Democratización-Integración FFAA Chilenas.

Democratización-Integración FFAA Chilenas.

Reflexión y Propuesta de la Marinería Constitucionalista y Antigolpista.

Febrero 2015.

Somos los suboficiales y clase antigolpistas de la Armada que nos organizamos y denunciamos los planes golpistas de la oficialidad de la Armada que el año 1973 usaron la institución para sus propios intereses políticos.

Somos parte de la resistencia al olvido en especial de los repudiables hechos de la sistemática violación de los derechos humanos en este país. Nos declaramos en rebeldía a dejar que los años transcurran con el slogan “el tiempo todo lo sana”. Estamos aquí suscribiendo en un momento histórico de transformaciones y procesos de profundización de la democracia para que el tema del rol de las FFAA sea parte de la discusión a nivel país.

El actual modelo de FFAA ha representado por décadas limitaciones con relación a los cambios históricos que las mayorías sociales han emprendido. Hoy algunas de ellas han sido colocadas en la agenda del gobierno actual, gracias a los estudiantes, movimientos sociales y un gran número de ciudadanos.

Como parte del movimiento social y ciudadano, percibimos que la democracia en este país está lo suficientemente madura como para ser capaces de transformar el rol de las FFAA, no podemos seguir observando y constatando que nuestras FFAA sean el brazo armado de un sector político del país, se requiere que se transforme en un brazo cooperador y en definitiva integrado a un proyecto país. Postulamos por unas fuerzas armadas que sean parte integral del Estado y de la sociedad democrática y que su existencia sea para que garanticen un ambiente seguro que nos permita disfrutar de nuestros derechos inalienables y de las libertades que nos corresponden como seres humanos. Razón importante es lo que está relacionado con el “Nunca más”, que asociamos cada vez que iniciamos una acción en contra de los que a contar de Septiembre del año 1973 violentaron este país con relación a los DDHH.

La única posibilidad de éxito de un nunca más, es hacer los cambios que sean necesarios a nivel constitucional con los instrumentos que nos permitan asegurar una proyección distinta a la que hasta hoy tenemos.

El tema es complejo, pero importante. Nuestra sociedad conoce poco sobre las instituciones armadas y su cultura militar. En esa situación de desconocimiento se acentúa la complejidad del tema. Empezaron a aparecer estudios, seguramente porque caló muy hondo el hecho de constatar que a partir de Septiembre del año 1973, las FFAA arremetieron en forma salvaje contra un pueblo desarmado y contra un gobierno que confiaba en ellas. De los estudios académicos y escritos se aprecian dos tendencias, una en el trabajo de orientación sociológica y otra de las ciencias políticas que buscan un entendimiento global del comportamiento que han tenido las fuerzas armadas como instituciones frente a otros sectores del estado y frente a la sociedad civil a través de su historia contemporánea. Según los expertos para captar la cultura militar como experiencia vivida, requiere de una investigación antropológica que hoy es difícil realizar. Se propone que lo humanístico-literario, como disciplina, podría remediar la carencia de estudios sobre lo militar, porque se apropian de cualquier problemática y la capacidad argumentativa de la población crece. Sería la forma cercana a lo ideal que desde la secundaria los alumnos pudieran conocer su real protagonismo.

Allí tendrían la oportunidad de entender que en buena parte de su desarrollo institucional han sido utilizadas por las clases dominantes en la represión a los movimientos sociales.

Aporta mucho a este tema el hecho que universidades, facultades u organizaciones sociales realicen seminarios o desarrollen estudios al respecto. Como el publicado por el diario El Mercurio el 11 de mayo del 2008. Allí se muestra como La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flacso quiso comparar la percepción de la ciudadanía al comienzo de la transición y posterior a la muerte del general Pinochet. Una mirada sociológica apoyada en datos estadísticos y análisis comparado en dos encuestas realizadas una en 1991 y la otra en el 2007, en primer término buscaba contribuir a visualizar tendencias predominantes en la sociedad chilena con relación a los militares, sugerir algunas recomendaciones pertinentes para un diseño de política pública sobre el tema. Lo otro era, contribuir a consolidar una nueva forma democrática de legitimación de las fuerzas armadas para una constructiva interacción civil-militar. Entre sus conclusiones, informa que la sociedad mayoritariamente el 72% en el 2007 responde que el compromiso democrático de las FFAA es muy bajo, es decir las perciben y las identifican como limitadores de la democracia, y colaboración con el gobierno.

En cuanto a las recomendaciones, que son varias, destacan:

1° Visibilizar el Compromiso Democrático.

2° Promover una Política Activa en materia de DDHH.

3° Vincular la Defensa al desarrollo del país.

Si el estudio del diario El Mercurio, hubiera sido a los 40 años del golpe, este habría entregado datos más duros en relación a las fuerzas armadas.

Lo anterior evidencia que la percepción de la ciudadanía sobre nuestras fuerzas armadas, no es buena, pero, además se advierte que las relaciones civiles-militares no son lo que debieran ser en un estado democrático. Las FFAA actuales, por décadas, solo han servido para mantenerse en una orfandad relativa, es decir, preocupadas solo de conceptos de jerarquización, disciplina y lo apolítico, sin olvidar la parte económica, reajustes salariales sobre la media de los empleados públicos y el incremento de sus arsenales. Sin darle importancia a lo que tiene relación con el verdadero rol de ellas en una sociedad democrática, ni tampoco a las formas ni a los contenidos específicos de su integración con el resto de las instituciones del país. La situación de fracaso de relaciones entre lo civil y militar, fue aprovechada en su momento por EEUU, para realizar una labor de penetración y adoctrinamiento impulsada por el Pentágono y el aparato armado del gobierno de EEUU. A partir de ese momento las fuerzas armadas chilenas acogieron como suya la doctrina de seguridad nacional y en esas condiciones reforzaron las tendencias anti socialistas ya antiguas en la oficialidad y que fueron las condicionantes importantes en la instauración a sangre y fuego de la Dictadura Militar en 1973.

La displicencia de algunos mandatarios en el pasado es parte del costo histórico que pagamos, cuando despreocupamos nuestras relaciones cívico-militares, hoy tenemos la posibilidad de cambiarlas e intentar legitimar una relación cívico-militar no solo distinta, sino, ser capaz de democratizarlas.

Este tipo de problemas de relaciones entre el poder civil y militar en la mayoría de los países desarrollados, desde hace años, han sido solucionados y han adoptado como política de estado, defender sus democracias en forma más efectiva y desarrollando una doctrina orgánica con un contenido distinto a la que caracteriza a sus ciudadanos como “enemigos internos”. A la vez se preocupan de los “ciudadanos con uniforme” que son los miembros de sus fuerzas armadas implementando todo lo que sea necesario para protegerlos y que se sientan y se reconozcan como parte integral de las diferentes áreas de su sociedad, en esto juega un papel fundamental el desarrollo de los derechos humanos a su interior. Por lo demás se les permite y existen asociaciones de uniformados en Europa y otro continentes y ellos como parte de la cultura militar no tienen escollos semánticos y hablan abiertamente de los Comités, como el Comité Asesor de Defensa de la Mujer en servicio activo, o del Centro para el control democrático de las FFAA en Ginebra o por último de la Organización Europea de Asociaciones Militares.

En nuestro país el rol de los gobiernos ha sido de condescendencia extrema, han ayudado a que los militares se sientan con derechos extraordinarios. En 1970 se dio el caso en que la directiva de la Democracia Cristiana presento un estatuto de garantías constitucionales con el objeto de que Salvador Allende se comprometiera a cumplir los puntos que allí estaban enumerados, esto se hizo público el 24 de septiembre de 1970. Solo si, la exigencia se aceptaba los parlamentarios DC votarían a favor de Allende en el congreso. Este condicionamiento a quien había obtenido la primera mayoría electoral, contenía un punto fundamental, de grave trascendencia para el futuro del país; el concepto de autonomía de las fuerzas armadas, no contemplado ni siquiera en la Constitución de 1833 y menos vigente en la Constitución de 1925 que regia en los años 70. Concretamente el punto por su contenido desconocía las atribuciones constitucionales del Presidente de la República, en su carácter de máxima autoridad, para intervenir en la designación de los altos mandos y reemplazar a cualquier general o cuerpo militar que no reconociera la obediencia al Presidente de la República, se presento luego como reforma constitucional, aprobada en el Congreso el 22 de octubre de 1970.

La creencia generalizada de que la autonomía de las fuerzas armadas, fue sancionada recién por la constitución de 1980 no es tal. Las fuentes documentales, muestra de manera inequívoca que su origen se remonta a la reforma constitucional del 22 de octubre de 1970. Allí quedo establecido que las fuerzas armadas serán garantía de “nuestra convivencia democrática”, atribución que excedía la función tradicional de garantizar y defender la Integridad Territorial y la Seguridad Nacional ante cualquier amenaza exterior. Nuevamente debemos decir que los costos de esta reforma constitucional han sido por lo menos muy desafortunados y por otra, a las elites militares les vino como anillo al dedo para sus planes golpistas.

En ese contexto social y político, desarrollamos y protagonizamos nuestra iniciativa política de denunciar y posteriormente organizarnos para neutralizar a los golpistas, debíamos evitar el derrocamiento de un gobierno legalmente constituido.

Nuestra denuncia apuntaba directamente a los mandos de la Armada que preparaban un plan de exterminio en contra de los trabajadores, pueblo en general , la izquierda chilena y todas las autoridades del gobierno; insistimos que la oficialidad era golpista y que estaba por derrocar y utilizar todo su poder de fuego para cumplir su objetivo. Fuimos detenidos, torturados, pero aún nos quedaban fuerzas y desde la cárcel de marinos, el Cuartel Silva Palma enviamos una carta pública al Presidente para decir por escrito lo que había sucedido con nosotros, era nuestra última oportunidad de decirle al Presidente que lo que había planteado con relación a nosotros era una equivocación y que las FFAA no era constitucionalistas ni leales. Históricamente queda claro que alguien estaba equivocado en sus análisis con relación a las fuerzas armadas, por desgracia éramos nosotros los que teníamos la razón. Posteriormente y en el fatídico 11 de septiembre de 1973, cuando el Presidente Allende envió su último mensaje desde la Moneda, en una de sus partes reconoce y caracteriza a los mandos de las FFAA como traidores y rastreros, obvio eran los juramentados.

Lo anterior desnuda buena parte de los mitos que a esa fecha se tenían de las FFAA. Las autoridades y no solo ellas, todos se permitían asegurar que eran legalistas y leales. Mencionamos lo anterior no con un afán protagónico sino porque nuestro comportamiento propicia el análisis de la relación entre la legalidad y disciplina militar. La oficialidad golpista reivindica la verticalidad del mando, eso implica que un marino o soldado debe obedecer siempre a sus superiores y que es responsable de sus actos. Nosotros postulamos la preeminencia de la ley sobre las órdenes, y el derecho a incumplirlas cuando violan la ley o los derechos humanos, y todos son responsables. Lo paradojal fue que en la práctica la oficialidad golpista nos acuso de “sediciosos”. Mientras esto no cambie, nadie puede garantizarnos que los hechos del 11 de septiembre 1973 no se repitan.

La falta de garantías se aprecia con su soberbia pública de no reconocer sus crímenes en el periodo de la dictadura, el de cambiar las responsabilidades institucionales por responsabilidades personales, se autodenominan familia militar, realizan todo tipo de acciones para legitimar su actitud como válida, entre ellas levantar estatuas a los promotores del Golpe Militar. Sus opiniones son sobre los temas más diversos, muchos de los cuales caen derechamente en el terreno de la política, mientras las autoridades estiman que todo está en el plano de la normalidad.

En este plano de normalidad, los gobernantes de nuestro país también han colaborado a potenciar y a legitimar lo anterior, cuando y en la gran mayoría de las veces hacen vista gorda a sucesos que comprometen al alto mando de nuestras FFAA, en situaciones atentatorias contra los derechos y la dignidad de la ciudadanía, como es por cierto, cuando aparecen oficiales de uniforme en eventos que son cuestionados por la ciudadanía o efectuando declaraciones reñidas con la convivencia democrática o cuando uno recuerda los sucesos de Antuco. Desconcierta el hecho que nadie informa o cuestiona que se instale una sucursal de la Escuela de las Américas en el Fuerte Aguayo ubicado en Con Con, donde se adiestra personal destinado a fuerzas antidisturbios, contramedidas y otras instrucciones orientadas a utilizarlas en contra de los movimientos ciudadanos, sociales y estudiantiles que luchan por sus intereses, que no son precisamente de la conveniencia de las elites gobernantes. Lo decíamos antes, no hay información debida y tampoco se conocen reacciones públicas de parlamentarios, este tipo de complicidad no es buena para la democracia de hoy ni del mañana.

Nosotros, siendo parte del movimiento social de este país, queremos propiciar una actitud distinta, seguramente aún hay quienes se preguntan si actuamos correctamente o que hubiera ocurrido si hubiéramos logrado nuestro objetivo de neutralizar a los golpistas. No se puede reescribir la historia, pero ello no implica sepultarla en el olvido, menos olvidar el carácter antihumanitario de los militares golpistas que deja un saldo de cientos de ejecutados, desaparecidos, torturados, mujeres violadas, quemadas, adolecentes y niños huérfanos, asesinados, un escenario que por muchas décadas estará en nuestras retinas y en la memoria de muchos. Tampoco olvidar las circunstancias en que fueron asesinados los constitucionalistas como los generales Schneider y Prats o el edecán del Presidente Allende Comandante Araya, esto último al propio estilo del periodo de nuestra independencia. Nuestra memoria tiene un espacio especial para los nuestros que decidieron quedarse en este país luchando por su democracia y que fueron asesinados cobardemente por los aparatos represivos. A nuestras familias, en ese peregrinar a la cárcel sobreponiéndose a las humillaciones que les infringieron quienes nos estaban custodiando.

No ser expertos en el tema no nos limita poner a disposición nuestras vivencias por años al interior de una de las instituciones de las FFAA. Fuimos actores privilegiados y tenemos algo que decir al respecto. Estamos convencidos que dentro de los marcos legales que se establezcan con una nueva constitución eso será posible. La que tenemos hoy como tal es ilegitima desde su origen, por quienes la idearon, la forma en que la impusieron y por su contenido. Necesitamos de una nueva y moderna con sabor a ciudadanía, con los instrumentos que garanticen los derechos de todos y para todos los chilenos. Junto con ello e independientemente de que el modelo para obtenerla sea una Asamblea Constituyente u otro mecanismo, como parte de la ciudadanía nos preocupa el hecho de que a la fecha se ha ido soslayando el tema de las fuerzas armadas. Esperamos que el tema sea considerado en los cambios estructurales del país. Somos democráticos y en esencia optimistas, queremos nuevas generaciones de oficiales con una formación distinta a lo que ha sido a la fecha, necesitamos que la tropa no quede aislada por el famoso verticalismo ante eventuales golpes de estado u otros delitos, es el tipo de fuerzas armadas que quisiéramos legitimar. El garante de la institucionalidad y del orden es el pueblo.

A continuación presentamos varios puntos apoyados en nuestra experiencia y en la convicción de que son necesarias para no dejar espacios a quienes pretendan repetir lo que aconteció en los años 70. Son reformas desde nuestra visión para una fuerzas armadas más integradas a la democracia y más confiables, que debieran quedar como expresión en el marco de una nueva Constitución para nuestra República.

Nuestra propuesta para democratizar las FFAA:

Escuela Matriz Única por Rama de las FFAA

Una escuela que entregue una formación militar integral, asociada y relacionada con la defensa de nuestras riquezas naturales, sobre todo la protección de las personas. Que en sus programas de estudios incluya la Educación Cívica. Los Derechos Humanos y el Medio Ambiente.

Que su docencia sea constituida por profesores universitarios cuya competencia e idoneidad asegure una enseñanza que promueva la democracia y el humanismo a sus alumnos.

Gratuidad de admisión y enseñanza para sus alumnas y alumnos.

Escalafón Único por Rama de las FFAA.

Establecer un examen de admisión común para ingresar a la Escuela Matriz Única para cada una de las ramas de las FFAA, desde donde, en base a una evaluación objetiva, profesional, meritos y capacidades se obtenga el cuadro permanente de oficiales y de suboficiales.

Subordinación del Poder Militar al Poder Civil.

Subordinación total de las FFAA a la autoridad civil democráticamente elegida en las urnas.

Prerrogativa Presidencial en su carácter de máxima autoridad, para intervenir en la designación de los altos mandos y reemplazar a cualquier general o cuerpo militar que no reconozca la obediencia al Presidente de la República.

Las políticas militares, como la planificación estratégica y la identificación de las amenazas, no pueden ser formuladas únicamente por los altos mandos, sino por la ciudadanía, a través de sus representantes naturales elegidos democráticamente como son el Ejecutivo y el Parlamento, especialmente en lo que tiene relación con una nueva Ley Orgánica Constitucional de las FFAA

La ley emanada de la Carta Magna tiene preeminencia sobre la orden superior. La desobediencia a órdenes ilegales debe ser un deber militar y en consecuencia obligado en los casos de represión antidemocrática. Se deben tener los instrumentos necesarios que aseguren e identifiquen la depuración de responsabilidades y ejerzan las medidas tendientes a erradicar las órdenes ilegales, independiente de la cadena de mando.

Restablecer la norma que todo ascenso a grados que impliquen el mando de una unidad militar de cierta importancia (cuartel, buque, bandada…), sea en última instancia decidido por la Cámara de Diputados por una mayoría especial. En la Constitución de 1925 era el Senado. Una forma de control ciudadano cívico de los curriculum de los candidatos a ascensos y a puestos de mando.

Derechos Civiles de los miembros de los institutos armados.

Los miembros de las instituciones armadas son ciudadanos, con derechos civiles. Ningún reglamento puede negarles sus Derechos Constitucionales garantizados a todo ciudadano, de asociación, reunión, sindicalización, proseguir estudios superiores. Estamos por defender el derecho a la libre expresión de sus miembros, siempre que no se ponga en riesgo la ejecución de sus misiones operativas legalmente emprendidas.

Derecho a los militares a participar en las reflexiones que atañen a las FFAA, fundamentalmente las que son requeridas por las autoridades para opinar sobre reformas de las propias FFAA, o con relación a sus remuneraciones. Sobre la participación de las FFAA en tareas de desarrollo. Es evidente que el aporte será más completo, que cuando se pide solo la opinión del mando, porque reflejara la visión de mujeres y hombres que participan en las tareas de defensa.

Legitimar como un derecho, la deliberación interna de todos los miembros de las FFAA, sería un aporte al “Nunca Más”, en definitiva se debiera considerar atenta y detenidamente el pro y los contras de los motivos de una decisión, antes de adoptarla. La deliberación y la comunicación fluida dentro de cánones de respeto impedirían hechos que han sido fatales para los intereses de nuestra República.

Las asociaciones de los miembros de las FFAA deben contar con capacidad reconocida y efectiva de defensa de los intereses profesionales de sus miembros por las Instituciones Armadas. Los valores democráticos deben ser asumidos como cauce de expresión de la soberanía popular.

Participación íntegra de los miembros de las FFAA en servicio activo en las organizaciones sociales (clubes deportivos y sociales, juntas de vecinos, juntas de vigilancia, etc.

Como todo ciudadano, los militares son libres de practicar la religión que deseen, pero fuera del lugar de trabajo.

Situación Jurídica, Social y Memoria

Se hace necesario revisar y actualizar el Código de Justicia Militar de acuerdo a los requerimientos del siglo XXI, para sacar todos los delitos que no sean específicamente militares, cometidos por sus miembros. El sistema procesal militar debe encuadrarse en un sistema único de justicia y garantizarse la independencia del tribunal, salvo en los casos de guerra. El Reglamento Interno debe reactualizarse para definir con claridad y precisión lo que constituye el concepto de disciplina y de allí considerar y establecer lo ilícito, tanto como limitaciones a los derechos civiles de los miembros de nuestras FFAA.

Abolir toda medida discriminatoria al interior de las FFAA, todo aquello que promueva la exclusión de sus miembros. Trato igualitario sin importar rango o genero, esto no contraviene el principio de jerarquía ni disciplinario.

Legalizar el nombre “FFAA de Chile”. Para terminar con el concepto de “Familia Naval”, Militar o Aérea, este concepto engañoso desliga a las instituciones armadas del resto de la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas son y representan a todas y todos los chilenos, no son representantes solo de algunas familias chilenas.

Degradación inmediata y pérdida de beneficios de sueldos para todos aquellos militares que hayan violado los Derechos Humanos o cometido crímenes de Lesa Humanidad u otro crimen que envuelva presidio perpetuo.

Suprimir y cambiar insultos a la memoria, monumentos, actos, nombre de calles, reparticiones, buques o cualquier recinto público o militar, que involucre tanto a civiles como a miembros de la oficialidad que hayan violado la convivencia armónica entre FFAA y civilidad. Fundamentalmente a los violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad.

Regular el acceso a los archivos. Como todo servicio público, los archivos de las instituciones armadas deben ser fácilmente accesibles a la ciudadanía, especialmente a los investigadores, después de un plazo prudente. Nada justifica documentos ocultos.

Iglesia y Estado

Acatar la separación entre la Iglesia y el Estado, vigente en Chile desde 1925. Nada justifica “consagrar” las instituciones armadas, que son instituciones públicas, a divinidad alguna, ni mucho menos financiar un clero especial, con el agravante que aquel clero ha ostentado posiciones golpistas.

Rol Social de la FFAA

Utilizar sus recursos en tareas de desarrollo. Los recursos considerables que la nación entrega a las fuerzas armadas, materiales e intelectuales, podrían ser utilizados en tareas de desarrollo del país.

Incorporación sistemática a las tareas productivas de la sociedad (abastecimiento y provisión de servicios a zonas remotas del país; trabajos voluntarios en zonas rurales y urbanas, etc.)

Incorporación a la defensa de nuestros recursos naturales, patrimonios de la humanidad, incluidos la documentación, el arte, la cultura, la protección de las personas y la vida humana. Protección del medio ambiente, los recursos hídricos, glaciares, humedales.

Víctor López Z. Ricardo Tobar T.

Presidente. Secretario.

Guillermo Castillo E. Bernardo Flores V.

Secretario de Finanzas. Secretario de Actas.

Mariano Ramírez R. Luis Jorquera S.

Comisión Memoria Histórica Comisión Memoria Histórica

Pedro Blaset C.

Comisión Jurídica