticos estaban expresamente excluidos de los derechos
políticos 17.

Un comentario del historiador conservador Fernando Campos Harriet, admirador de
Portales y su régimen, nos ahorra más acotaciones sobre el sistema político consagrado por
esta Constitución:

“El cúmulo de atribuciones del Presidente de la República, reforzadas por la
ley electoral, hicieron de este el gran elector durante 60 años. El Presidente
tenía veto absoluto: un proyecto vetado no podía iniciar sus trámites
constitucionales hasta el año siguiente. Declarado el estado de sitio, se
suspendía en ese punto el imperio de la Constitución […].
El sufragio limitado y controlado por el Ejecutivo, el veto, la ausencia de
responsabilidad efectiva en el Jefe de Estado, las facultades extraordinarias, la organización
del Consejo de Estado, la preponderancia de la Cámara de senadores con su comisión
conservadora, manifiestan claramente el espíritu aristocrático y oligárquico de esta
Constitución” 18.

Durante casi un siglo Chile no vivió otro proceso constituyente19, solo reformas y
reinterpretaciones a la Constitución portaleana que recortaron poderes del Presidente de la
República, aumentaron los del Parlamento e instauraron –en la década de 1870- el sufragio
universal masculino con el solo requisito de saber leer y escribir.

Populismo y fuerza militar en la gestación de la Constitución democrático-liberal de
1925

Cuando en 1925 se planteó la discusión en torno a una nueva Constitución, el
contexto político y social era muy distinto al que había existido al imponerse la carta de
1833. La “cuestión social” había cambiado la relación entre las clases sociales y alterado el
debate político nacional. El movimiento obrero se encontraba en pleno desarrollo y las
tendencias más radicales (anarquistas y comunistas) gozaban de una notoria influencia en
su seno, llegando a controlar las principales organizaciones sindicales. Como respuesta al
malestar y rebeldía de “los de abajo”, un sector de la burguesía había levantado un
programa reformista de marcado corte populista, logrando instalar a su líder, el liberal
Arturo Alessandri Palma, en la Presidencia de la República a fines de 1920. Pero sus planes
se habían estancado debido a la crisis económica y la cerrada oposición de la oligarquía
parlamentaria 20.

El sistema parlamentario impuesto por los vencedores de la guerra civil de 1891 se
encontraba profundamente desprestigiado y la crisis de la economía salitrera, reiterativa
desde 1918, tenía sumido al país en un clima de permanente agitación social y fuertes
tensiones políticas. Por su parte, la oficialidad joven del Ejército, luego de constatar el
fracaso del populismo civil, desde septiembre de 1924 había ocupado el escenario político
enarbolando programas de reforma social. La entrada activa en política de los militares con
dos irrupciones sucesivas –septiembre de 1924 y enero de 1925- había cambiado los
parámetros del juego político. La crisis era general. El país se aprontaba a una refundación
política en base a un nuevo texto constitucional. Entonces, por primera vez en la historia de
Chile, otros actores, los sectores populares, especialmente el movimiento obrero
organizado, intentaron hacer oír su voz en el debate constitucional.

El movimiento obrero y popular llevaba varios años interesándose por este tipo de
cuestiones. Las gigantescas movilizaciones impulsadas durante el bienio 1918-1919 por la
Asamblea Obrera de Alimentación Nacional habían puesto en el tapete de la discusión entre
vastos sectores de la clase obrera y de las capas medias la necesidad de un nuevo orden
social y político. Poco después, en 1923, durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma,
un organismo denominado Asamblea o Comité de Obreros, Estudiantes y Profesores,
empezó a pensar en reformas estructurales, pero la reflexión no avanzó mucho, diluyéndose
la iniciativa sin trascender mayormente en esa coyuntura. No obstante, por iniciativa del
Partido Comunista y de la Federación Obrera de Chile, pocos días después del golpe de
Estado de los militares jóvenes que llamaron de vuelta a Alessandri al gobierno, el 25 de
enero de 1925 numerosas organizaciones obreras junto a la Asociación General de
Profesores, la Federación de Estudiantes y la Unión de Empleados de Chile, decidieron
crear un organismo denominado Comité Obrero Nacional que convocó a la realización de
un Congreso Constituyente de Asalariados e Intelectuales 21.

 Lo que más distinguió esta iniciativa de los proyectos constitucionales de la clase
política tradicional fue la exigencia de una Constituyente de base gremial. Uno de sus
promotores, el dirigente comunista Salvador Barra Woll, lo precisó en estos términos:
“La Juventud Militar nos ha ofrecido ahora una Constituyente. No queremos
dudar que vendrá esa Constituyente. Hemos adherido nuestra cooperación a
ese propósito para encarnar más ese deseo en las masas. Pero cuando llegue
el momento de llamar a la Constituyente se verá que las bases no consultarán
la representación obrera sindical revolucionaria porque la burguesía le
impedirá su resguardo de sus privilegios de clase […]
Hay pues que no olvidar este detalle, tenerlo muy presente: Queremos una
Constituyente; pero a base gremial.

Si no se nos da una Constituyente en esa forma la burguesía habrá
traicionado una vez más al proletariado, de quien se ha servido para fines
propios” 22.

De acuerdo con estos postulados, la convocatoria para la reunión de la Asamblea
Constituyente de Obreros e Intelectuales (conocida también como la “Constituyente chica”
ya que sus impulsores la concebían como un “preludio de la futura Constituyente
fundamental” en la que estarían representados todos los sectores de la nación23), fijó como
objetivo la presentación de un proyecto de Constitución Política de Chile que contendría las
aspiraciones inmediatas del proletariado y de los intelectuales que simpatizaban con los
“modernos principios de justicia y solidaridad”24. El comité de iniciativa estableció los
siguientes porcentajes de congresales para cada una de las categorías socio profesionales
llamadas a participar en la “Constituyente chica”: proletarios, 45%; empleados, 20%;
profesores, 20%; profesionales e intelectuales, 8%; y estudiantes, 7%25.
Rápidamente las fuerzas comprometidas en esta iniciativa se desplegaron por
distintos puntos del territorio nacional para difundir su propuesta. El Comité Obrero
Nacional (al que se incorporaron dirigentes de distintas tendencias incluidos los
anarquistas) mandó a algunos de sus miembros en gira al sur del país a explicar la
convocatoria 26.

La Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales inauguró sus sesiones en el
Teatro Municipal de Santiago el domingo 8 de marzo de 1925 en medio de un clima de
gran expectación. Los mil doscientos cincuenta delegados provenientes de distintos
provincias eran el reflejo de las tendencias políticas que actuaban en el seno del
movimiento popular y de las clases medias asalariadas: comunistas, fochistas (militantes de
la Federación Obrera de Chile, que por esos días casi se confundían con los comunistas),
demócratas, laboristas sin partido, anarquistas, radicales, feministas y distintas expresiones
del “alessandrismo popular”. Los debates entre estas corrientes fueron apasionados, a ratos
muy duros. El obrero anarquista Alberto Baloffet logró hacer aprobar por amplia mayoría
una moción en la que se sostenía que los proletarios no debían proponerse la redacción de
una Constitución que reglamentara los poderes del Estado, sino limitarse a fijar principios
generales que orientaran la acción de las autoridades hacia los productores. Un fuerte
enfrentamiento se produjo entre el Presidente de la Federación de Estudiantes, y Vice-
Presidente del Centro de Propaganda del Partido Radical, Enrique Rossel, y la mayoría de
los delegados obreros claramente alineados con las posiciones del Partido Comunista27.
Algo menos virulentos fueron los debates entre el sector comunista-fochista (alrededor de
300 delegados, esto es, alrededor del 25% del total) y los representantes de los profesores,
de los intelectuales y de los empleados, entre los que se contaban personas de distintas
filiaciones, especialmente anarquistas, demócratas y radicales 28.

Las divisiones internas le restaron fuerza a la “Constituyente chica”. Durante cuatro
días los delegados aprobaron distintas mociones en las que se formularon una serie de
demandas a los poderes públicos y aprobaron varios “principios constitucionales”, que
debían servir de base para la discusión nacional cuando se convocara a la “Constituyente
grande”. El primero y más importante de estos principios fue el reclamo de una Asamblea
Constituyente compuesta de delegados de las “fuerzas vivas de ambos sexos”, y en cuyo
seno los elementos asalariados tuvieran la mayoría de la representación para asegurar el
cumplimiento de sus postulados de redención social. Como principios específicos se
inscribieron, entre otros: la socialización de la tierra y de los medios de producción; la
forma federal del gobierno; el deber del Estado de coordinar y fomentar la producción y
asegurar la distribución de los productos; el sistema colegiado de gobierno tanto a nivel
comunal, nacional como de los Estados federados; la organización del Poder Legislativo en
base a “cámaras funcionales”, compuestas por representantes (revocables en todo
momento) de los gremios organizados; la separación de la Iglesia del Estado; la enseñanza
gratuita desde la escuela hasta la Universidad, colocando su dirección en manos de los
maestros, padres y estudiantes; la igualdad de derechos políticos y civiles de ambos sexos y
la supresión del ejército permanente 29.

La proposición de las “cámaras funcionales a base gremial” (cercana en algunos
aspectos a las ideas corporatistas que estaban en boga por aquellos años en Europa)
constituía una innovación mayor, resistida por algunos integrantes de la “Constituyente
chica” y apoyada fervorosamente por los comunistas. Uno de sus impulsores la explicaba
como el instrumento que permitiría abolir las “cámaras políticas”, fuente de la opresión
política del pueblo:  “La Cámara Funcional, que como su nombre lo indica reúne en su seno
todas las funciones de las diversas actividades de la vida económica,
intelectual y moral de la sociedad, es el sistema necesario y eficiente capaz
de destruir, desde sus raíces, todos los intereses creados y privilegios de
castas que hoy producen el estado caótico de la administración del país,
injusticias irritantes y el desconcierto social.

Será la única forma de nivelar todos los derechos que disminuirán,
grandemente, las desigualdades odiosas porque siendo la finalidad de la
Cámara Funcional esencialmente de armonía y de progreso donde convergen
y se complementan todos los pensamientos de las fuerzas creadoras del
trabajo, la resultante de su labor será lógicamente, de perfección y armonía
social.

Y recién, entonces, desapareciendo la causa de todas las desgracias del
pueblo, con la extinción del aparato político opresor de la oligarquía y
burguesía en general, empezará la era de justicia y armonía social.
La técnica de la producción y el consumo controlados por los productores
mismos, y peritos profesionales, se perfeccionará gradualmente y
desaparecerá la miseria, la ignorancia y la maldad que el actual egoísmo de
los privilegiados reinantes, produce a la sociedad.
La Cámara Funcional a base gremial, es pues, el antídoto de las Cámaras
políticas mantenedoras de la esclavitud y los sufrimientos del
proletariado” 30.

Los acuerdos tan laboriosamente concluidos en la “Constituyente chica” no tuvieron
mayor eco político. Gabriel Salazar, autor de la visión historiográfica más optimista acerca
del significado y alcance de la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales de
1925 (interpretada en sus escritos como un ejercicio de soberanía de “las bases sociales”,
con menciones poco relevantes a las fuerzas políticas que la promocionaron y se
enfrentaron en su seno), ha señalado que a su retorno al gobierno, Arturo Alessandri Palma
“restauró el régimen estrictamente civil (marginando a los militares) y las decisiones
estrictamente políticas (marginando a los movimientos sociales de base)”31.
Así ocurrió, efectivamente. Haciendo caso omiso del ejercicio deliberativo de los
trabajadores manuales e intelectuales sobre las normas constitucionales que deberían
refundar la organización social y política de la nación, Alessandri, por sí y ante sí, designó
a los miembros de las dos comisiones que debían preparar la Asamblea Constituyente,
escogiendo a una mayoría de viejos políticos como Luis Barros Borgoño (su rival en la
elección de 1920), Guillermo Edwards Matte, Eleodoro Yáñez, Juan Enrique Concha,
Ernesto Barros Jarpa, Guillermo Subercaseaux y Domingo Amunátegui, entre otros. Solo
unos cuantos dirigentes de organizaciones sociales y de partidos y grupos de izquierda que
habían formado la “Constituyente chica”, como Carlos Contreras Labarca, Víctor L. Cruz,
Manuel Hidalgo, Carlos Alberto Martínez, Onofre Avendaño y Fernando García Oldini,
fueron invitados a participar en las discusiones32. El propio Alessandri presidió la comisión
que debía estudiar las reformas constitucionales y Arturo Lyon quedó a la cabeza de la
comisión encargada de preparar la convocación a la Asamblea Constituyente. Este grupo –
lo dejó consignado el “León de Tarapacá” en sus Recuerdos de gobierno- nunca se
reunió33. Como bien observaría el historiador Gonzalo Vial, “esto solo indica hacia donde
se dirigía Arturo Alessandri”34.

Es necesario recalcar que inicialmente Alessandri había expresado su deseo de
convocar a una Asamblea Constituyente en el menor plazo posible, nombrándose dos
tercios de sus integrantes mediante elección popular y el tercio restante con representantes
de “las fuerzas vivas de la Nación”, en su concepto: “la Universidad, el Ejército, la Marina,
la Iglesia, representados por sus jefes, las actividades obreras y algunos gremios que tienen
importancia en la vida de la República”35. El 26 de marzo el Presidente de la República
firmó un decreto fijando el 15 de abril como fecha de inicio de las inscripciones
extraordinarias para la elección de una Constituyente36. Pero muy pronto abandonó esta
idea aduciendo “falta material de tiempo para verificar las inscripciones del electorado,
para instalar enseguida la Constituyente y para que dispusiera del tiempo necesario para
terminar su misión y alcanzar a fijar las reglas de la elección del Congreso y del Presidente”
que debía sucederlo el 23 de diciembre de ese mismo año37.
El único grupo de trabajo que funcionó (conocido como la “comisión chica”) se
dividió en tres corrientes al discutirse las fórmulas propuestas para aprobar la nueva
Constitución: elección de una Asamblea Constituyente mediante sufragio universal;
organización de una Constituyente sobre una base gremial, o ratificación del proyecto
preparado por la comisión mediante un plebiscito38. La exigencia de la Constituyente sobre
base gremial era inaceptable para la clase política y Alessandri puesto que, como sostiene
Salazar, significaba su propio colapso39. Por otra parte, intuyendo que su proyecto de
Constitución presidencialista no sería aprobado en una Asamblea Constituyente (en la que
los partidos tradicionales, muy reticentes a abandonar el sistema parlamentario, tendrían la
mayoría), Alessandri apostó a la vía más expedita convirtiendo a la comisión en la
Constituyente misma y utilizó toda su influencia y poder para vencer las múltiples
resistencias que suscitaba su proyecto constitucional, tanto entre muchos representantes de
la vieja clase política adictos al régimen parlamentario como en el movimiento obrero y
popular partidario de la Constituyente de base gremial. Aunque invocó la falta de tiempo,
su comportamiento estuvo motivado principalmente por la intuición de que en una
Asamblea Constituyente su plan de reforma no prosperaría, como lo confesaría
posteriormente:

“Yo más que nadie me había resignado a abandonar la idea de la
Constituyente por la falta material de tiempo apuntada y, principalmente,
porque tenía la resolución firme e inquebrantable de implantar en nuestro
país la fórmula salvadora. Tenía el convencimiento profundo, como lo he
dicho reiteradas veces que, si llevábamos el asunto a una asamblea, no
saldría jamás de allí el necesario régimen presidencial. Un grupo de hombres
en asamblea, carece de la superioridad moral necesaria para despojarse de
atribuciones  y facultades” 40.

Entre el 18 de abril y el 23 de agosto de 1925, en 33 sesiones a las que asistieron un
promedio de doce personas, la “comisión chica” preparó el proyecto de Constitución
presidencialista que reemplazaría a la Constitución de 1833 (reinterpretada en un sentido
claramente parlamentarista desde 1891). Los debates de este pequeño grupo transformado
en “comisión constituyente” se centraron preferentemente en cómo equilibrar los poderes
Ejecutivo y Legislativo, conforme a la perspectiva liberal. El único “convidado de piedra”
de la “Constituyente chica”, el comunista Manuel Hidalgo, quedó completamente aislado41.
Finalmente, el elemento decisivo que inclinó la balanza, fue, una vez más, el Ejército. A
partir del 23 de julio el general Navarrete apoyó abiertamente las proposiciones de
Alessandri de Constitución presidencialista y plebiscito como fórmula de aprobación42. De
esta manera, el jefe de Estado logró imponer la vía plebiscitaria en vez de la convocatoria a
una Asamblea Constituyente que implicaba un verdadero debate constitucional nacional. La
presión militar en apoyo de esta alternativa, fue –como señala acertadamente el historiador
conservador Gonzalo Vial- el tercer golpe de Estado (después de los de septiembre de 1924
y enero de 1925):

“Así se consumó el tercer golpe de Estado: la imposición militar de que se
llamase a plebiscito inmediato, sin Asamblea Constituyente, la nueva Carta
conteniendo las reformas de Alessandri. Un silencio casi generalizado
recibió el úkase: partidos y prensa (salvo, respecto de la última El Diario
Ilustrado) doblaron la cerviz…, con mayores o menores y más o menos
audibles rezongos, pero la doblaron. Ni siquiera, esta vez, hubo necesidad de
complotar en las sombras, sublevar regimientos y entrar a La Moneda
empuñando pistolas. Indudablemente, el establishment político había
aprendido las “múltiples lecciones objetivas” del 5 de septiembre y el 23 de
enero, de las que hablara Navarrete, la ‘enseñanza práctica’ señalado por
Grove” 43.

El plebiscito fue convocado el 31 de julio para el 30 de agosto. Los ciudadanos
deberían elegir entre tres cédulas de voto: una roja, de aprobación del proyecto de la
mayoría de la “comisión constituyente” armada por el gobierno; una azul, obra de los
disidentes (especialmente radicales, conservadores y comunistas), que conllevaba la
aprobación de una serie de proposiciones destinadas a recortar el poder del Ejecutivo (como
la posibilidad de que el Congreso acusara y destituyera al Presidente); y una blanca, que
importaría “buscar otros procedimientos para restablecer la normalidad institucional del
país”44. Los opositores subrayaron la amenaza implícita de esta última fórmula que
insinuaba, casi sin disimulo, una nueva intervención militar. Igualmente criticaron el
reducido plazo –apenas un mes- para hacer campaña y el hostigamiento y represión
policiales a sus mítines. El proyecto de Constitución impulsado por Alessandri fue
aprobado el 30 de agosto del mismo año por una minoría de electores. Sobre 302.304
inscritos solo votaron 135.783, de los cuales 127.509, o sea, 42,18% de los inscritos y
93,9% de los sufragantes aprobaron el proyecto de Constitución. La alternativa de los
partidos opositores (cédula azul) obtuvo 6.825 votos (2,26% de los inscritos y 5,03 de los
sufragios); la cédula blanca (la incierta búsqueda de “otros procedimientos”) reunió solo
1.449 preferencias (0,48% de los inscritos y 1,07% de los votos)45. La Constitución de 1925
–calificada generalmente como “la más democrática de la historia de Chile”- fue, pues,
aprobada por menos del 50% de los votantes potenciales, pero con el apoyo decisivo de los
militares, que expresaron con sutileza la amenaza de una nueva intervención.
Con algunas reformas, dicho texto constitucional sobrevivió hasta septiembre de
197346, cuando una nueva irrupción de las Fuerzas Armadas –la más violenta y de mayores
consecuencias- la echó por tierra, arrastrando junto con ella al frágil “Estado de
compromiso” que tanto enorgullecía a la clase política y buena parte de la ciudadanía.

Nuevamente el poder constituyente de las armas: la Constitución dictatorial y
neoliberal de 1980

Las condiciones y la forma como fue elaborada y aprobada la Constitución de
Pinochet en 1980 son ampliamente conocidas. Chile vivía los años más duros de la más
dura dictadura militar. Un régimen de terror mantenía al país sometido a la cúpula militar y
empresarial que se encontraba implementando un proyecto de sociedad y economía
neoliberal extremo. La ciudadanía carecía de las condiciones mínimas para debatir y
manifestar libremente sus ideas y preferencias. Miles de opositores habían sido asesinados,
encarcelados, torturados o exiliados. No existía libertad de prensa, derecho de reunión ni de
asociación para los opositores; los registros electorales habían sido quemados por los
militares golpistas; el estado de emergencia regía en todo el territorio nacional y el “receso
político” o prohibición de funcionamiento de los partidos políticos se prolongaba desde el
mismo día del sangriento derrocamiento del Presidente Salvador Allende.

Desde 1973 la dictadura militar, había venido preparando su proyecto constitucional. Pocos días después del golpe de Estado, la Junta Militar de Gobierno había creado una Comisión de Estudio o Comisión Constituyente encabezada por el ex ministro Enrique Ortúzar del derechista ex Presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Durante cinco años este grupo trabajó en un anteproyecto constitucional, siguiendo las orientaciones del gobierno de facto47. En noviembre de 1977 el dictador Pinochet entregó a Ortúzar

instrucciones escritas por su Ministra de Justicia Mónica Madariaga y por Jaime Guzmán,
principal ideólogo del régimen, para que elaborara un proyecto de Constitución de acuerdo
con los planes del gobierno militar. Al cabo de casi un año de trabajo, la Comisión
Constituyente produjo el texto que la Presidencia esperaba, de modo que el 31 de octubre
de 1978 Pinochet pidió formalmente al Consejo de Estado que comenzara a analizarlo. Al
término de ese estudio, el 26 de junio de 1980, doce días antes de la fecha fijada para que el
Consejo de Estado presidido por el ex Presidente Jorge Alessandri entregara oficialmente el
proyecto de nueva Constitución, el gobierno formó un grupo de trabajo encargado de
revisarlo a cuya cabeza quedó la ministra Mónica Madariaga. La ministra y cuatro auditores
militares más algunos invitados ocasionales, realizaron un trabajo sigiloso e intenso dando
lugar a 175 cambios que reflejaron las contradicciones y debates en el seno del bloque
dominante 48.

El texto corregido fue remitido oficialmente el 8 de julio por el Consejo de Estado a
la Junta de Gobierno, luego fue analizado durante algunas semanas por juristas y algunos
miembros del cenáculo en el poder, y el 10 de agosto de 1980 se aprobó la versión final.
Todas las deliberaciones fueron secretas. El 11 de agosto, el gobierno de la dictadura
anunció por cadena nacional de radio y televisión que en un plazo de treinta días se
realizaría un plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución 49.

El debate ciudadano se realizó en las condiciones que imperaban desde 1973 y que
pueden sintetizarse en la vigencia en todo el país del estado de emergencia, el receso
político, el control gubernamental de las publicaciones, un clima de terror generalizado y,
como ha sido señalado por un cientista político norteamericano, “sin alternativas para los
votantes, sin el claro establecimiento de las consecuencias jurídicas de una derrota y, lo más
significativo para la oposición, sin registros electorales y sin supervisión ni recuento
electoral independiente”50. Aunque el gobierno autorizó la realización de un meeting
opositor encabezado por el ex Presidente democratacristiano Eduardo Frei Montalva (que
luego de apoyar el golpe de Estado se había pasado a las filas de la oposición), otras
manifestaciones contrarias al régimen fueron prohibidas y las fuerzas oficialistas pusieron
todos los recursos que les daba su dominio total del aparato de Estado y un amplio control
de los medios de comunicación al servicio de la campaña por la aprobación (el voto “Sí”)
de la nueva Constitución 51.

Los resultados oficiales del plebiscito organizado por la dictadura según el principio
de gobierno interior, esto es, a través de los intendentes, gobernadores y alcaldes
nombrados por el gobierno, fueron los siguientes: votos por el “Sí” a la nueva Constitución,
4.204.879 (67,04%); por el “No” (rechazo), 1.893.420 (30,19%); nulos, 173.569 (2,77%)52.
La oposición denunció todo tipo de fraudes e irregularidades. En el 39,7% de las
mesas controladas por sus voluntarios se detectaron irregularidades, llegando a precisarse
posteriormente que, en al menos nueve provincias (Tocopilla, Chañaral, Linares,
Cauquenes, Huasco, Choapa, Valparaíso, San Antonio y Malleco) había “votado” más del
100% de la población53. Cinco años más tarde, el sociólogo Eduardo Hamuy (“padre” de
las encuestas de opinión en Chile) informó que un equipo de 660 voluntarios había
observado los votos y los recuentos del plebiscito de 1980 en 981 mesas electorales
escogidas al azar en el Gran Santiago (alrededor de 10% de las 10.522 mesas en 170 locales
de votación), registrando cinco tipos de fraudes o irregularidades: recuento erróneo de
votos (contabilización de votos “No” y nulos como blancos o “Sí”, o anulación de votos
“No”); inconsistencias entre el número de votos contados y el número de firmas de votantes
registrados (votantes excesivos o faltantes); recuentos no públicos; personas que votaron
más de una vez; y una categoría de diversas irregularidades. Aunque Hamuy no pudo
cuantificar la magnitud exacta del fraude, estimó que, a partir del 39,7% de las mesas donde
se cometieron irregularidades, era legítimo suponer que sin fraudes electorales el resultado
del plebiscito habría sido contrario al gobierno en el Gran Santiago, concluyendo que
estaba “probabilísticamente justificado dudar de la legitimidad Constitución de 1980 e
incluso negarla” 54.

En un penetrante estudio sobre la génesis, contenidos y efectos de esta Carta
constitucional, el cientista político norteamericano Robert Barros emite un certero juicio
que nos permite concluir este punto: “Tanto en sus orígenes como en su forma de ratificación, la Constitución de 1980 aparece nada más que como una imposición a la fuerza, un acto
coercitivo, que, de acuerdo a los principios del derecho público, era
jurídicamente nulo y vacío. Desde esta perspectiva, su validez no era
diferente que la de cualquier otro decreto ley; la Constitución era de facto; y
su eficacia práctica, una función exclusiva de las relaciones de fuerza que la
sostenían. Al momento de su promulgación, aparecía como un mero
mecanismo de prolongación del régimen militar –y, dada la propensión del
régimen a organizar plebiscitos bajo sus propios términos, esta carta
fundamental parecía presagiar dieciséis años más de régimen militar. El
texto permanente, por ende, era meramente nominal, dado que era ineficaz;
mientras que las disposiciones transitorias, la constitución efectiva, hacían
que la Constitución en sí misma fuera semántica porque solo codificaba el
monopolio del poder existente” 55.

Conclusión
Este rápido recorrido histórico prueba que nunca se ha desarrollado en Chile un
proceso constituyente democrático. Todos los textos constitucionales han sido elaborados y
aprobados por pequeñas minorías, en contextos de ciudadanía restringida (como ocurrió
con algunas variantes en el siglo XIX) o como resultado de imposiciones de la fuerza
armada (como sucedió durante ese mismo siglo e invariablemente en el siglo XX). Las tres
cartas principales (1833, 1925 y 1980) tuvieron como parteras a las Fuerzas Armadas que,
actuando como “garantes” del Estado y del orden social, pusieron sus fusiles y cañones
para inclinar la balanza a favor de determinadas soluciones constitucionales propiciadas por
facciones social y políticamente minoritarias. Los momentos de refundación del Estado y
de la sociedad política en Chile han tenido siempre ese mismo rasgo. Incluso ciertas
coyunturas históricas en las que no se desarrolló un proceso constituyente sino una mera
reinterpretación constitucional –como la lectura parlamentarista de la Constitución
presidencialista de 1833 a partir de 1891- también fueron el fruto de la “crítica de las
armas”. Las evidencias históricas demuestran que las Constituciones chilenas han surgido
de la imposición militar y de maniobras, generalmente combinadas con el uso de la fuerza
armada, de los grupos hegemónicos de las clases dominantes y de la clase política (civil y
militar). Exceptuando algunas tentativas abortadas, como la “Constituyente chica” de 1925,
la ciudadanía ha sido casi siempre un espectador o un actor secundario que, a lo sumo, ha
sido convocado a última hora por los grupos en el poder para respaldar o plebiscitar
proyectos constitucionales preparados sigilosamente, pero nunca para participar
activamente en su generación.
No obstante, en los últimos años se han manifestado síntomas de un progresivo
malestar popular que se relaciona, en una de sus expresiones más propositivas, con la idea
de generar democráticamente una nueva carta constitucional. Las reformas constitucionales
acordadas hacia fines del gobierno de Ricardo Lagos entre las cúpulas partidarias, sin
participación de la ciudadanía, dejaron intactas las bases fundamentales de la Constitución
de 198056. El descontento ha ido in crescendo. Personas de variada condición comenzaron a
organizarse y movilizarse para proponer un proceso constituyente verdaderamente
democrático. El 21 de julio de 2007 se presentó públicamente en Santiago el movimiento
“Ciudadanos por una Asamblea Constituyente”, encabezado por el abogado de Derechos
Humanos Roberto Garretón y el sociólogo Gustavo Ruz. En su Comité de Iniciativa,
figuran personalidades como ex juez Juan Guzmán Tapia, el ex canciller Enrique Silva
Cimma y el ex ministro Jacques Chonchol. Durante algunos años este movimiento organizó
en varias ciudades conferencias, debates y otras iniciativas destinadas a difundir su
propuesta 57.

Su convocatoria fue creciendo sistemáticamente hasta comienzos del año 2010:
numerosas organizaciones sociales, grupos de izquierda extra parlamentaria, personalidades
de distintos ámbitos y un núcleo no despreciable de parlamentarios de la Concertación de
Partidos por la Democracia (o disidentes de dicha coalición), se pronunciaron a favor de
una Asamblea Constituyente. Pero la elección a la Presidencia de la República de Sebastián
Piñera, candidato de la derecha clásica cuya principal base política de apoyo son los
sectores que promovieron y sostuvieron la dictadura de Pinochet, incidió negativamente,
provocando un reflujo de este movimiento. El terremoto de fines de febrero del mismo año
y otros factores contribuyeron durante algunos meses a acentuar el retroceso de los
movimientos populares y con ello de la demanda de Asamblea Constituyente. Pero desde
comienzos de 2011, el poderoso despertar de los movimientos sociales, cuyos hitos más
importantes han sido la protesta y petitorio de la Asamblea Ciudadana de la Región de
Magallanes; la permanencia del movimiento mapuche tras sus reclamaciones de tierras,
libertad para sus presos políticos, reconocimiento de su identidad y autonomía; las protestas
ciudadanas en todo el país contra el mega proyecto Hidroaysén; el gigantesco y persistente
movimiento nacional por la educación pública; los paros y protestas de la ciudad minera de
Calama y la huelga general de los trabajadores del cobre; la combativa protesta de Aysén y
diversos movimientos de protesta local como los de Dichato y Freirina, ha instalado la
demanda por una Asamblea Constituyente con creciente fuerza en variados sectores de la
sociedad chilena. Así, por ejemplo, el movimiento de estudiantes secundarios, ha levantado
junto a sus reivindicaciones sectoriales las exigencias de renacionalización del cobre,
reforma tributaria y convocatoria a una Asamblea Constituyente. Ante el crecimiento de
esta demanda, durante el año 2012 diversas fuerzas y figuras políticas que hasta entonces
habían guardado silencio se vieron obligadas a pronunciarse. La Constituyente se ha
instalado en el debate político nacional. Aunque es claro que estos movimientos ciudadanos y populares aún no tienen la fuerza suficiente para imponerle al establishment político la convocatoria a una Constituyente, es altamente probable que esta demanda siga creciendo en los tiempos que vienen. Si se lograra concretar la aspiración a la elección de una Asamblea Constituyente como resultado de un amplio e informado debate democrático ciudadano, significaría que por primera vez en Chile se empezaría a hacer y escribir otra historia, una historia de
ciudadanía activa y efectiva.

* Publicado primero en Varios Autores, Asamblea Constituyente. Nueva Constitución, Santiago, Editorial Aún
creemos en los Sueños, 2009, págs. 35-58. La actual versión (actualizada) corresponde a su publicación en
Tareas, N°139, Ciudad de Panamá, Panamá, septiembre-diciembre de 2011, págs. 67-94.
**
Doctor en Historia, profesor del Departamento de Ciencias Históricas y Coordinador del Doctorado en
Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Correo electrónico:
sergiogreztoso@gmail.com

Notas

1 Un desarrollo de estos temas en Sergio Grez Toso, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890) Santiago, RIL Editores, 2007, 2ª ed., págs. 233-248.
2 Jaime Eyzaguirre, Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile, Santiago, Editorial
Universitaria, 1992, pág. 63.
3 Ibid., pág. 64.
4 Los textos de los Reglamentos Constitucionales de 1811, 1812 y 1814 están disponibles en Internet en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional: http://www.bcn.cl/ecivica/histcons
5 Eyzaguirre, op. cit., págs. 71 y 72.
6 Ibid., pág. 72.
7 Ibid., pág. 73.
8 Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile (1760-1860). Democracia de los “pueblos”. Militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico, Santiago, Editorial Sudamericana, 2005, págs. 192 y 193.
9 Ibid., pág. 193. Cursivas en el original.
10 Ibid., págs. 209-222.
11 Véase: http://www.bcn.cl/ecivica/histcons; http://www.educarchile.cl/integracion/nuestrosmomentos/NuestrosMomentos_Hitos.asp?periodo=41752&ano=1826
12 Ibid., págs. 322-327.
13 Eyzaguirre, op. cit., pág. 77.
14 Esta última fórmula fue acuñada por el historiador conservador Alberto Edwards en La fronda aristocrática en Chile, Santiago, Imprenta Nacional, 1928.

15 Eyzaguirre, op. cit., págs. 97-100; Fernando Campos Harriet, Historia Constitucional de Chile, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1983, págs. 356-358.
16 Salazar, op. cit., pág. 378.
17 Constitución de la República de Chile jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833, Santiago, Imprenta de la Opinión, 1833. Posteriormente, mediante una ley complementaria se estableció que para gozar de derecho a voto, los ciudadanos debían poseer “una propiedad inmueble de diez mil pesos, o un capital en giro de dos mil”, prohibiendo expresamente que fueran calificados como electores los soldados, cabos y sargentos del ejército permanente y los jornaleros y peones gañanes. Rafael Sotomayor Valdés, Historia de Chile bajo el gobierno del general D. Joaquín Prieto, Santiago, Imprenta y Litografía Esmeralda, 1900, 2ª ed., vol. I, págs. 270 y 271.

18 Campos Harriet, op. cit., págs. 363 y 364. Entre los análisis críticos de la Constitución de 1833 conviene destacar: Julio César Jobet, Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1955, págs. 33-35; Sergio Villalobos R., Portales, una falsificación histórica, Santiago, Editorial Universitaria, 1982, págs. 107-112.
19 Hacia fines de 1858 los liberales intentaron crear opinión pública a favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Para ello fundaron clubs políticos y periódicos en Santiago, Valparaíso, San Felipe, Talca, Concepción, Los Ángeles, La Serena, Caldera y Copiapó. Pero sus esfuerzos fueron anulados por las medidas autoritarias adoptadas por el gobierno de Manuel Montt, que decretó el estado de sitio el 12 de diciembre, cerró los centros opositores y encarceló a las principales figuras del liberalismo. El Club de la Unión de Santiago y el periódico La Asamblea Constituyente fueron los principales blancos de la represión gubernamental. Benjamín Vicuña Mackenna, Isidoro Errázuriz, Ángel Custodio Gallo y los hermanos Manuel Antonio y Guillermo Matta, entre otros, fueron encarcelados y sometidos a proceso por sedición. Poco después los opositores se alzaron en armas, pero al cabo de unos meses de combates su “Revolución Constituyente” fue aplastada por el gobierno. Pedro Pablo Figueroa, La Revolución Constituyente (1858-1859), Santiago, Imprenta Victoria, 1889; Luis Vitale, Interpretación marxista de la historia de Chile, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1973, 2ª ed., tomo III, págs. 249-287; Grez, op. cit., págs. 401-438.
20 Sobre el proyecto populista alessandrista, véase, Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Revolución
proletaria o querida chusma? Socialismo y Alessandrismo en la pugna por la politización pampina (1911- 1932), Santiago, Lom Ediciones, 2001; Sergio Grez Toso, “El escarpado camino hacia la legislación social: debates, contradicciones y encrucijadas en el movimiento obrero y popular (Chile: 1901-1924)”, en Cuadernos de Historia, Santiago, diciembre de 2001, págs. 160-178 y “¿Autonomía o escudo protector? El movimiento obrero y popular y los mecanismos de conciliación y arbitraje (Chile, 1900-1924)”, en Historia, vol. 35, Santiago 2002, págs. 138-149.

21 “La formación del Comité Obrero Nacional”, Justicia, Santiago, 27 de enero de 1925.
22 Salvador Barra Woll, “Nuestros puntos de vista. La Constituyente y sus bases”, Justicia, Santiago, 29 de
enero de 1925.
23 “Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales”, Justicia, Santiago, 8 de marzo de 1925.
24 “El nuevo gobierno del país. Las bases del próximo Congreso Constituyente de Asalariados e
Intelectuales”, Justicia, Santiago, 1 de febrero de 1925.
25 Ibid. La pretensión del Partido Comunista de asegurar una cuota de cuatro representantes de sus filas en la “Constituyente chica”, fue rechazada por la mayoría de los integrantes del Comité Obrero Nacional que
adujeron que dicho partido ya estaba representado a través de los delegados de la Federación Obrera de Chile. Esta decisión motivó el retiro del representante comunista del Comité Obrero Nacional y la acusación en contra de ese organismo de dar espacio a “elementos de partidos burgueses”. “Las actividades obreras
alrededor del movimiento militar”, Justicia, Santiago, 5 de febrero de 1925; “Actividades del Comité
Ejecutivo Nacional”, Justicia, Santiago, 9 de febrero de 1925.

26 “La delegación del Comité Obrero Nacional”, Justicia, Santiago, 16 de febrero de 1925; “Lota. Ecos de la jira hecha por el Comité Nacional Obrero”, Justicia, Santiago, 21 de febrero de 1925. En algunas provincias como, por ejemplo, en Llanquihue, se efectuaron convenciones regionales pro Asamblea Constituyente. “La Gran asamblea de anoche de obreros e intelectuales. Se forma el Comité Obrero Rejional”, La Jornada Comunista, Valdivia, 13 de febrero de 1925; “La Convención regional de Llanquihue pro-Asamblea Constituyente”, La Jornada Comunista, Valdivia, 19 de febrero de 1925.

27 Rossel había sido nombrado por la Junta de Gobierno militar como miembro oficial de la comisión de
festejos en honor al Presidente Alessandri con motivo de su retorno al país. “Asamblea Constituyente de
obreros e intelectuales”, Justicia, Santiago, 10 de marzo de 1925.
28 Ibid.; “Asamblea Constituyente de obreros e intelectuales”, Justicia, Santiago, 12 de marzo de 1925; “El
grandioso triunfo del Comunismo en la Asamblea Obrera e Intelectual” y “El Congreso Constituyente de
Obreros e Intelectuales pone fin a sus labores el Miércoles en la noche”, Justicia, 13 de marzo de 1925;
Carlos Contreras Labarca, “Una polémica que debe terminar”, Justicia, Santiago, 17 de marzo de 1925; “La opinión de ‘El Mercurio’ sobre la actuación que cupo a los trabajadores”, Justicia, Santiago, 18 de marzo de 1925. “¡Alerta comunista!”, Justicia, Santiago, 28 de marzo de 1925.
29 “Principios constitucionales de la República de Chile. Aprobados por la Asamblea de obreros e
Intelectuales”, Justicia, Santiago, 14 de marzo de 1925; “Principios porque debe luchar el proletariado en las
elecciones para la Constituyente. Aprobados en el Congreso de Asalariados e Intelectuales celebrado en
Santiago el 8 de marzo de 1925”, La Jornada Comunista, Valdivia, 4 de junio de 1925.
30 Manuel A. Silva R., “El Congreso de asalariados y los debates doctrinarios. La Cámara gremial a base
gremial”, Justicia, Santiago, 22 de marzo de 1925.
31 Gabriel Salazar V., “Movimiento social y construcción de Estado: la Asamblea Constituyente popular de
1925”, Documentos de Trabajo, Nº133, Centro de Estudios Sociales y Educación SUR, Santiago, noviembre de 1992, pág. 15.

32 Arturo Alessandri Palma, Recuerdos de gobierno, Santiago, Editorial Nascimento, 1967, tomo II, págs.
167-163; Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973), Santiago, Empresa Editora Zig-Zag S.A., 2001, vol. III, págs. 536 y 537. Es importante destacar que casi todos los dirigentes sociales militaban en algún partido político: Carlos Contreras Labarca, Víctor L. Cruz y Manuel Hidalgo eran destacados líderes del Partido Comunista; Fernando García Oldini y Onofre Avendaño eran dirigentes del Partido Democrático.
33 Alessandri, op. cit., pág. 173.
34 Vial, op. cit., vol. III, pág., 537.
35 El Presidente Alessandri y su gobierno, Santiago, Imprenta Guttenberg, 1926, pág. 351.
36 “Sobre la Constituyente”, Justicia, Santiago, 30 de marzo de 1925.
37 Alessandri, op. cit., tomo II, pág. 173. Sobre las razones que motivaron el cambio de posición de Alessandri respecto de la forma cómo debía gestarse la nueva Constitución, véase también, Vial, op. cit., vol. III, págs. 532-536.
38 Alessandri, op. cit., tomo II, págs. 177 y 178. En realidad, el único miembro de la “Constituyente chica”
que participó en la única comisión gubernamental que funcionó, fue el comunista Manuel Hidalgo. Ignoramos
si el demócrata Nolasco Cárdenas, que también fue invitado a formar parte de ella, había participado en la
Asamblea de Asalariados e Intelectuales.
39 Salazar, “Movimiento social…”, op. cit., pág. 15. Sobre la “Cámara funcional” como alternativa a las
“Cámaras políticas”, véase Manuel A. Silva R., “El Congreso de los Asalariados y los debates doctrinarios.
La Cámara funcional a base gremial”, Justicia, Santiago, 22 de marzo de 1925.
40 Alessandri, op. cit., tomo II, pág. 229.
41 Felipe Portales, Los mitos de la democracia chilena, vol. II. Desde 1925 a 1938, Santiago,
Catalonia, 2010, 34-39, Alessandri, op. cit., tomo II, págs. 189-242.
42 Portales, Ibid.; Vial, op. cit., vol. III, págs. 539-546; Alessandri, op. cit., tomo II, págs. 228 y 229.
43 Vial, op. cit., tomo III, pág. 546. Las cursivas corresponden a destacados o cursivas en el original.
44 Alessandri, op. cit., tomo II, págs. 235 y 236.
45 Vial, op. cit., tomo III, pág. 548.
46 El texto íntegro de la Constitución de 1925, con indicación de las reformas que sufrió posteriormente se
encuentra en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=131386
47 Al cabo de algunos años, los únicos elementos que no eran totalmente dóciles al gobierno dejaron de
integrar esta comisión: Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans abandonaron la comisión, molestos por la
lentitud de su trabajo y por su oposición al decreto ley de disolución de los partidos políticos; más tarde, Jorge Ovalle fue separado del grupo al ser objetado por Pinochet por su cercanía con el general Leigh, y en 1979
falleció el ex rector de la Universidad de Chile Juvenal Hernández. Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda, La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época 1973-1988, Santiago, Editorial Randomhouse-Mondadori, Mitos Bolsillo, 2004, 2ª ed., págs. 425- 427.
48 Op. cit., págs. 426-441. Poco tiempo después, Jorge Alessandri, profundamente irritado porque sus
propuestas de relativa liberalización del régimen no fueron tomadas en cuenta, renunció a su cargo de
Presidente del Consejo de Estado, pero no manifestó públicamente su malestar y no se atrevió a “cruzar el
Rubicón” que lo hubiera llevado a formar parte de la oposición moderada, como se lo sugerían algunos
dirigentes democratacristianos. Cavallo, Salazar y Sepúlveda, op. cit., págs. 442, 443, 447 y 448.
49 Op. cit., págs. 440 y 441.
50 Robert Barros, La junta militar, Pinochet y la Constitución de 1980, Santiago, Editorial Sudamericana,
2005, págs. 411 y 412.
51 Cavallo, Salazar y Sepúlveda, op. cit., págs. 444- 456.
52 Ibid., pág. 455.
53 Ibid., págs. 456, 457 y 852.
54 Citado en Barros, op. cit., pág. 255. Las cursivas son nuestras.
55 Ramos, op. cit., pág. 212.
56 El “texto refundido, coordinado y sistematizado” de la Constitución de 1980, que lleva la firma de Ricardo Lagos y sus ministros con fecha 17 de septiembre de 2005, se encuentra disponible en:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
57 Informaciones sobre este movimiento en: http://chilenosconstituyente.blogspot.com

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alessandri Palma, Arturo, Recuerdos de gobierno, Santiago, Editorial Nascimento, 1967,
tomo II.
Barros, Robert, La junta militar, Pinochet y la Constitución de 1980, Santiago, Editorial
Sudamericana, 2005.
Campos Harriet, Fernando, Historia Constitucional de Chile, Santiago, Editorial Jurídica
de Chile, 1983.
Cavallo, Ascanio, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda, La historia oculta del régimen
militar. Memoria de una época 1973-1988, Santiago, Editorial Randomhouse-Mondadori,
Mitos Bolsillo, 2004, 2ª ed.
Constitución de la República de Chile jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833,
Santiago, Imprenta de la Opinión, 1833.
Constitución Política de la República de Chile [1925]:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=131386
Edwards, Alberto, La fronda aristocrática en Chile, Santiago, Imprenta Nacional, 1928.
El Presidente Alessandri y su gobierno, Santiago, Imprenta Guttenberg, 1926.
Eyzaguirre, Jaime, Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile, Santiago,
Editorial Universitaria, 1992.
Figueroa, Pedro Pablo, La Revolución Constituyente (1858-1859), Santiago, Imprenta
Victoria, 1889.
Grez Toso, Sergio, “El escarpado camino hacia la legislación social: debates,
contradicciones y encrucijadas en el movimiento obrero y popular (Chile: 1901-1924)”, en
Cuadernos de Historia, Santiago, diciembre de 2001, págs. 119-182.
Grez Toso, Sergio, “¿Autonomía o escudo protector? El movimiento obrero y popular y los
mecanismos de conciliación y arbitraje (Chile, 1900-1924)”, en Historia, vol. 35, Santiago
2002, págs. 91-150.
Grez Toso, Sergio, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y
evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890) Santiago, RIL Editores,
2007, 2ª ed.
Jobet, Julio César, Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile, Santiago,
Editorial Universitaria, 1955.
Pinto, Julio y Verónica Valdivia, ¿Revolución proletaria o querida chusma? Socialismo
y Alessandrismo en la pugna por la politización pampina (1911-1932), Santiago, Lom
Ediciones, 2001
Portales, Felipe, Los mitos de la democracia chilena, vol. II. Desde 1925 a 1938, Santiago,
Catalonia, 2010.
Salazar V., Gabriel, “Movimiento social y construcción de Estado: la Asamblea
Constituyente popular de 1925”, Documentos de Trabajo, Nº133, Centro de Estudios
Sociales y Educación SUR, Santiago, noviembre de 1992.
Salazar, Gabriel, Construcción de Estado en Chile (1760-1860). Democracia de los
“pueblos”. Militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico, Santiago, Editorial
Sudamericana, 2005.
Sotomayor Valdés, Rafael, Historia de Chile bajo el gobierno del general D. Joaquín
Prieto, Santiago, Imprenta y Litografía Esmeralda, 1900, 2ª ed., 2 vols.
Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de Chile [2005]:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
Vial, Gonzalo, Historia de Chile (1891-1973), Santiago, Empresa Editora Zig-Zag S.A.,
2001, vol. III.
Villalobos R., Sergio, Portales, una falsificación histórica, Santiago, Editorial
Universitaria, 1982.
Vitale, Luis, Interpretación marxista de la historia de Chile, Santiago, Prensa
Latinoamericana, 1973, 2ª ed., tomo III.